Chofer desvinculado del GORE aseguró que le ofrecieron más de $6 millones como indemnización

En la pasada sesión ordinaria del Consejo Regional (CORE) de Coquimbo, la consejera regional Paola Cortés, reveló que Juan Francisco Fernández, -uno de los dos chóferes de vehículo fiscal que fueron desvinculados recientemente-, le mencionó que en su calidad de presidenta de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional (GORE), Beatriz Hidalgo, -quien además es abogada y funcionaria del Departamento Jurídico-, le habría ofrecido llegar a un acuerdo monetario por su despido.

Al ser consultado por esto, Juan Francisco Fernández, relató que esta semana sostuvo una reunión con Beatriz Hidalgo y el secretario de dicha asociación, Gonzalo Campos, quienes le ofrecieron una indemnización de 6 millones y medio de pesos, para que se fuera tranquilo.

“Yo no sé cómo me puede ofrecer una indemnización de esta manera, siendo que yo no la he solicitado, además mi despido fue injustificado y se supone que en su cargo ella debería mediar por el bienestar de los funcionarios que están en situaciones como la mía, pero lo que está haciendo, claramente es en favor de la gobernadora”, puntualizó Fernández.

Fernández, -quien tiene confianza legítima y fue calificado con la máxima nota por sus jefaturas directas en el período que culminó en septiembre-, explicó que “están justificando mi despido, porque dicen que yo ocasioné un daño al servicio, ya que tuvieron que pagar un parte de 1 UTM y por el pago de un TAG diario, ambas ocasiones ocurridas mientras estaba en servicio en Santiago”.

“Estoy muy dolido con el jefe de la División de Administración y Finanzas (DAF), Mauricio Fuentes y con la división de operaciones, ya que aunque el parte y el no pago de TAG, tiene fecha de 13 de enero, recién en noviembre me informaron de esto, lo que de inmediato me ofrecí a pagar, pero nunca tuve respuesta y lo que me molesta es que la gobernadora en cambio, está acusada por un sin fin de irregularidades y malos tratos, que de verdad significan un perjuicio económico y moral para el GORE y no es capaz de reflexionar”, indicó Fernández.

Sobre esto, Fernández expresó que “sinceramente, a mi ya no me dan ganas de seguir luchando por volver, por como está el ambiente, pero de todas formas, estoy agradecido de todos los compañeros y los consejeros regionales que me llamaron, escribieron y me apoyaron desde el primer día”.

Por su parte, la consejera regional Paola Cortés, -quien además es la presidenta de la Comisión de Régimen Interno del CORE-, también se refirió a este tema y señaló que “estas conductas no corresponden, por lo que se debe investigar, ya que si bien ninguno de los funcionarios notificados debió ser despedido, el conducto regular es que sean reintegrados o que demanden, caso que de seguro ganarán”.

Ahondando en esto, Cortés indicó que “a mí me gustaría saber con qué recursos se tiene pensado pagar por esa indemnización, para determinar si es provendrán del GORE o de la persona que está haciendo el ofrecimiento”, añadiendo que en la última sesión solicitó que se les informe cuántas demandas ha recibido el GORE por despidos injustificados y cuantas indemnizaciones ha pagado por esto.

Por su parte, la consejera regional Ximena Ampuero, manifestó que “además de ser algo totalmente antiético, viene a sumarse al antecedente del aumento de grado que la gobernadora le dio de manera directa a esta funcionaria, quien deslegitima el trabajo de los dirigentes”.

“Con la sesión anterior me quedó claro que la gobernadora no entiende o no tiene el liderazgo, porque sigue insistiendo en responder a puertas cerradas respecto a conversaciones que tienen que hacerse públicamente”, opinó Ampuero.

En cuanto a la disponibilidad presupuestaria para la asignación de aumentos de grados, la consejera Paola Cortés detalló que “se nos dijo que como estuvieron casi 6 meses sin jefatura del Departamento Jurídico, quedó presupuesto para eso”.

Pese a esto, Cortés recalcó que referente a esto, se debe especificar que “los recursos son destinados al GORE y no a un departamento en específico y ahora que hay un nuevo jefe en esa área y un encargado de marketing, se debe preguntar con qué dinero seguirán financiando este aumento de grado”.

La consejera también recordó que en mayo de este año conformaron la Comisión de procedimientos de movilidad interna, junto a los consejeros regionales Wladimir Pleticosic, Ximena Ampuero, dos jefaturas del GORE y representantes de la ANEF, añadiendo que “esa investigación se hizo y se entregó a la gobernadora para que lo pusiera en tabla, cosa que nunca pasó, entonces hasta el día de hoy, no hay un procedimiento claro de a quién y cómo se le suben los grados o a quien se le entrega la función crítica”.

En relación a esto, la tesorera de la Asociación de Funcionarios del GORE de Coquimbo, Náyade Aguirre, -y presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (FENAGORE)-, aseguró que “en mayo, el jefe de la DAF señaló ante el CORE que aunque teníamos más de 10 cupos para contratar personal, no habían llegado recursos extras para eso, ni para aumentos de grado y lo reiteró en diciembre y nos preocupa muchísimo, porque nuestros equipos además de sobreexigidos, están estresados por las situaciones de maltrato, lo que hace que el clima laboral esté cada día peor”.

Aguirre también detalló que “por la no contratación de jefaturas, el GORE ha hecho una especie  de ahorro temporal, con lo que se estarían sustentando los aumentos de grados, -los que deberían estar autorizados por la Dirección de Presupuestos de Chile-, ya que por ser permanentes, comprometen el presupuesto de los próximos años. Esperamos que las mejoras de algunos, no se traduzcan en despidos por la incapacidad financiera de pagar sueldos el 2023”, argumentó Aguirre.

“Esta es una mala práctica que se está haciendo a costa de quienes asumen el trabajo que debería hacer esas jefaturas vacantes, cosa que además es innecesaria, porque el Estado mandó los recursos para esas contrataciones todo el año”, remató la dirigente.

Los consejeros Paola Cortés, -como presidenta de la Comisión de Régimen Interno del CORE-, y Francisco Martínez, -como vicepresidente-, asistieron a una reunión con la gobernadora, quien les comunicó que Joceline Hidalgo, -la única mujer de los 4 funcionarios desvinculados-, sería reintegrada en comisión de servicio a Onemi.

Según Cortés, en el caso de Orlando Castro, -quien fue desvinculado tras desempeñarse como funcionario a honorarios por 15 años en el GORE-, la gobernadora les comentó que “estaba dispuesta a reintegrarlo, pero nos pidió que le aprobamos 3 competencias y además nos dijo necesitaba a uno de nuestros periodistas, -ya que solo tenía uno, a pesar de que tiene un equipo
de comunicaciones-, y a 2 de nuestros asesores”.

“Nosotros le dijimos que tendríamos que evaluarlo en comisión, cosa que no fue aceptada por nuestros colegas, ya que tenemos 3 periodistas para 16 consejeros regionales y nuestros asesores se encargan de trabajar al menos 2 comisiones cada uno, cosa que ella sabría si hubiese estado presente en alguna de estas instancias”, finalizó Cortés.