Imputado por estafa a Comité de Vivienda en Coquimbo queda en prisión preventiva

Más de 460 familias de la comuna de Coquimbo, que durante meses golpearon decenas puertas tras acusar haber sido víctimas de una estafa, hoy por fin, ven con mayor esperanza el futuro y la posibilidad de que se haga justicia.

Esto luego de que el Juzgado de Garantía de Coquimbo decretara una medida cautelar ampliamente esperada: la prisión preventiva contra S. Y. E. A., expresidente del Comité de Vivienda 16-S, y que fue imputado por el tribunal como autor del delito de estafa, ilícito que habría perpetrado entre los años 2019 y 2021 en la comuna puerto.

En esas circunstancias, el magistrado Felipe Pizarro ordenó que el formalizado cumpla esta medida en el penal más cercano a su domicilio: es decir, en la comuna de Chillán, durante el plazo de los 60 días que dura esta investigación.

En paralelo, P.L.F.G., quien fuera tesorera de esta agrupación y que fue formalizada por los mismos cargos en abril pasado, fue reformalizada y deberá seguir cumpliendo la prisión preventiva, la que se lleva a cabo desde el momento de la formalización. Esta medida cautelar se ha estado haciendo efectiva en la comuna de Puerto Montt.

De acuerdo a la Fiscalía de Coquimbo, ambos imputados promocionaron entre quienes se inscribieron a la organización, sus familiares y amigos, la gestión del proyecto de vivienda ante el Serviu, para lo cual solicitaron a cada interesado la suma de $40 mil por concepto de inscripción y de 100 mil pesos para la compra del terreno respectivo.

El fiscal jefe de la comuna puerto, Claudio Correa, sostuvo que “lo que hoy (ayer) se hizo es incorporar a 50 nuevas víctimas de los hechos, que pueden aumentar significativamente los montos de esta estafa y el número de posibles personas afectadas, por lo que prácticamente llegamos a un total de 460. Hemos solicitado una ampliación de plazo de 60 días a partir de hoy (ayer), a lo que el Tribunal de Garantía accedió, más las medidas cautelares que requerimos, por lo que seguiremos trabajando para alcanzar más y mayores antecedentes”, señaló el persecutor.

Cabe destacar que la imputada se apropió de importantes sumas de dinero depositadas en sus cuentas personales, fingiendo ante el comité, por mensajes vía WhatsApp a los socios, que estaba realizando diversos trámites ante el organismo estatal y coordinando acciones con una entidad patrocinante y visitando el terreno donde se construirían las casas.

Las familias que soñaban con su casa propia están esperanzadas tras este precedente que se sienta.

Margarita Ocaranza, una de los cientos de afectados, señaló a El Día que “es una oportunidad de hacer justicia, porque el expresidente del comité tenía muy claro la cantidad de gente que había ingresado, los documentos y a cuantas familias habían estafado. Esperamos que haya avances y que la investigación arroje nuevos involucrados, porque hubo muchos que encubrieron lo que acá sucedió”.

Por otra parte, aseguró que están avanzando en una mesa de diálogo con Serviu. “Lo que queremos es regularizar la situación de nuestra personalidad jurídica, porque estaba con los documentos desactualizados y mientras más tiempo pase, más abajo en la lista de espera quedamos”.

Katherine La Rosa, vocera del Comité de Vivienda 16S, aseguró a El Día que no descansarán hasta obtener la verdad y soluciones dignas para vivir.

“Lo bueno es que quedó claro, de acuerdo a lo dicho por el juez, que el expresidente del comité es un peligro para la sociedad, porque él también recibió dinero de algunas personas. Nosotros no tenemos un abogado particular y solo nos representa la Fiscalía. De todas maneras, es posible que necesitemos de un abogado penalista llegado el caso, porque son varias personas las que consideramos son cómplices y se vieron beneficiadas con lo sucedido. En todo caso, agradecemos de manera especial al fiscal regional, Adrián Vega, que por su intermedio logró que llegáramos a este punto. Esperamos que las autoridades en Vivienda también se preocupen de dejarnos en un buen pie”, finalizó.