Fue durante el 2019 cuando el Gobierno Regional de Coquimbo, entonces liderado por la intendenta Lucía Pinto (UDI), decidió comprar una serie de terrenos en el sector oriente de La Serena, específicamente en San Ramón, por más $9.800 millones para la construcción de un complejo deportivo, adquisición que generó polémica debido a que la tasación de las propiedades apenas sobrepasaba los $4 mil millones y, sobre todo, porque se realizó sin la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. 

De este modo, el caso, bautizado posteriormente como “Papaya Gate”, salió a la luz pública durante septiembre del 2020, y desembocó en la renuncia de la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y la apertura de un proceso por parte de la Fiscalía de Valparaíso por presunto fraude al Fisco.

Instancia, que 3 años después, según se limitaron a informar a Diario El Día desde la Fiscalía Regional de Valparaíso, sigue vigente, en etapa investigativa y sin formalizados. 

En este contexto, desde el Gobierno Regional dieron a conocer que están siendo parte de dos aristas respecto a este caso, una civil a través del Consejo de Defensa del Estado y otra penal que lidera el Ministerio Público. 

En el caso “Papaya Gate” señalan que se están ejecutando diversas diligencias, entre ellas, se han sostenido reuniones de trabajo con el jefe de la unidad de causas civiles y con el encargado de la unidad de causas penales del Consejo de Defensa del Estado.
En cuanto a la arista penal, desde el Gobierno Regional lamentaron la lentitud del proceso y añadieron que solicitaron la carpeta investigativa de la causa y esperan en las próximas jornadas se puedan generar nuevas acciones jurídicas.

En tanto, aunque evitó referirse en esta oportunidad, Samuel Donoso, abogado de la ex intendenta Lucía Pinto, en una entrevista anterior con nuestro medio, había señalado que “mientras se mantenga abierto este proceso, se ve perjudicada (su representada) por la sombra del cuestionamiento que genera el estar bajo una investigación criminal, ello sin duda le perjudica y afecta”. 

CRÍTICAS A LA DEMORA EN FORMALIZACIÓN 

A 3 años del destape del caso, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), comentó que “es una investigación que está en curso, que creo que se ha demorado mucho y que debe resolverse más prontamente, por un lado por la gente que se encuentra imputada y para resolver el tema, pero uno no conoce en detalle el proceso, pero queda claro que tal vez hubo más elucubraciones que antecedentes concretos y eso demora esta causa”.

Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC), afirmó que “al cumplirse 3 años desde que se conoció públicamente el Papaya Gate, sigo sosteniendo que estamos ante el mayor caso de corrupción en la Región de Coquimbo y que en este fraude al fisco los montos de dinero son mayores que los que observamos en varios otros casos que se ventilan en la prensa y que han sido escándalos nacionales”.

“El Serviu, expropió parte de los mismos terrenos este año, pagando mucho menos por metro cuadrado de lo que pagó el GORE mediante el Papaya Gate, lo que fortalece la tesis del fraude al fisco”, recalcó.

A juicio de Núñez, “es fundamental que se clarifique el caso y se conozcan quiénes están detrás y cómo urdieron el negocio para perjudicar los recursos del Estado. Para eso deben utilizarse los mismos criterios técnicos que usó el Serviu para la determinación del valor real de cada metro cuadrado. Este fue el tenor de una reciente diligencia que pedí a la Fiscalía para develar este caso de corrupción”.

En tanto, el diputado Ricardo Cifuentes (DC), calificó como “muy lamentable” lo que ocurre con el Papaya Gate, “estamos cumpliendo tres años desde que se conocieron estos sucesos, hay muchos otros temas como este que se han resuelto en Chile. Le planteé al fiscal nacional cuando recién asumió la necesidad de revisar la sede donde está instalada esta investigación, que es en Valparaíso, desgraciadamente no se acogió, pero nos parece que hay que insistir”.

“Llevamos 3 años y todavía no tenemos ningún avance significativo, tampoco se han considerado las resoluciones que ya tomó la Contraloría para algunos funcionarios públicos que participaron en esto. Hay antecedentes claros y suficientes para que esto pueda avanzar ojalá de la manera más rápida posible. La justicia si no es rápida ni es contemporánea, no es justicia”, puntualizó.

Para Víctor Pino, diputado de Avancemos Chile, los estamentos investigadores tienen sus propios plazos para definir responsabilidades, “este fue un verdadero escándalo, que debe ser solucionado y que los responsables paguen. Lo cual hoy está a cargo de la Fiscalía de Valparaíso y quienes tienen todos los antecedentes para concretar la investigación”. 

“Por supuesto que me preocupa que aún no haya responsabilidades ni formalización, porque este fue un caso realmente vergonzoso para nuestra región, a quienes se determinen responsables se le debe aplicar el máximo rigor de la ley caiga quien caiga”, enfatizó. 

En esa línea, la diputada Nathalie Castillo (PC), afirmó que “es una muy mala señal del Ministerio Público y de las diversas instituciones que no se haya iniciado la formalización en un caso que dañó la fe pública y la probidad, que profundizó la distancia entre la ciudadanía y la política. Debe asumirse las responsabilidades políticas y penales de un millonario fraude y allí la UDI no puede guardar silencio”.

En contraparte, el senador Matías Walker (Demócratas), sostuvo que en su momento entregó su opinión, “fue en el marco de las conclusiones de la comisión investigadora, pero soy muy respetuoso de la autonomía del Ministerio Público y lo peor que se puede hacer en estos casos es politizar las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía. Por lo tanto, todo mi respeto a su trabajo y las decisiones que este organismo tome no se comentan”. 

ÚLTIMA QUERELLA PRESENTADA

A fines de junio, el concejal de La Serena, Camilo Araya, presentó una nueva querella para hacerse parte en el caso, ya que según explicó “es en el municipio donde se hace este proyecto llamado como Papaya Gate y con las actuaciones que son de público conocimiento que tuvo el alcalde Roberto Jacob, quien ya declaró en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados en el congreso donde señaló que el terreno de Cordep se entregó pensando que era lo único que estaba quedando, si en un mes no encontrábamos un terreno, el Servicio de Salud se llevaba los dineros a otra región”. 

“Y a raíz de que se comenzó a recibir una serie de críticas, sobre todo de gente del sector que ocupaba ese campo deportivo. Empezaron con que no tenían otro lugar, que por qué no lo hacíamos en Las Compañías, cómo esos pulmones verdes iban a desaparecer. A raíz de eso, personalmente, fue a conversar con la ex intendenta si existía la posibilidad de poder presentar un proyecto, para un campo deportivo y poder restituir en parte lo que la gente estaba pidiendo”, añadió Araya.

En ese sentido, explicó que “por ello se hacía necesario y me hice parte en el caso con una querella criminal, por el delito de fraude al fisco en contra de quienes, incumpliendo dolosamente los deberes de sus cargos, habrían realizado múltiples gestiones para concretar, bajo la modalidad de trato directo y por montos cuantiosamente sobrevalorados en relación al valor real del terreno, su adquisición”. 

Araya puntualizó que, como concejal de la comuna en que suceden estos hechos, “debemos saber qué ocurrió también en nuestro municipio y buscar erradicar el uso relajado y sospechoso que se da del trato directo, lo cual es una  excepcionalidad de contratación, no la regla general de algunos alcaldes u otras o autoridades, para hacer ricos a sus familiares y amigos con este tipo de contrataciones millonarias”.