A fines del mes de mayo, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, sorprendió a autoridades de la zona al indicar en un punto de prensa que el plan “Calles sin Violencia”, diseñado por el Gobierno para intervenir en las comunas con mayor cantidad de delitos, ya se encontraba en ejecución.

La iniciativa, en la que se incluyó a las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle acaparaba el interés a nivel local ante la esperada visita de las autoridades del nivel central, considerando que la necesidad de realizar acciones concretas contra la delincuencia se ha alzado como una prioridad transversal, pues la implementación del Plan de Recuperación de Espacios Públicos en la conurbación había dejado buenas sensaciones.

Pero los días que le siguieron al paso de la comitiva por la región, continuaron las críticas en torno a la falta de información y coordinación de la estrategia de seguridad pública y la forma en que ésta se materializaría en las tres comunas beneficiadas, con el fin de bajar los indicadores delictuales.

Hace pocos días sin embargo, el Gobierno confirmó que se destinarán  500 millones de pesos por comuna, para que los equipos municipales presenten proyectos.

¿En qué linea?

RECURSOS Y PLAZOS

El Día consultó con las municipalidades de La Serena y Coquimbo, con el fin de conocer la manera en que la medida impactará en la conurbación. Esto, considerando que “Calles sin Violencia” contemplaría desde recursos para nuevas contrataciones -como el caso de Fiscalía- hasta el refuerzo de “patrullajes mixtos” entre Carabineros y funcionarios municipales.

Desde la capital regional se informó que los patrullajes seguirán con el mismo personal por parte de Seguridad Ciudadana, acompañados de Carabineros, mientras que el resto de las iniciativas se concretarán con proyectos.

El director de Seguridad de Coquimbo, David Díaz, dijo que no resulta posible contratar más personal municipal para esas labores, debido a que las tareas que realizan los fiscalizadores, como cursar multas, implica responsabilidades administrativas, para lo que se necesitan plazas de planta y a contrata.

Por otro lado, dio a conocer los plazos que se informaron desde Subdere para ejecutar los 500 millones de pesos por comuna.

Uno, indicó, es el 30 de junio, fecha en que los municipios deberán tener contratado el personal que trabajará en la elaboración y construcción de las iniciativas a presentar.

“Nosotros los tenemos en el Departamento de Proyectos de Seguridad y también en Secplan, pero esto contempla también la posibilidad de que distintos municipios, que tengan una realidad distinta a la nuestra en recursos humanos y capacidad profesional y académica, puedan elaborar y construir estos planes, para que también los puedan contratar”, dijo.

La otra fecha marcada en el calendario es el 15 de julio. Para entonces, los equipos municipales deberán presentar los anteproyectos, para que las iniciativas cumplan las normas y sean aprobadas.

“Son proyectos de ejecución muy rápida y de licitaciones breves”, indicó.

En el caso de la Municipalidad de Coquimbo, se espera al 31 de diciembre tener invertidos los 500 millones de pesos que serán traspasados con el plan “Calles sin Violencia”.

LAS INICIATIVAS

“Siempre estuvo la duda de qué iba a llegar en concreto a los municipios y fue algo que el alcalde (Ali Manouchehri) preguntó insistentemente (…). En el caso de las tres (municipalidades beneficiadas) está la posibilidad de tener, al menos, dos ejes estructurales bien definidos: el primero es una prevención situacional y el segundo es una prevención social”, indicó Díaz.

Los dineros -de Subdere- se ejecutarán por medio de una asociación con el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y en el caso de Coquimbo, ya están definidas las iniciativas.

En la línea de la prevención situacional, “tenemos definido inyectarle recursos a un sistema robusto de teleprotección”, adelantó el director de Seguridad porteño. Junto con esto, se espera sumar nuevos pórticos con lectores de patentes a los tres definidos y en construcción en la comuna.

“También tenemos contemplada la recuperación de espacios públicos, que se traduce en iluminación peatonal, protección de espacios residenciales, protección de equipamiento público y también todo lo que dice relación con las alarmas comunitarias, que pueden ir en beneficio de determinados grupos de personas”, agregó.