Gobierno investigará muerte de menor a la que se le negó un trasplante
El Gobierno abrirá una investigación para esclarecer la muerte de una niña de 13 años a la que se le negó un trasplante cardíaco por su condición precaria y humilde.
Así lo informó a los periodistas la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, quien explicó que la indagatoria administrativa funcionará en paralelo a las diligencias que realiza el Ministerio Público.
"Lamentamos profundamente lo sucedido con Daniela (Vargas)", enfatizó Narváez para agregar que el Ejecutivo espera que los hechos se esclarezcan y que se pueda conocer qué fue exactamente lo que pasó en este caso.
La ministra vocera de Gobierno resaltó que se busca dar con todos los detalles de lo ocurrido, considerando las distintas versiones que han dado las instituciones involucradas, como la Red de Salud UC Christus, donde se esperaba fuera intervenida, y el Ministerio de Salud.
"Esperemos los resultados que se realicen tanto de la investigación administrativa que pueda llevar el Ministerio de Salud como la investigación que lleve adelante el Ministerio Público ", precisó.
Paula Narváez lamentó profundamente lo sucedido y manifestó que se tomarán todas las medidas para investigar los hechos para que se esclarezca qué fue lo que pasó realmente. Foto: EFE
Por su parte, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, dijo a los periodistas que hay muchos organismos del Estado que tienen competencia en lo que pasó con Daniela.
"El Ministerio de Salud y la red asistencial tienen que priorizar y evaluar a las personas susceptibles a un trasplante de órganos en base a razones objetivas, que no pueden implicar criterios discriminatorios como el origen social o su red de apoyo para la procedencia de estos trasplantes", añadió.
Aseguró que en el INDH se van a recopilar antecedentes para analizar las acciones penales que podamos deducir en esta línea y que también se oficiará a los organismos pertinentes para que informen sobre otros niños que actualmente puedan estar en una situación similar a la de Daniela, para así evitar que sean excluidos por razones arbitrarias de la lista de espera de órganos.
La muerte de Daniela Belén Vargas, que falleció de un infarto provocado por una miocardiopatía dilatada, cuya única solución era un trasplante, en marzo del 2015, caso que recién se conoció este jueves, causó conmoción en todo el país
La niña de 13 años, residente de Chiloé, estaba al cuidado del Servicio Nacional de Menores (Sename), responsable de los niños en riesgo social.
La entidad había cedido su tutela a una madre cuidadora, luego de constatar abusos sexuales en su contra en el entorno familiar.
Por su enfermedad, la menor fue trasladada a Santiago e ingresada en un hospital de la Red de Salud UC Christus, de la Universidad Católica, en el que fue considerada apta para un trasplante, pero el comité de ética de la entidad se negó a aceptarla debido a su "precariedad familiar, social y personal".
Según argumentó el comité al Sename, "el éxito del trasplante cardíaco, como una alternativa terapéutica extraordinaria, recae no solamente en el acto quirúrgico propiamente tal, sino que además en un cuidado y seguimiento postoperatorio adecuados, en el cual la adhesión al tratamiento y los controles médicos son vitales".
El Sename y Ginette Fuentes, la madre cuidadora de la menor, se habían comprometido formalmente a resguardar el postoperatorio de Daniela, lo que no fue tenido en cuenta.
El Sename apeló ante la Corporación Nacional del Trasplante, cuyo director, José Luis Rojas, dijo a Chilevisión que la negativa no tuvo que ver con precariedad económica, sino que se pedía "un familiar responsable".
Marcela Labraña, entonces directora del Sename, remarcó al canal que aunque el hospital enfatizó la necesidad del trasplante, "eso se le negó".
"Tras darla de alta y mandarla de vuelta -a Chiloé-, Daniela falleció pocos días después", dijo Labraña. "Sentíamos que si insistíamos un poco más, lo podíamos lograr. No pudimos", añadió entre lágrimas.
La ministra de Salud, Carmen Castillo, admitió algunas irregularidades en los procedimientos, como una tardanza de doce días en responder la comunicación del Sename sobre los cuidados a la niña.
