Toma La Rinconada del Sauce: 7 imputados deberán desalojar en el plazo de un mes

Durante la jornada de este miércoles se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio en el Juzgado de Garantía de Coquimbo por la usurpación y toma de terrenos en el sector de La Rinconada de Coquimbo.

En la oportunidad, la mayoría de los imputados no aceptaron responsabilidad en los hechos y el Juzgado de Garantía fijó audiencia de juicio abreviado para el próximo 14 de junio.

La excepción fueron cinco personas, - las cuales no tenían antecedentes anteriores - quienes aceptaron ser sometidas a la suspensión condicional del procedimiento que regirá por un año, tiempo en el cual deben abandonar en un lapso de 30 días el lugar que ocuparon, no acercarse al mismo por espacio de un año y, si son formalizados por algún hecho, dicha suspensión se revocaría para continuar con la causa.

Otras dos personas, que tenían antecedentes anteriores, quedaron en situación de acuerdo reparatorio con la inmobiliaria, previo abandono de los terrenos.

Cabe recordar que los hechos se remontan al 14 de enero de 2022, luego de que una treintena de familias usurparan ilegalmente los terrenos en la Parcela 135, donde está la toma “Rocas del viento 2000”; y en la Parcela 136, el campamento “Esperanza de Jesús”.

Ambos sitios corresponden a la Etapa II del Proyecto de Parcelación de la Comunidad de La Herradura, correspondiente a 8,83 hectáreas pertenecientes a la Inmobiliaria El Olivar.

 Al respecto, la Fiscalía acusó, para juicio abreviado, a 42 personas quienes habrían ocupado y usurpado dicha propiedad, realizando una serie de actos como la división del mismo en lo que coloquialmente se denomina “tomas de terrenos”, además de instalación de construcciones ligeras destinadas a la habitación, y la demarcación de lotes de terrenos.

En ese sentido, la Fiscalía presentará pruebas testimoniales y periciales planimétricas, fotografías y documentos que acreditan quienes son los propietarios de los terrenos y que, quienes los ocuparon, no son sus dueños.

ORDEN DE DETENCIÓN

Cabe señalar que una docena de personas no se presentó a la audiencia de preparación de juicio, ante lo cual, el fiscal Juan Pablo Aguilera solicitó una orden de detención al Juzgado de Garantía, la cual fue concedida.

“La causa va avanzando. El día de hoy se ha preparado la audiencia que viene, y en el resto se discutió la prueba. Estamos conformes en cuanto a que se ha aprobado toda la prueba del Ministerio Público, la que ha sido acreditada y es con la que estamos convencidos de que probaremos los hechos y la participación de los sujetos”, afirmó el fiscal, Juan Pablo Aguilera Ponce.

El persecutor añadió que los 30 días de abandono del lugar para quienes accedieron a la suspensión condicional, son un plazo “razonable”, para lo cual aseguró, “estaremos verificando por medio de Carabineros si estas personas a las que se aprobó la salida alternativa, salieron de dicho lugar. En caso contrario, se proseguirá de acuerdo a la ley”, dijo.

En el caso de quienes accedieron a un acuerdo reparatorio, el fiscal dijo que tomarán contacto con los querellantes para revisar dicho cumplimiento.

Por su parte, la defensa de los imputados señaló que presentarán como pruebas, entre otras, cartas al Presidente Gabriel Boric, correos, conversaciones de WhatsApp con autoridades donde se dejaría de manifiesto la necesidad imperiosa de estas personas de poder acceder a una vivienda.

QUERELLANTE

El abogado Omar Vargas por su parte, representante de la inmobiliaria afectada, valoró la instancia de preparación del juicio oral y que se hayan adoptado salidas alternativas.

“Algunos de los imputados que ya no viven en el sector se acogieron a la suspensión condicional del procedimiento, mientras que dos, lograron acuerdo reparatorio. Pero los restantes no asumieron responsabilidad”, indicó el profesional.

Respecto a las pruebas de la defensa, el abogado señala que esos documentos que han sido enviados a las autoridades, dando a entender una necesidad de vivienda, son posteriores a la toma del terreno.

En ese sentido, Vargas sostuvo que, los imputados, de una u otra forma,  aceptaron haber cometido el delito de usurpación violenta.

En paralelo, el abogado querellante aseguró que se dejó en claro que se estaba privando a su representado de un derecho constitucional como es el derecho de propiedad.