Exonerados políticos de la región lamentan ser juzgados por el actuar de "unos pocos"

La noticia le llegó como un balde de agua fría. Cuando Caupolicán Vargas, presidente regional de la agrupación de exonerados políticos se enteró que un informe de la Contraloría General de la República había determinado que: De una muestra de 9.000 casos, al menos 3.000 presentaron expedientes falsos para obtener los beneficios fiscales, sintió una mezcla de dolor y resignación.
El hombre lo venía venir, ya que el año 2008 el por entonces diputado PS Marco Enríquez-Ominami, junto a la diputada RN Carla Rubilar, había efectuado públicamente las denuncias. Sin embargo no pudo evitar ofuscarse con lo sucedido la semana pasada. “Es inevitable tener un poco de sentimiento, porque esto puede echar por la borda todo el trabajo que hemos realizado como agrupación”, se lamenta, sentado en el living de su casa, ubicada en el sector de San Juan en Coquimbo, donde nos recibe junto a otros dos de sus compañeros.
Reconoce que pudo haber gente que se aprovechó de la Ley, pero no da crédito a que sea más de la mitad como, luego de conocido el informe de la Contraloría, ha trascendido en medios de circulación nacional. “La normativa es muy amplia, eso da pie a que existan inescrupulosos que hayan obtenido beneficios en base a engaños, pero no creo que sean tantos como se está diciendo (...) Con esas informaciones, sin asidero, los más perjudicados somos nosotros, porque ahora nos meten a todos en el mismo saco y no todos los exonerados andamos sacando provecho del Estado. Hemos quedado muy mal y todo por la culpa de unos pocos”, sostiene.
Pero Vargas tiene una hipótesis. Y es que el militante socialista, tal como la mayoría de sus correligionarios, está convencido de que estos antecedentes no salen a la luz por casualidad. “Aquí, más allá del tema de fondo que hay que investigar, hay una estrategia. Creo que hasta la persona más ingenua se da cuenta de eso (...) No hay que olvidar que es un año electoral y la derecha está desesperada porque ve cómo la expresidenta Bachelet gana en las encuestas”, sostiene. “Ahora están haciendo cualquier cosa para desprestigiarla, acusándola de que ella es la responsable de todo esto, es lo mismo que han tratado de hacer con el caso tsunami, que no les ha resultado”, agrega Caupolicán, quien fue cesado de sus funciones en Codelco en 1973 justo el día del golpe militar.
Julio Muñoz Castillo también está impactado. “Justo estábamos viendo el tema del pago de un bono que se nos debe y viendo el tema de las pensiones mínimas que se nos pagan que son como 140 mil pesos, pero ahora eso se paraliza, quedamos en muy mal pie”, afirma el también dirigente de los exonerados.
Al igual que Vargas, Muñoz indica que detrás de todo hay intereses políticos, “y nosotros salimos perdiendo”, enfatiza.

DEBATE REGIONAL. Según las cifras entregadas por la agrupación que preside Caupolicán Vargas, a nivel regional serían cerca de 5.000 personas las que reciben beneficios fiscales por haber perdido su trabajo durante la dictadura, y las pensionas irían entre los 140 mil y los 200 mil pesos. Aunque aún se desconoce si existen de falsos exonerados en la región el debate está instalado ya que desde ambos sectores, tanto Concertación como Alianza, han salido a defender sus posturas.
En el informe de la Contraloría se constata que la mayoría de los casos de personas que reciben pensiones indebidas corresponden a militantes de los partidos Comunista y Socialista, cuyos parlamentarios habrían puesto su rúbrica en el certificado que, de acuerdo a la Ley 19.234, acredita el denominado “relato político” de los eventuales beneficiarios, es decir, constata que fueron despedidos de sus trabajos por causas de esta índole.
El problema radicó en que gran parte de estos relatos no fue corroborado por las autoridades. Eduardo Alcayaga, timonel regional del socialismo, no descarta que se haya cometido errores, pero no cree “que nadie haya actuado de mala fe”, remarca.
Agrega que “los ciudadanos que tuvieron que vivir aquellos años difíciles probablemente acudían a las oficinas de los parlamentarios quienes escuchaban, pero siempre hay personas que mal utilizan esto, personas que se aprovechan de estas cosas”, señala.
Alcayaga, además, indica que “el certificado que entregaban los parlamentarios era sólo un atenuante, no determinaba si finalmente una persona recibiría o no el beneficio (...) yo creo que aquí la derecha está haciendo un hecho político desesperado que daña la honra de muchas personas, porque aquí va a quedar instalado que todos los exonerados utilizaron de mala forma los recursos públicos, y eso es falso, con la honra no se juega”, afirma.

OFICIALISMO. Desde la otra vereda, el presidente regional de Renovación Nacional, Emilio Lazo, descarta cualquier tipo de aprovechamiento político. “Quien piense que esto que aparece hoy porque nos aproximamos a un proceso eleccionario está completamente equivocado. Ésta es una investigación hecha seriamente que inició el subsecretario Ubilla y que ahora arroja estos resultados”, señala.
Para Lazo, las responsabilidades son claras y quienes cometieron el error deben asumirlo. “Los que firmaron un documento (parlamentarios) avalando un antecedente que es irregular deben hacerse responsables de la situación. Todos tenemos que cumplir ciertas obligaciones y ser transparentes porque esto afecta no sólo al erario nacional y le hace daño a la democracia chilena, quienes estamos en política debemos ser cuidadosos con nuestros actos”, sostiene el timonel RN.
Durante su paso por la región el ministro del Interior, Andrés Chadwick, -quien también había sido cuestionado en días anteriores- se refirió al tema y negó cualquier tipo de acción concertada del oficialismo. “Eso es totalmente falso”, sostuvo categórico a El Día.
Chadwick no restó responsabilidad a los parlamentarios que habrían firmado los certificados en cuestión, pero aseguró que la principal responsabilidad por las irregularidades recae en el Ejecutivo. “Ellos tienen la obligación de tener los procedimientos para que los beneficios que se otorgan a través de la Ley se cumplan en forma precisa y que sean revisados permanentemente, es en el caso de las subsecretarías del Interior de los gobiernos pasados, quienes tenían la responsabilidad, y a nuestro juicio no se hicieron los controles necesarios para evitar que fuera transgredida la Ley”, precisó el vicepresidente de la República.

TRANQUILIDAD EN PARLAMENTARIOS. Tal como aseguró el presidente de la agrupación de exonerados en la Región de Coquimbo, en la zona existirían cerca de 5.000 beneficiarios de la Ley. La interrogante es si alguno de ellos habría obtenido el beneficio de manera irregular. Según indicó el senador Jorge Pizarro, parlamentario desde 1993, “no era un práctica generalizada en la región el firmar certificados (...) Al menos en mi caso nunca firmé algo por el estilo (...) llegó gente a solicitármelo, pero yo lo que hacía era enviar a la gente a que conversara con los partidos, porque yo no podía certificar algo de lo que no estaba seguro”, indicó el presidente del Senado.
Mario Bertolino, tampoco tiene conocimiento de que en la región se acudiera masivamente por la firma de los parlamentarios. Aunque expresa que pudo haber pasado debido a la ausencia de una Ley de Probidad. “Aquello se prestaba para que en algunos casos el parlamentario actuara como ministro de fe, y que pudiesen extender malamente algún certificado, y más de algún parlamentario debe haber sido engañado también”, aseveró. 

PIDEN INVESTIGAR

••• La presidenta regional de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, no quedó indiferente ante los hechos acontecidos la semana pasada. Anita Merino reconoce la gravedad del tema y que se debe llegar a la verdad, pero asegura que hay un trasfondo político detrás. “Es obvio que alguien cometió un error, pero por qué sacarlo a colación ahora?”, cuestiona Merino.
Además, manifiesta que se siente ofendida por la situación. Y es que no le parece justo que se investiguen con tanto ahínco algunas situaciones y otras hayan quedado simplemente olvidadas. “Ojalá se investigara con esa fuerza todo lo que pasó durante la dictadura, a la derecha debería darle vergüenza estar haciendo esto. ¿Con qué cara lo hacen? Si los que más robaron en ese tiempo fueron ellos. ¿Por qué no se ahonda en las platas que tiene Pinochet en el extranjero? Y lo más importante, ¿por qué no se investiga dónde están los detenidos desaparecidos? Claro, es más fácil desprestigiar a la Bachelet”, asevera una evidentemente molesta Ana Merino.

ZONA DE DEBATES

Andrés Chadwick
Ministro del Interior
“Ellos (gobiernos anteriores) tienen la obligación de tener los procedimientos para que los beneficios que otorga la Ley se cumplan en forma precisa”.

Jorge Pizarro
Senador Región de Coquimbo
“Llegó gente a solicitármelo, pero yo lo que hacía era enviar a la gente a que conversara con los partidos. No se puede certificar algo de lo que no se está seguro”.

EduardoaAlcayaga
Presdiente regional del PS
“El certificado que se entregaba sólo era una atenuante, no determinaba si se recibiría o no el beneficio (...) el hecho se está utilizando políticamente”.

CRONOLOGÍA

Agosto 1993
Se promulga la Ley 19.234 que establece pensiones por gracia para personas exoneradas por motivos políticos.

Septiembre de 2008
Comienzan las investigaciones de la Contraloría a exonerados luego que se denunciara que un grupo de ellos estaría recibiendo pensión indebidamente.

Noviembre de 2011
Luego de investigar, el Consejo de Defensa del Estado determinó que había 52 casos de falsos exonerados a los que había que quitar el beneficio inmediatamente.

Mayo de 2013
A través de un informe de la Contraloría General de la República se determina que de una muestra de 9.000 casos investigados, 3.000 mil eran falsos.