Alcaldes emplazan a superintendencia por pago de multas

Autoridades comunales, junto al senador Pizarro, llamaron a explicar la labor fiscalizadora de la institución escolar; quienes aclararon los cuestionamientos
sábado 06 de julio de 2013

La Superintendencia de Educación nace como un instrumento fiscalizador que busca asegurar la calidad que entregan los establecimientos en el país. Sin embargo, diferentes alcaldes de la región afirman que esta labor se está realizando con poco criterio.

El senador Jorge Pizarro, en conjunto con los alcaldes de Vicuña, Monte Patria y Combarbalá, denunció que esta institución aplica la ley, pero no está protegiendo la educación rural y municipalizada, según la opinión de estas autoridades. Señalan que por un enchufe roto, se está aplicando una sanción de 50 UTM, en cuanto éste solamente vale 2.500 pesos. 

Para el senador Pizarro este actuar va en contra del objetivo inicial con que se creó la superintendencia, “fue creada para fiscalizar y supervisar el buen funcionamiento de la educación subvencionada y pública, la que se entrega con los recursos del Estado. El objetivo no es que se dediquen a pasar multas, que terminen de reventar a los municipios que no tienen los recursos para mantener un infraestructura adecuada”.

En tanto, el alcalde de Monte Patria, Juan Carlos Castillo, ejemplificó con un caso, como la ley no está funcionando “en Combarbalá la Escuela América va a ser demolida en diciembre, pero igual cursaron multas por problemas en la cocina y comedor y se le está obligando a hacer trabajos por 60 millones de pesos. Todo este tipo de situaciones genera la lápida de la educación rural y publica”.

RESPUESTA DE LA SUPERINTENDENCIA

En tanto el director regional de la institución Alfredo Villagrán, afirmó que “no hemos cursado multas hasta el minuto, lo que se ha hecho es levantar un acta, que da origen a un proceso. Pero entrar a señalar que la multa está aplicada es simplemente desconocer la normativa que hoy nos rige. Si se llegara a cursar multas, los alcaldes tienen la posibilidad de apelar acá, en Santiago y en los Tribunales de Justicia. Pero es falso que las multas estén aplicadas y se le disminuyan las subvenciones. Hemos capacitado a más de 800 personas y la verdad es que los alcaldes no han concurrido a ninguna de éstas y no tienen la información oportuna”, afirmó.