¡Escándalo en el puerto! La querella por estafa y usura que pesa sobre concejal Velásquez y su tío

Una querella por los delitos de usura, estafa y asociación ilícita presentaron dos personas de la comuna de Coquimbo en contra del concejal Felipe Velásquez Navea y su tío, Luis Velásquez Seguel, denunciándolos por préstamos irregulares y engaños por los cuales los afectados estarían incluso perdiendo una propiedad de más de cien millones de pesos.

La acción legal, ingresada el martes 28 de junio ante al Juzgado de Garantía de la comuna porteña, solicita a la justicia ordenar una investigación del Ministerio Público y realizar diligencias pertinentes para indagar, juzgar y castigar los actos presuntamente perpetrados por el hijo y el hermano del exalcalde Pedro Velásquez Seguel.

Según corroboró El Día, la querella fue declarada admisible por el tribunal el miércoles 29 de junio.

Los abogados Jairo Muñoz y Michael Muñoz, en representación de los denunciantes, narraron una serie de hechos que afectaron a un contratista de obras civiles y a su familia en la comuna puerto.

Se trata de un hombre que se ha dedicado más de 20 años al rubro de la construcción, asumiendo proyectos que van desde viviendas a obras civiles, como caminos y multicanchas. En este contexto, suele recurrir a prestamistas informales cuando no cuenta con los recursos para echar a andar estos trabajos, describen los abogados en la querella, a la que El Día tuvo acceso.

Uno de estos prestamistas sería Luis Velásquez Seguel, hermano del exalcalde de Coquimbo, Pedro Velásquez y, por consiguiente, tío del actual concejal de la misma comuna, Felipe Velásquez Navea. Según se describe en el escrito, el primero se ha dedicado por años a este rubro y, al menos en este caso particular, habría actuado junto a su sobrino, quien le brinda asesoría como abogado para “dar una apariencia legal a los préstamos informales”.

El caso descrito comenzó en el año 2018, cuando el denunciante le pidió prestado $5.000.000 a Velásquez Seguel. El trato fijó un interés mensual del 30%, es decir, debía pagar $1.500.000 solo por concepto de intereses. Como suele ocurrir en estos casos, el contratista no pudo ir regularizando la deuda, aludiendo a que no estaba recibiendo aún el dinero por el servicio prestado a una empresa local, siendo contactado telefónicamente y a través de mensajes de WhatsApp por el prestamista.

“Es en estas instancias donde entra el querellado Felipe Velasquez Navea, quien se une a las llamadas de cobranza, va al domicilio (...) amenazándolo con que le quitaría sus bienes, si es que no pagaba”, señala la querella.

Este primer problema se solucionó ante notario el 9 de agosto de 2019, oportunidad en que el hombre reconoció adeudar $17.000.000 y, para saldarlo, accedió a la venta de dos vehículos, entregados a Luis Velásquez Seguel en la misma fecha. 

El problema mayor vino unos meses después, en noviembre, cuando el sujeto vuelve a pedirle dinero prestado a Velásquez. Esta vez, el monto ascendía a la cifra de $20.000.000. El prestamista accedió, pero como habían tenido problemas la vez anterior, acordó nuevas condiciones.

Se fijó el primer pago para el 30 de enero de 2020, con quince cuotas a un interés mensual de $1.000.000. Es decir, serían $15.000.000 en intereses, por lo que, en total, la devolución quedó en $35.000.000, con un interés promedio mensual del 16,59% (ver cuadro).

Pero eso no fue lo más complicado, porque también pidió poner una casa en garantía, algo que terminó siendo, desde el punto de vista de los querellantes, un engaño, ya que en concreto se trató de una venta.

Como no tenía vivienda que poner en garantía, el hombre conversó con su suegra, quien accedió a dejar la suya como prenda, puesto que también necesitaba dinero para su emprendimiento. Entre ambos familiares, acordaron que una tercera parte de los $20.000.000 prestados irían para la mujer.

El trato entre ambos y Velásquez se selló el 30 de diciembre de 2019 del mismo año, con un contrato ante notario en Coquimbo, trámite que desencadenó en el problema que hoy los lleva también a la justicia civil.

¿Qué sucedió? “Sin entender el contenido de dicha escritura, le preguntaron al abogado Felipe Velasquez Navea, si esto es una venta, pues decía compraventa y el inmueble se iba a entregar en garantía, a lo cual este respondió que no, que era solo un documento para asegurar el pago del préstamo, pero que la casa seguía siendo de ella, que firmara sin ningún problema. Ambos querellantes se confiaron en los dichos de los querellados, por lo que firmaron, confiando en lo que les decía el abogado Velasquez Navea”, prosiguen.

Llegada la fecha para el pago, nuevamente no tenían dinero. En ese momento, el abogado y también concejal habría comenzado a “intimidarlos telefónicamente”, amenazándolos también en persona, con que si no pagaban los iba a desalojar, ya que la propiedad había sido inscrita a nombre de su tío.

“Durante todo el 2021 y 2022, se han realizado amenazas de que si no paga los van a desalojar, que ya tienen la casa inscrita a nombre de Luis Velásquez Seguel”, indican.

Efectivamente, el inmueble, ubicado en El Sauce, fue inscrito a nombre del querellado, que presentó en el mes de marzo una demanda contra la dueña de casa ante el Tercer Juzgado de Letras de Coquimbo, para tomar posesión del bien, que está avaluado en más de $150 millones.

Contactado por El Día, el abogado Michael Muñoz confirmó la querella y aceptó recibir a nuestro medio en su oficina para profundizar en algunos puntos de la misma.

Se trata de tres delitos: usura, estafa y asociación ilícita.

Sobre el primero, Muñoz indicó que este se configura “cuando prestas dinero y cobras un interés sobre el interés máximo convencional. Puedes prestar, siempre y cuando no superes el interés corriente aumentado en un 50%. En este caso, en el hecho 1, la persona por $5 millones terminó pagando $17 millones. En el segundo, por un préstamo de $20 millones, tenía que devolver 35; solo $15 millones en interés; entonces ahí es donde se configura, a juicio de los querellantes, este delito de usura”, afirmó.

Cuando tú dejas tu casa en garantía, te tienen que demandar por esa deuda, embargar ese bien y sacarlo a remate, pero en este caso se hizo una venta”

MICHAEL MUÑOZ, ABOGADO QUERELLANTE

Sobre el segundo delito, el abogado explicó que la supuesta garantía, que habría sido pedida a los afectados, terminó siendo una “venta con pacto de retroventa”.

“Cuando tú dejas tu casa en garantía, el procedimiento es que a tí te tienen que demandar por esa deuda, embargar ese bien y sacarlo a remate, pero en este caso, en vez de dejar el bien en garantía, se hizo una venta con pacto de retroventa”, dijo.
Esto quiere decir, que se realiza una venta del inmueble por el precio fijado, que solo puede ser revertida una vez que se pague el total.

“A la persona se le da un plazo para recuperar la propiedad, siempre y cuando pague el dinero”, agregó.

Es decir, la mujer vendió por el préstamo de $20 millones -que quedó en 35 millones- su casa avaluada en más de cien millones sin saberlo, según los querellantes.

Hasta el momento no han sido desalojados, pero la vivienda está a nombre de Luis Velásquez Seguel, quien inició junto a su sobrino el proceso en la justicia civil para concretar un lanzamiento, el que se podría materializar si no se pagan los $35.000.000, algo que los abogados Muñoz intentan evitar a través de una respuesta a la demanda, que aún no está resuelta.

Hoy el caso tiene, así, dos aristas: una en la justicia civil, con la denuncia de Velásquez, y otra en la justicia penal, con la querella.
“Lo que esperamos es que a través de la investigación que se realice con el Ministerio Público, los dos querellados puedan ser condenados. Este delito tiene una penalidad de presidio menor, en cualquiera de sus grados. Puede llegar hasta 5 años. Esperamos que sea el máximo de las sanciones que la ley pueda establecer”, agregó el abogado Michael Muñoz.

El Día intentó tomar contacto con el concejal Felipe Velásquez, pero no fue posible hasta el cierre de esta edición.