Tarcila Piña: "La tortura es un eje central, para que estos hechos no se cometan en los centros penitenciarios del país"

Juan Carlos Pizarro

Rodrigo Solís A.

La ONG Observatorio Penal Penitenciario entregó datos lapidarios respecto de la situación de las cárceles en Chile, indicando que se estarían cometiendo una serie de abusos en estos centros penitenciarios, sobre todo en La Serena.

Al respecto, la directora regional del Instituto de Derechos Humanos, Tarcila Piña, en conversación con Radio Mistral, la 95.1, se refirió a este y otros detalles de relevancia, en relación con la gestión de esta nueva institucionalidad. “Llevamos seis meses posicionándonos como un órgano del Estado, independiente, que busca la protección y la promoción de los derechos humanos, y en ese contexto nos preocupa la situación de la población privada de libertad. Celebramos que la ONG se preocupe de la vulneración o de las violaciones a los derechos humanos que puedan estar sucediendo.  Es bueno cuando la sociedad civil se moviliza y pone una alerta respecto de eventuales vulneraciones”.

-¿Cuáles son las acciones que ustedes ejecutan?

“Realizamos mucho trabajo en los centros penitenciarios y en el sistema carcelario de la región.  Por esto, hay que precisar que son bastantes las instituciones que forman parte del circuito del sistema penitenciario. Nos toca trabajar muy de la mano con la Defensoría Penal Penitenciaria, Gendarmería de Chile y toda la red de Justicia, a lo que se suma el Observatorio Penal Penitenciario. Lo cierto es que eso lo celebramos”.

-Galo Muñoz, presidente nacional de esta ONG, situaba a Huachalalume como una de las cárceles más conflictivas de Chile, en términos de los abusos que se cometían. ¿Comparten este discurso?

“Galo Muñoz es un actor muy importante en lo que respecta a la sociedad civil. Nosotros muchas veces hemos recibido denuncias de Galo (Muñoz) y de otros integrantes de este observatorio. En los seis meses que llevamos posicionándonos como sede regional también hemos diagnosticado preocupación respecto de la situación que se vive en la unidad penal de Huachalalume. Aquí hay más de 2 mil internos y se trata de una gran cantidad de población penal, y existen muchas vulneraciones a los derechos humanos. No debemos olvidar que la seguridad de los internos y las internas no es el único tema que precavemos, porque también hay que preocuparse de la diversidad. Hay personas que viven en el penal y que tienen VIH; también las hay con diabetes, discapacitados, además de mujeres que son madres. Hay diferentes problemáticas que son de un sector de la población que históricamente ha sido vulnerado, por ende no hay que olvidar que ellos y ellas están privados (as) de libertad. Por ende, visibilizar esta problemática cuesta. Y cuando identificamos que existe alguna vulneración, nosotros actuamos judicialmente. De hecho, presentamos un recurso de amparo respecto de la situación de una interna, en conjunto con la Defensoría Penal Penitenciaria y la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó el amparo, Gendarmería apeló, pero la Corte Suprema ratificó lo dicho por la de Apelaciones. La seguridad de los internos le compete a Gendarmería de Chile”.

-A su juicio, ¿qué buscaría Gendarmería al apelar en este caso, siendo que la responsabilidad es de ellos?

“Esto hay que verlo en perspectiva. Además de la seguridad individual de los internos esto forma de la seguridad de la que debe hacerse cargo el Estado a través de Gendarmería. El circuito de las instituciones que trabajan en el sistema penitenciario somos muchos y uno de esos es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y sin duda un eje central tiene que ver con hechos relacionados con la tortura, para que estos hechos no se cometan en los centros penitenciarios del país”.

-Hay casos especiales, como fue el de un interno que estaba enfermo de cáncer que murió al interior de Huachalalume. ¿Tomaron conocimiento de este caso y cuáles son las medidas a tomar, teniendo en cuenta que esto sigue en investigación?

“Cuando nos instalamos en diciembre del año pasado como institución y realizamos las primeras visitas al penal nos comentaron de esta situación, y en esa misma oportunidad pudimos pesquisar otro caso de cáncer al interior del penal, donde este interno había solicitado el indulto, ya que había sido desahuciado. Finalmente nosotros presentamos un recurso de amparo, y logramos mediante la vía administrativa agilizar el indulto”.

-¿Qué le parece que haya personas que se opongan a esta posibilidad, por el hecho de que estos individuos hayan cometido algún delito?

“Hablamos de casos de internos que han cometido delitos comunes que están desahuciados. En esta situación, había una resolución por parte de una comisión médica del Hospital de La Serena, donde no se le iba a dar la terapia mientras estuviese esta persona privada de libertad. A eso nosotros recurrimos, pero se trata de un debate que se debe dar en la deliberación nacional, y es importante que el poder legislativo converse al respecto y la ciudadanía también.  Somos una institución defensora de los derechos humanos y consideramos que aquellas personas que están privadas de libertad y que no cuentan con las condiciones para vivir dignamente, deben ser consideradas como excepciones, sobre todo si existe el respaldo de una comisión médica especializada”. 3802i 4601i

“Aquellas personas que están privadas de libertad y que no cuentan con las condiciones para vivir dignamente, deben ser consideradas como excepciones”.