Tras la denuncia publicada ayer en El Día, en la que una familia denunció  que su pupilo de 4 años fue amarrado a la silla en el jardín infantil “Piececitos de Niño”, administrado por el Minvu regional, han surgido una serie de reacciones de agrupaciones de padres y familiares de personas con Trastorno de Espectro Autista. 

Según relató la abuela del infante, el hecho es de enorme gravedad porque se trata de un niño con TEA quien, actualmente, se encuentra en tratamiento por dificultades en el área del lenguaje e hiperactividad.

Cabe recordar que la familia descubrió el hecho a través de una foto enviada por la directora del recinto en el contexto de una actividad en la que participaban los menores de edad.

Desde las agrupaciones de padres de niños TEA señalaron que, lamentablemente, situaciones como éstas se han repetido en el último tiempo en la zona. 

Al respecto, la dirección regional de la Superintendencia de Educación confirmó haber recibido una denuncia por maltrato de un adulto a un niño  autista, del jardín infantil “Piececitos de Niño”. 

Asimismo, la superintendencia dio a conocer que durante el primer semestre de este año -hasta el 30 de junio- se han recibido 13 denuncias por “discriminación por necesidades educativas especiales permanentes y/o transitorias (TDA, Discapacidad física y/o intelectual, u otras)”, de las cuales, una corresponde al nivel de educación parvularia.

En ese contexto, Fernando Sermeño, director regional de la Superintendencia de Educación, afirmó que este tipo de situaciones como la ocurrida en el jardín infantil dependiente del Minvu, “son inaceptables y no se pueden producir bajo ninguna circunstancia. Por lo mismo y ante la gravedad de los hechos, calificamos la denuncia como crítica, y solicitaron la fiscalización inmediata del establecimiento para conocer las medidas adoptadas frente a la situación denunciada”.

SANCIONES POR EL CASO

Sermeño indicó que este establecimiento cuenta con reconocimiento oficial del Estado, por tanto, está sujeto a la fiscalización de la superintendencia y debe, por tanto, ajustarse a las disposiciones establecidas en la normativa. 

Específicamente, ante una situación de maltrato y/o vulneración de derechos, el establecimiento debe aplicar los protocolos de actuación respectivos y las medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad física y psicológica del párvulo afectado, entre las que se encuentran, por ejemplo, la separación del eventual responsable de su función directa con los niños y niñas, o su traslado a otras labores o funciones fuera del aula. 

“Si tras la fiscalización llevada a cabo por la superintendencia se detectan incumplimientos normativos, se iniciaría un procedimiento administrativo sancionatorio, donde el establecimiento podría arriesgar sanciones que van desde la amonestación a multas en UTM, según la naturaleza, gravedad y reiteración de la infracción”, indicó el director regional de la Supereduc.

En ese sentido, Sermeño reiteró que los establecimientos deben proveer espacios educativos inclusivos, sin violencia y sin discriminación para todas las niñas, niños y adolescentes. “Por eso es muy importante que los establecimientos de educación parvularia monitoreen constantemente la idoneidad profesional y moral de quienes trabajan con párvulos y realicen los ajusten necesarios en los reglamentos y protocolos internos, que den contención a cada niño o niña y en cada situación, considerando la diversidad de sus párvulos y el respeto a su dignidad”, aseguró Sermeño.

Cabe recordar que desde el Serviu enviaron una declaración pública en la que se indicó que ante la denuncia recibida “se instruyó inmediatamente acciones administrativas (...). Se encuentra en proceso el sumario correspondiente, a la espera de los resultados que determine”.

NUEVA LEY DE AUTISMO

Para organizaciones como Autismo Cuarta Región la situación vivida por el menor de edad en el jardín infantil es muy grave. Su presidenta, Jeannine Rivera, indicó que “si uno como padre se enfrenta en una situación de este tipo debe ser respaldado por la nueva Ley de Autismo”.

“Se entiende que los profesionales infantiles no den abasto porque no se sienten capacitados, pero de ahí a llegar a amarrar a un niño no corresponde, porque antes de cualquier diagnóstico de autismo son niños y son inquietos. Creo que debe haber una sanción no sólo a la profesional que lo hizo, sino a los sostenedores del jardín”, afirmó. 

En ese mismo sentido, Mariluz Jiménez, psicóloga e integrante de la Mesa Interregional de la Ley de Autismo que trabajó en el proceso legislativo de la normativa, aseveró que antes de entrar en vigencia la ley, este tipo de situaciones no se denunciaban y no se visibilizaban.

“Las familias no tenían el resguardo y la certeza de lo que estaba pasando era una vulneración. Ahora existe un marco regulador en que la familia puede sentirse protegida”, señaló Jiménez.

La profesional afirma que en el tema educacional, las principales vulneraciones de derechos se dan en los estudiantes que tienen dificultades para la comunicación o no tienen desarrollado el lenguaje, o no tienen la capacidad de expresar lo que les pasa.
“Lamentablemente, sólo los colegios que tienen PIE o programas de integración cuentan con profesionales. Pero los que son jardines y salas cuna, la mayoría no los tienen. Además, cuando hablamos de autismo, la comunidad completa debe tener una capacitación”, sostuvo la psicóloga.

Sin embargo, Mariluz Jiménez sostuvo que las denuncias deben hacerse en los juzgados que corresponde y no quedarse con los conductos regulares y sumarios que realizan las instituciones.

“Se debe hacer un proceso que asegure que la institución va a tener una sanción por la vulneración. Acá no hay responsabilidad sólo de la educadora que trata al pequeño, sino de la institución que no toma el resguardo para responder a las necesidades de un chico. Todos los papás cuentan con el diagnóstico de su hijo cuando los ingresan a los establecimientos. Por eso el colegio debe hacerse responsable y entregar las herramientas, porque lo que pasó en la sala, puede pasar en los recreos o baños. No es responsabilidad de una persona”, aclara la profesional.

Sin embargo, Jiménez señaló que hay muchos casos que quedan en los establecimientos educacionales y no se visibilizan.

“Un sumario es para explicar una situación y delimita responsabilidades, pero no te habla de reparación o sobre qué hará el servicio para evitar estas situaciones. La ley le exige a los servicios capacitaciones y una sensibilización. Todos tienen que tomar conocimiento y adaptar sus protocolos para que las personas del espectro autista puedan participar de manera inclusiva y asegurar su derecho de participación social en todos los contextos. Hoy tenemos acciones aisladas, como en Salud, donde han avanzado con ‘salas de la calma’, que fueron a los únicos que les pusieron plazos para adaptarse. Para todos los demás no se les dio un tiempo”, finalizó Jiménez.