Los vecinos de la Rinconada del Sauce, en Coquimbo, se encuentran nerviosos y expectantes frente al cumplimiento de la resolución judicial que iba a permitir que los ocupantes de la toma que se ubica en el sector abandonaran el lugar el pasado 23 de agosto.

Cabe recordar que los hechos se remontan al 14 de enero de 2022, luego de que una treintena de familias usurparan ilegalmente los terrenos de la Parcela 135, donde hoy se emplaza la toma “Rocas del viento 2000”, y de la Parcela 136, donde se ubica el campamento “Esperanza de Jesús”.

Ambos sitios corresponden a la Etapa II del Proyecto de Parcelación de la Comunidad de La Herradura, correspondiente a 8,83 hectáreas pertenecientes a la Inmobiliaria El Olivar.

En el pasado mes junio se llevó a cabo un juicio oral simplificado que involucró a los últimos 20 individuos acusados de la usurpación de terrenos en esa zona. Sin embargo, un acuerdo entre las partes involucradas, incluyendo defensa, querellantes y fiscalía, condujo a una suspensión condicional del procedimiento, con la condición de abandonar los terrenos en un plazo de 70 días, el que se cumplió hace dos semanas.

NO SE CUMPLIERON LOS PLAZOS

Pero llegó el día de cumplir el acuerdo tomado en el tribunal y sólo algunos pocos de los imputados por usurpación de terreno cumplió con su promesa de hacer abandono en 70 días del lugar.

En ese contexto, Ambar Díaz, quien ha actuado como vocera de los vecinos aledaños a los campamentos, señala que las condiciones acordadas tras el juicio simplificado no se han cumplido y las personas se mantienen en el sitio sin dar señales de querer salir e,  incluso, han llegado otras personas a habitar las pocas viviendas que han sido desocupadas.

“La querella se basa en la acusación de usurpación violenta, y según los acuerdos iniciales, los ocupantes debían abandonar voluntariamente el terreno el pasado 23 de agosto. Hasta la fecha, Carabineros no se ha presentado en el lugar”, aseguró.

Los residentes sufren de ansiedad y temor debido a la proximidad de las celebraciones de Fiestas Patrias, fecha en la que siempre se generan  peleas, balazos y violencia intrafamiliar dentro de la toma. Esto, por la ingesta de alcohol que se registra durante esos días de celebración, situación de la que pensaban, no tendrían que volver a ser testigos este año.

En ese sentido, Díaz afirmó que los ocupantes, inicialmente, estuvieron de acuerdo con el acuerdo reparatorio y se comprometieron a salir voluntariamente dentro del plazo de 70 días.

“Sin embargo, la mayoría no ha cumplido con esta medida. A pesar de los intentos de contacto con la fiscalía y Carabineros, no han recibido una respuesta satisfactoria y la orden judicial de fiscalización emitida aún no se ha cumplido”, explicó.

La vocera y abogada de los vecinos hizo hincapié en que la responsabilidad en este caso recae en Carabineros, cuya única tarea es verificar que las personas empadronadas hayan abandonado la zona y permitan a los propietarios tomar las medidas correspondientes, incluyendo el desalojo.

Díaz señaló que, según las declaraciones iniciales de los ocupantes, éstos estaban dispuestos a salir si se les daba un plazo prudente, “pero pasaron más de dos meses y no han cumplido con su compromiso”, lo que podría considerarse como una situación de flagrancia.

“Actualmente, unas veinte personas residen en los terrenos usurpados, y con cada día que pasa sin acción, existe la posibilidad de que más individuos ocupen la zona. Por lo mismo la acción de carabineros debe ser en el corto plazo. Ellos tienen ahora la pelota en sus manos”, señaló.

La vocera de los vecinos asegura que incluso las personas que han hecho de cabeza en la toma siguen trayendo más personas para que el lugar no se vea desocupado.

“Nos hemos encontrado en varias oportunidades con el dirigente de la toma ‘Esperanza de Jesús’, David Romero, junto a toda su familia, sin ninguna intención de salir. Él lo sabe perfectamente y se allanó a salir, pero no ha movido ni un palo de su vivienda”, aseveró Díaz.

Cabe recordar que la acción judicial fue presentada por los dueños de las propiedades que, en este caso, es la Inmobiliaria El Olivar.

Precisamente, su abogado Omar Vargas afirmó a Diario El Día que al día siguiente de cumplirse el plazo solicitaron que Carabineros evacuara un informe sobre lo que se estableció en la salida alternativa para establecer la suspensión condicional de procedimiento.

“Este informe de carabineros tiene que señalar si el sitio fue abandonado o no. Si es así terminaría la causa y si todavía hay gente, se debería proceder el desalojo de estas personas por el incumplimiento de las medidas de la suspensión condicional”, señaló  Vargas.

El abogado indicó que los plazos para concretar el desalojo definitivo, de comprobarse que las personas no han hecho abandono del lugar, dependerá de la burocracia de las instituciones.

“Depende de cuánto tiempo se demore Carabineros en hacer el informe, en cuánto tiempo se va a hacer la audiencia en el Tribunal, las diligencias y el desalojo”, detalló el jurista.

A juicio de Vargas, sin embargo,  “por lo visto no tienen ninguna intención de cumplir con lo comprometido y salir del lugar”.

VENTA DE VIVIENDAS

Por otro lado, los vecinos advierten que existen varios avisos en las redes sociales en que los terrenos del sector continúan siendo ofrecidos para su venta.

“Con hasta 2 millones de pesos están estafando a las personas, porque ponen ‘terreno con casa’ en una toma, pero no dicen que los terrenos no les pertenecen y que a la brevedad serán desalojados”, señala Cecilia, otra de las vecinas aledañas a los campamentos ilegales.

En ese sentido, expresó su frustración ante la demora en la resolución del conflicto y exhortó a Carabineros a cumplir con su deber, independientemente de las festividades próximas.

“Acá todos han cumplido con los plazos. Ahora es Carabineros quien debe actuar y cumplir con su trabajo. Creo que están muy complicados por las fechas cercanas a Fiestas Patrias, pero yo igual tengo más trabajo en esas fechas y no dejo de cumplir con mis funciones. Ojalá no vengan a decir que viene fin de año y que ‘cómo van a sacar las familias cerca de Navidad’. Después viene el verano y van a estar preocupados de la seguridad de las playas, y en el mes de marzo es el retorno a clases, es decir como en abril podrían recién tener tiempo para venir”, criticó la vecina de La Rinconada.

Por cierto que para los vecinos de esta toma, la existencia de una serie de anuncios de parte de la directiva de estos campamentos - en el que hacen un llamado a una reunión, el día de ayer, de todos los integrantes del campamento - para abordar temas como la solicitud de personalidad jurídica y las actividades de Fiestas Patrias, serían otras señales que demostrarían que estas personas no tienen ninguna intención de abandonar el lugar.

COORDINAR ACCIONES

En ese sentido, el fiscal del caso, Juan Pablo Aguilera, advirtió que a partir del “día 71”, el Ministerio Público podría tomar medidas adicionales para hacer cumplir el acuerdo de suspensión condicional y verificar si otras personas distintas a las involucradas originalmente están ocupando los terrenos. Al respecto, la fiscalía trabaja en conjunto con Carabineros para coordinar las acciones necesarias.

Mientras que, consultados por El Día, desde la institución uniformada señalaron que “el desalojo de la toma Rinconada es un proceso que se está desarrollando poco a poco. Actualmente, estamos en la etapa de verificación de salida de algunos habitantes que ya fueron notificados a mediados de julio, y prontamente nuestros especialistas de Labocar realizarán estudios planimétricos que permitirán seguir avanzando con base en las diligencias solicitadas por el Ministerio Público”.