AÚN HAY OTRAS 3 PERSONAS QUE SIGUEN DESVINCULADAS

Gobierno Regional dio pie atrás en uno de los despidos a contrata

La Asociación de Funcionarios del GORE de Coquimbo se reunirá este miércoles, para analizar las estrategias a seguir con el fin de apoyar a los funcionarios que aún figuran como despedidos y además tratarán la notificación de censura que recibió la directiva de dicho gremio.
martes 13 de diciembre de 2022

A las 17:20 de la tarde de este lunes, el secretario de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional (GORE) de Coquimbo, Gonzalo Campos, le hizo llegar un correo a los trabajadores asociados al gremio, informándoles que tras dos reuniones sostenidas entre la presidenta de dicha asociación, Beatriz Hidalgo y la Gobernadora Regional de Coquimbo, Krist Naranjo, se dejaba sin efecto la no prórroga de la contrata de la funcionaria Joceline Ibacache, quien fuera la única mujer que formaba parte de las 4 desvinculaciones informadas en los pasados días.

Previo a esto, un grupo de integrantes de la Asociación de Funcionarios del GORE, decidió auto convocar a una asamblea para este miércoles 14 de diciembre con el fin de definir las directrices de acción para apoyar a las personas despedidas y también para tratar la notificación de censura a todo el directorio de dicho gremio.

Respecto a esto, la tesorera de la Asociación de Funcionarios del GORE de Coquimbo, Náyade Aguirre, -y presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (FENAGORE)-, explicó que aunque los 4 casos son distintos, tienen en común que “las causales que se establecieron para justificar sus desvinculaciones, son argumentos que probablemente serán desechados por los Tribunales y la Contraloría, ya que faltan a la verdad y a las obligaciones administrativas de la jefatura”. 

Sumado a esto, la dirigente puntualizó que los 3 funcionarios a contrata que fueron notificados por no renovación de contrata, -en los que se incluyen Joselin Ibacache y Eduardo Torres, el conductor que denunció malas prácticas y maltrato por parte de la gobernadora Krist Naranjo-, tienen confianza legítima y fueron calificados con la máxima nota por sus jefaturas directas en el período que culminó en septiembre.

“La Gobernadora tiene plazo hasta fin de año para reconsiderar estos despidos arbitrarios, por lo que esperamos que tome una decisión similar a la que tomó hoy, por el bienestar de nuestro colegas y porque de lo contrario esto se va a judicializar, lo que se seguramente significara el pago de indemnizaciones por parte del GORE, con montos que se pagan con dinero de todos los chilenos”, sostuvo Aguirre.

 

La dirigente también adelantó que en la asamblea de este miércoles también analizarán la notificación de censura a todo el directorio, -en el que está incluida-, proceso que de continuar se traduciría en una nueva elección.

Ahondando en esto, Aguirre manifestó que “queremos referirnos a la notificación de censura que recibimos la semana pasada, -con copia a la Dirección del Trabajo-, ante la situación de la presidenta de la asociación, Beatriz Hidalgo y su subrogante, Gonzalo Campos, quienes no han cumplido con la obligación de convocar a asamblea, -pese a nuestra insistencia en que lo hicieran-, para que tomemos decisiones en conjunto respecto a este momento tan complicado para nuestros colegas despedidos”.

De acuerdo a lo señalado en la Ley 19296 que Establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado, Art° 26, el proceso de censura “afectará a todo el directorio, y deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del total de los afiliados a la asociación con derecho a voto, en votación secreta, que se verificará ante un ministro de fe, previa solicitud de, a lo menos, el veinte por ciento de los socios”.

Además de esto, en la ley se establece que desde el día de la notificación, se tienen hasta 30 días en que el directorio vigente elija una fecha para la realización de una asamblea extraordinaria, que tendrá como único fin que se realice la votación respecto a dicha censura, la que de aprobarse culminará con un proceso eleccionario nuevo, en el que pueden volver a participar los dirigentes que fueron censurados.

 

En suma este proceso, y con motivo del aumento de grado de la funcionaria del Departamento Jurídico del GORE de Coquimbo, Beatriz Hidalgo, se tiene que desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de la Región de Coquimbo, se está recabando información para determinar si es que existía la disponibilidad presupuestaria para la asignación de grados.

En relación a esto, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de la Región de Coquimbo, Patricio López, detalló que están haciendo esto con el fin de “hacerle la consulta a la Contraloría General de la República, respecto a si se pueden asignar grados sin tener previamente una disponibilidad presupuestaria, lo que a nuestro entender no corresponde”.

López hizo hincapié en que de comprobarse que no existía dicha disponibilidad presupuestaria, significaría que “se estarían disponiendo de recursos fiscales que no existen y no hay un respaldo que sustente ese gasto por parte del Estado, lo que es una responsabilidad administrativa”.