Abogado y fiscal debaten en torno a la presión mediática del Caso Carabineros

En el marco del Caso Carabineros, conocido el veredicto por parte del Tribunal Oral en Lo Penal y la lectura de sentencia propiamente tal, José Miguel Riquelme, abogado de la Defensoría Penal Pública, que representó a los cuatro menores, aseguró que es muy comprensible que hayan recibido críticas.

“Nosotros entendemos que dentro de un Estado de Derecho y de una sociedad civilizada existe la libre expresión y que las personas se pueden manifestar libremente respecto de todos los temas”, sostuvo el jurista.

Señaló que desde la defensa, se sienten sumamente tranquilos respecto de lo que fue su gestión durante el juicio oral en el Caso Carabineros.  “Sin embargo, entendemos que algunas personas puedan haberse generado alguna expectativa diferente en relación con la sentencia”.

Riquelme también apuntó al actuar de la Fiscalía, señalando que “se alejó un poco de su objetividad, imputando un delito que a todas luces para nosotros no existía. Creo que el Tribunal hizo una correcta valoración y en definitiva desechó este delito”.

Subrayó que, a su juicio, esta determinación estuvo influida por el análisis jurídico y no por la presión mediática. “Creo que es muy sano para una sociedad como la nuestra que los Tribunales hagan su razonamiento en base al derecho y no a la presión pública. No se puede fallar con las pasiones o con el corazón, sino con el derecho y con la ley”.

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Respecto de la estrategia que permitió conseguir, en el caso de los menores, penas en libertad, Riquelme dijo que “tenían una definición en cuanto a la calificación jurídica que habría que darle a los hechos que todos conocemos. Para nosotros no había un robo con homicidio, por tanto un trabajo serio de la Defensoría Penal Pública se vio refrendado con la determinación del Tribunal”, subrayó.

Respecto de la tesis de la reinserción, aseguran válida la posibilidad de que los menores no tengan que cumplir penas en libertad, pues sólo favorecería que se consoliden como eventuales delincuentes. Riquelme sostiene que “hablar de universidades del delito es algo que no decimos nosotros, lo han dicho jueces de la República cuando hacen inspecciones a diversas cárceles, ya que el hacinamiento es un realidad y nadie lo puede soslayar”.

Si bien el abogado reconoce que los cuatro menores no van a cumplir penas privativas de libertad, todos quedaron sujetos a sanciones y por ende, no tiene sentido que se hable de buscar la impunidad, como algunos críticos han afirmado. “No buscamos que se les declarara inocente de todos los hechos y así el tribunal lo entendió.  Tres de los menores lo podían hacer en libertad y otro de ellos en un régimen semi cerrado. Todos son programas con reinserción social y que deberían surtir efecto”, aseguró.

LA FISCALÍA

Claudio Correa, fiscal jefe de Coquimbo, sostuvo que no se intenta determinar una intencionalidad en el caso de los sujetos involucrados,  ese no es el motivo de fondo. “Básicamente lo que se busca es prever una consecuencia y haber hecho caso omiso de esta situación. Por ende, lo que hemos postulado en la acusación, en el juicio oral, es que los jóvenes al hacer caso omiso a estas instrucciones y haber evitado el cruce de un camión pasando a través de una berma, se puede comprender que querían huir”, subrayó el fiscal.

Desde su punto de vista, dice que es crucial entender el contexto en el cual circulaba el Subaru Impreza gris. “Esta era una carretera que estaba siendo ocupada por miles de personas, en una hora peak entre cinco y seis de la tarde. Por lo tanto, todas estas conductas sumadas, más el exceso de velocidad, ir contra el tránsito y no respetar los cruces y bloqueos que ya había intentado antes Carabineros, hacían prever justamente un resultado fatal”, recalcó.

Con el recurso de nulidad que fue presentado ante la Corte de Apelaciones, Correa sostiene que lo único que buscan “es que los sujetos cumplan con todos y cada uno de los delitos que ellos cometieron”.

Consultado por el concepto de reinserción que fue ampliamente defendido por la Defensoría Penal Pública, Correa insiste en que “buscamos que ellos reciban una sanción no sólo por los robos sino que también por la muerte de los funcionarios de Carabineros. El Tribunal podrá distinguir  entre quienes tienen mayor responsabilidad  y por ende considero que un adulto no responde igual que un menor de edad”, aseguró.