Es inminente: En 3 meses podrían desalojar toma de La Rinconada en Coquimbo

Más de un año ha pasado desde que una treintena de familias se tomaron dos terrenos en Rinconada El Sauce en Coquimbo, período en donde organizaron un sistema de reparto de tierras y loteo de superficies, para asignarse diferentes porciones para la construcción de sus viviendas.

Así, lo que inició como una pequeña ocupación ilegal, se fue ampliando hasta tener más de 600 personas instaladas en las propiedades pertenecientes a Inmobiliaria El Olivar.

“Mucha de la gente de la toma tiene su primera casa en el mismo sector. E incluso los que la jueza, Alejandra Corvalán, pidió que no desalojaran, se dedicaron a vender estos terrenos hasta por 3 millones de pesos a través de redes sociales”, afirmó en su oportunidad, la ex presidenta de la Junta de Vecinos de Las Lomas de Rinconada de Coquimbo, Ana Adasme.

En tanto, una habitante que optó por resguardar su identidad, agregó que “la ocupación de las propiedades estuvo marcada por la violencia, porque la primera semana se dieron enfrentamientos directos entre estas personas y los vecinos, quienes en su mayoría son adultos mayores”.

Sin embargo, después de un extenso proceso, el desalojo de la toma podría ser cuestión de meses. Esto, por cuanto ya terminó la investigación correspondiente a una de las tres querellas interpuestas y el Ministerio Público ya presentó la acusación.

“De este modo y en virtud de sus atribuciones, el tribunal determinó que no iremos a juicio oral, sino que el procedimiento se realizará como un requerimiento. Es decir, en un juicio simplificado, que es más corto, ya que sólo tiene dos etapas y se llevará a cabo en el mismo Juzgado de Garantía de Coquimbo”, manifestó el abogado de Inmobiliaria El Olivar, Omar Vargas.

Es así como complementó que una vez que se pruebe el delito de usurpación, vendría el desalojo de los terrenos.

“Estamos ya en una etapa terminal del proceso y aunque los plazos no dependan de nosotros, sino del tribunal, porque son tiempos que se encuentran en los códigos y en las leyes, no deberíamos extendernos más allá de unos 60 a 90 días para tener una desocupación definitiva”, sostuvo el jurista.

En esta línea, dijo que tiene la convicción de que se probará el delito por el que están acusando a los formalizados.

“Eso sí, dentro de la sentencia se les debe dar un período razonable y prudente, a las personas para que efectúen abandono pacífico de los inmuebles (…). No obstante, a mi representada siempre se le ha explicado que es un procedimiento lento y que podría durar hasta cinco años”, aseguró Vargas.

EL DETALLE DE LA ACUSACIÓN

Cabe destacar que la querella en cuestión que busca el desalojo inmediato de los ocupantes ilegales, indica que el 14 de enero de 2022, un grupo indeterminado de gente, cuya identidad se desconoce y al amparo de la oscuridad, ingresaron a los terrenos propiedad de Inmobiliaria El Olivar, procediendo a romper los cierres perimetrales, cortando los candados y alambres con napoleones que portaban al efecto, destruyendo y sacando todos los carteles y señalizaciones que daban cuenta de que se trataba de un recinto privado y con prohibición de entrada.

Más aún, procedieron a destruir la caseta de seguridad que se ubicada en el lado sur de las propiedades usurpadas.

“Ante el gran número de personas que

concertada y organizadamente atacaban los inmuebles y que se  movilizaban en un gran número de vehículos, profiriendo gritos y amenazas a los vecinos del lugar que, ante tan violenta irrupción, intentaron oponerse a la acción de dichos terceros, oposición que resultó del toda infructuosa ante las agresiones con elementos contundentes, y amenazas de muerte en algunos casos”, agrega.

En relación a esto, la acción judicial afirma que después de que estos individuos ingresaron a las propiedades, construyeron un portón de ingreso, estableciendo sistemas de control de entradas y salidas e instalaron un campamento y organizaron un sistema de bloqueo del perímetro con sus vehículos, el que custodian fuertemente.

“Hemos sido informados de que han organizado un sistema de reparto de tierras y loteo de terrenos, asignándose diversas porciones entre los usurpadores, impidiendo por supuesto, violentamente el intento de ingreso de cualquier persona, tanto de personeros de mi representada, legítima titular del dominio de los inmuebles”, complementa.

En consecuencia, la acusación presentada señala que los graves hechos en que han incurrido los autores constituye un delito de usurpación, concurriendo a su respecto todos y cada uno de los elementos que lo configuran: violencia, sorpresa, actos atentatorios del ejercicio del derecho al dueño, conculsión del derecho de dominio más elemental consagrado en la constitución política vigente, amenazas y por último, ejercicio de la violencia contra personas.

“Y por cierto, el delito de continuidad de sus perniciosos efectos y en absoluta flagrancia, desde el momento en que los autores se encuentran en este momento construyendo viviendas y edificaciones en el inmueble de mi representado, a quien se le repele el ingreso y el uso y goce del mismo, haciéndose así por la fuerza del dominio material del inmueble”, dice.

Juicio partiría en la segunda semana de abril

El juicio simplificado en contra de los más de 35 acusados por el delito de usurpación, se iniciará el próximo 10 de abril a las 8:30 horas en las dependencias del Juzgado de Garantía de Coquimbo, ubicado en calle Melgarejo 942.

“Cítese a la señalada audiencia a la víctima a través de su representante

legal y al efecto, notifíquesele por correo electrónico, la presentación que antecede y la presente resolución”, manifiesta la resolución de acusación firmada por el juez encargado del tribunal de competencia penal, Edgardo Pinto.

Es preciso señalar que en el caso de que los imputados no asistan injustificadamente a la instancia, serán conducidos por medio de la fuerza pública a la presencia judicial y quedarán obligados al pago de las costas que causaren, sin perjuicio de las sanciones que además puedan imponerse de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Código Procesal Penal.

“En el evento de mantenerse la alerta sanitaria que rige actualmente al país, los intervinientes podrán comparecer mediante sistema de videoconferencia a través de la aplicación Zoom, para lo cual deberán comunicarse con dos días de antelación”, concluye la resolución.