Papaya Gate: Qué arriesgan los representantes de las inmobiliarias tras querella del SII

Una nueva arista ha surgido en las últimas horas sobre el caso denominado “Papaya Gate”, luego que el Servicio de Impuestos Internos, a través de su Dirección Regional de La Serena, interpusiera una querella por el delito tributario de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, contra los representantes legales de las inmobiliarias Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A., e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A., así como todos quienes resulten responsables. Esto, en el contexto de la cuestionada venta de los paños de terrenos destinados en compensación al municipio de La Serena por la entrega por parte del municipio de la ex Cordep.

Recordemos que esta compra se realizó mediante un contrato de compraventa que no habría cumplido con el trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República, dado que este organismo no aprobó dicha operación. En el marco de su investigación por fraude al fisco, el Ministerio Público informó al Servicio de Impuestos Internos de los antecedentes, con el objetivo de que este organismo pudiera investigar la posible existencia de delitos tributarios.

En ese contexto, las empresas, representadas por Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolas Fabian Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud vendieron a la Gore de Coquimbo en 2020, 6 bienes raíces por $9.800.000.000, monto muy superior a los $485.229.830 por los que dichas inmobiliarias los adquirieron, en 2014.

En el marco de la presentación de esta querella, el subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, enfatizó que “lo que buscamos con este tipo de acciones es entregar un mensaje claro: nadie debe afectar el desarrollo de nuestra sociedad al no pagar correctamente sus impuestos. Con esto además buscamos un efecto ejemplarizador, que desincentive a otros a realizar este tipo de delitos”.

A través de un comunicado, el Servicio de Impuestos Internos informó que luego de revisar los antecedentes de la carpeta investigativa que llevaba el Ministerio Público por fraude al fisco, asociado a esta compra, el SII logró detectar que el costo tributario de los inmuebles al momento de su venta era efectivamente excesivo, por lo que inició un proceso de auditoría tributaria para fiscalizar el correcto cumplimiento de la declaración y pago del Impuesto a la Renta de Primera Categoría y del Impuesto Único del artículo 21, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, correspondiente al año tributario 2021, con la finalidad de detectar si determinación del costo directo de los terrenos para el período comercial 2020, por parte de las sociedades mencionadas, fuera el que correspondía.

En el texto se agrega que “a partir de esta auditoría se pudo determinar que efectivamente el costo directo de los bienes raíces vendidos al Gobierno Regional de Coquimbo, por parte de las sociedades inmobiliarias, había sido incrementado de manera maliciosa, mediante un proceso de reorganización empresarial injustificado, a través del cual imputaron como costo más de $3.881 millones, como consecuencia de un aumento de capital ficticio (suscrito, no pagado)”.

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA FRAUDULENTA

Con esta información, el SII inició un proceso de recopilación de antecedentes en contra de las 6 sociedades, lo que permitió detectar que las declaraciones anuales de impuesto a la Renta, correspondientes al Año Tributario 2021, fueron presentadas de manera maliciosamente falsa, debido a que el costo tributario declarado en ellas fue generado artificialmente, mediante una planificación tributaria fraudulenta.

“El objetivo de esta planificación fue disminuir la base imponible del impuesto de primera categoría que se generaría con ocasión de la enajenación de bienes raíces de propiedad de las empresas ya indicadas. El perjuicio fiscal generado por concepto de Impuesto a la Renta en este caso es de cerca de $900 millones”, señala el escrito de prensa del SII.

ESCLARECER LOS HECHOS

Al respecto, la gobernadora regional, Krist Naranjo, señaló que ve con buenos ojos la presentación de esta querella por parte del Servicio de Impuestos Internos.

“Es necesario que se investigue y se esclarezcan todos los hechos y que la ciudadanía sepa toda la verdad”, indicó la autoridad regional.

En ese contexto, Naranjo sostuvo que los intereses patrimoniales del Gobierno Regional están siendo representados por el Consejo de Defensa del Estado, con quienes han sostenido conversaciones para definir los pasos a seguir en cuanto a la acción civil que se efectuará.

“También, como Gobierno Regional solicitamos a Tribunales constituirnos como patrocinantes en la causa penal y al mismo tiempo, pedimos copia de la carpeta investigativa”, señaló Naranjo.

En paralelo, enfatizó la autoridad regional que “esperamos que la causa penal, civil y esta nueva querella por parte del Servicio de Impuesto Internos pueda arrojar prontamente resultados, esclarecer la verdad y que se formalicen a las personas que hicieron un daño a nuestra región y a las arcas fiscales del Gore”, finalizó la gobernadora regional.

PROCEDIMIENTO

En relación a los procesos que se llevarán a cabo en la investigación, la abogada experta en derecho tributario y académica de la Universidad de La Serena, Maribel Veas, explica que, en este caso en particular, y según se desprende de la declaración del SII, el delito por el cual se pretende investigar a las sociedades podría ser el establecido en el artículo 97, N°4 del Código Tributario.

En ese contexto, el delito tiene asociadas sanciones corporales y pecuniarias, pues el proceso penal se ha iniciado con una querella, que presentó el SII ante el Juzgado de Garantía respectivo. “En este escrito, entre otras cosas, se piden determinadas diligencias de investigación para que sean ejecutadas por el Ministerio Público”, expresa.

Después de esta investigación (desformalizada), “si existen antecedentes suficientes, el Ministerio Público puede formalizar a los presuntos responsables, y se inicia la investigación (formalizada)”, sostiene la abogada.

En ese sentido, Veas agrega que, una vez cerrada la investigación, se acusa, y se desarrolla el juicio oral, que culmina con un veredicto y la dictación de una sentencia absolutoria o condenatoria.

“Contra la sentencia se podrán interponer recursos, que incluso pueden derivar en la realización de un nuevo juicio”, señala la académica de la ULS.

POSIBLES SANCIONES

En relación a las sanciones impuestas a los representantes de las seis inmobiliarias de La Serena por el perjuicio fiscal asociado a los $900 millones, según el experto en derecho tributario y docente de la UCN, Milenko Zurita Rojas, las penas pueden variar de 541 días a 5 años de presidio. Según indica el abogado, esto dependerá de las circunstancias agravantes que puedan establecerse durante la investigación, siendo la pena en general, de presidio menor en grado medio a máximo. Además, Zurita destaca que esta pena está asociada a una multa que oscila entre el 50% y el 300% del monto evadido. El abogado afirma que “el servicio calcula la diferencia entre el valor de compra de los terrenos y el valor de venta posterior, y sobre esa ganancia, se aplica el impuesto”.

PLAZOS DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a los plazos, ambos expertos en derecho tributario coinciden en que el procedimiento es similar al de cualquier delito investigado por la fiscalía.

Según expresa Milenko Zurita, “esto puede tomar alrededor de un año, ya que las investigaciones suelen ser relativamente lentas. Durante este periodo, el SII seguirá aportando antecedentes y pruebas, y se continuará con la formalización y el juicio en sí”. Por su parte, Maribel Veas sostiene que los plazos son absolutamente relativos. Según indica la académica, “la ley establece que la investigación no puede tener una duración superior a dos años, pero esto no implica que una vez cerrada la investigación se termine el juicio. En realidad, las causas penales suelen tomar mucho más tiempo que eso”.