Docentes de la región interponen millonarias demandas contra municipios por bono SAE

A nivel nacional, ya son más de 250 las comunas en las que los profesores han interpuesto demandas en contra de los municipios o corporaciones municipales solicitando el pago del bono Subvención Adicional Especial (SAE), beneficio otorgado a través de la Ley Nº 19.933.

Los profesionales de la educación alegan que los recursos de este ítem llegaron a las casas edilicias, pero que no fueron traspasados a sus remuneraciones. Dichos requerimientos ya alcanzan una cuantía aproximada de $170 mil millones en el país y, de continuar con sus demandas, se estima que podrían superar los $495 mil millones.

Y la región de Coquimbo no ha sido la excepción. El Día indagó en los procesos judiciales que se están llevando en cada una de las comunas, constatando que a la fecha en la mayoría de ellas se han sumado a estas acciones.

De las 15 casas edilicias, son 11 las que ya han iniciado demandas. Se trata de Canela, La Higuera, Combarbalá, Monte Patria, Río Hurtado, Illapel, Andacollo y Los Vilos. Las más grandes, en tanto, se concentran en la comuna de Coquimbo, donde se interpusieron 5 demandas, también en Ovalle donde alcanzan el mismo número. Se suma a ellas La Serena, a través de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.

En tanto, en Vicuña, Paihuano, Salamanca y Punitaqui no se ha dado curso a la medida, sin embargo, Patricio Bell, abogado que está representando a los profesores en todos los casos, informó que estarían ad portas de concretarse. (Ver detalle en infografía)

De acuerdo a los antecedentes recabados hasta la fecha, los profesores sumarían un número total de 3.191, mientras que en montos, la cifra total en la zona alcanzaría nada menos que los $14.564 millones de pesos.

Coquimbo en una de las comunas donde más se han presentado demandas, 5 en total.

¿QUÉ PIDEN LOS PROFESORES?

Lo que han estado solicitando los docentes en estas demandas (muchas de las cuáles han tenido resultados positivos en otras comunas) es pedir a los municipios el pago de las sumas adeudadas por concepto de Bonificación Proporcional de la Ley N° 19.410, específicamente en lo referente al incremento de dicha Bonificación establecida por la Ley N° 19.933, durante el período comprendido entre el 31 de julio del año 2012 y el 31 de julio del año 2017.

Patricio Bell, abogado que ha llevado adelante la defensa de los docentes en todas las comunas de la región, explica que “hay un ítem de las remuneraciones que en todo Chile ha sido mal pagado por parte de las municipalidades, son platas importantes de pago mensual”.

Lo que establece la ley, indica, es que estos dineros se deben destinar única y exclusivamente para el incremento de las remuneraciones, pero que, sin embargo, particularmente los entregados al amparo de la Ley N° 19.933 “jamás han sido traspasados a mis representados en sus remuneraciones en conformidad a lo que establece la ley, sino que sólo parcialmente”.

En la región ya ha habido a la fecha algunas resoluciones. En Andacollo, tras la presentación de la demanda, se llegó a un convenio económico. “Hubo acuerdo de pago, de hecho ya pagaron una primera cuota antes del 18, otra antes de  fin de mes y la otra para marzo o abril”.

Por otra parte, en los casos de Canela y Los Vilos hay sentencias favorables, aunque aún quedan pendientes dos requerimientos más, en la Corte de Apelaciones y posteriormente en la Corte Suprema.

Cabe destacar que Patricio Bell ha llevado adelante también los procesos en las comunas de la región de Atacama, en las cuáles, según indica “prácticamente están todos cerrados”. Es más, en Copiapó generó la detención del alcalde Marcos López, luego de que expirara el plazo establecido por el Juzgado de Letras del Trabajo para que finiquitara una deuda de $2.440 millones a 986 docentes.

En la región de Coquimbo, dice, tienen la confianza de que también puedan llegar a buen puerto. Apostarán, eso sí, al diálogo y a generar convenios previos con las casas edilicias. “Queremos llegar a acuerdos como lo hicimos en Andacollo, pero para eso las partes tienen que ceder en algo para que prosperen”. Su línea de acción permanente, será “buscar el acuerdo como base central, sin perjuicio de que los procesos se desarrollen”, advierte.

Así lo trataron de hacer La Serena. Sin embargo, sostiene que desde el municipio “no expresaron voluntad de llegar a ningún acuerdo”. En este caso en particular, eso sí, hace algunos días el fallo del Juzgado de Letras del Trabajo, le dio la razón a la Corporación Municipal. “Ahora vamos a ir con un recurso de nulidad y esperamos zanjar en la Corte Suprema”, advierte.

“Con las otras comunas tenemos la esperanza de arribar a acuerdos, mantenemos la voluntad y estamos insistiendo en las opciones de diálogo”, recalca.

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

La situación que se comenzó a generar a nivel nacional, donde en diversas comunas los tribunales comenzaron a darles la razón a los profesores, generó preocupación. Las cifras que están siendo solicitadas eran elevadas  y se temió que muchos de los municipios no tendrían para cubrirlas.

El seremi de Educación, Pedro Esparza, indicó a El Día hace algunas semanas que en este caso en particular el ministerio de Educación respalda la versión de las comunas. “Nuestra visión como ministerio es que efectivamente traspasamos los recursos de la ley 19.933 y que en general los municipios pagaron como correspondía y, en ese contexto, no habría deuda”. Esa mirada ha sido también refrendada incluso por un dictamen de la propia Contraloría, especifica.

El problema pasa, dice, porque lo que no se hizo fue explicitar este pago “y no aparece desagregado dentro de la liquidación de sueldo que recibieron los docentes durante este lapso de tiempo, por eso el tema de ha judicializado”.

Ante esto, se solicitó la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad a la cual se le dio la orden de oficiar a las distintas municipalidades de la región ofreciendo sus servicios. Sería voluntario, eso sí, no están en obligación de requerirlo.

Los casos en la zona están siendo llevados adelante por el abogado Cristian Gorroño. El profesional cuenta que finalmente solicitaron la asesoría del CDE las comunas de Canela, La Higuera, Illapel, Combarbalá, Monte Patria, Río Hurtado y la Corporación Municipal Gabriel González Videla.

En Ovalle, en tanto, les pidieron actuar como tercero coadyuvante, es decir, la defensa sigue en manos de los abogados del municipio, pero con la asesoría del CDE.

Coquimbo lo pidió, sin embargo, no fue posible que asumieran su defensa dado que mantienen procesos con esta entidad.

Los Vilos no requirió la asesoría, mientras que Andacollo lo hizo, pero muy encima del plazo. El resto de las comunas aún no ha solicitado ayuda.

Gorroño explica que el argumento del CDE es que respecto del sector municipal lo único que hizo la ley 19.933 cuando transfirió recursos desde el ministerio de Educación a las municipalidades fue destinarlo al pago de remuneraciones “y nosotros en los juicios entendemos que hemos acreditado que cada peso que llegó fue a dar a remuneraciones de los docentes”. Eso sí, no se creó una bonificación especial distinta “a diferencia de que sí la creo a nivel del sector particular subvencionado”.

Detalla que las primeras sentencias que favorecieron a los docentes a nivel país decían que como no se establece este ítem en las remuneraciones, en las liquidaciones, se daba por entendido que no estaban pagadas “y nosotros dijimos, el análisis no puede ser tan simple, porque no basta con que no esté el ítem para decir que no está pagado, porque éste no debería existir”.

Y al parecer esta teoría estaría siendo acogida por los tribunales. Así lo demostraría, sostiene, el fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, que rechazó la demanda en contra de la Corporación Municipal Gabriel González Videla y estableció que  (…) “no corresponde que las liquidaciones de remuneraciones de los profesores del sector municipal contemplen un ítem denominado Ley 19.933, puesto que dichos recursos ya han sido considerados en los otros ítems de las liquidaciones de remuneraciones en especial, se ha incrementado el monto de la Remuneración Básica Nacional y con ello, otras asignaciones consideradas en las remuneraciones de los profesores”.

La resolución agrega que: “de los ingresos recibidos por la Ley 19.933, por el período abril de 2012 a abril de 2017, versus los egresos en el pago de remuneraciones existe un saldo en contra por un valor de $ 596.222.828, lo anterior según Dictamen de la Contraloría General de la República. (…) Es decir, no sólo se han destinado todos los recursos provenientes de la Ley 19.933 al pago de las remuneraciones de los docentes, sino que la Corporación tiene un saldo en contra, ha gastado más de los que ha recibido para el pago de remuneraciones docentes”.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA PODRÍA SIGNIFICAR UN VUELCO

Pero a juicio de Cristian Gorroño, hay otro hecho reciente que les hace pensar que en futuras resoluciones podrían hacer valer esta tesis. El 20 de noviembre pasado, la Cuarta Sala de la Corte Suprema rechazó la demanda y el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por 118 profesores de la Municipalidad de El Carmen, Región del Ñuble, estableciendo que dicho municipio aplicó la integridad de los recursos que percibió por concepto de ley 19.933 a su destinación legal; es decir, que este pago se hizo íntegramente y ajustado a derecho y que, por lo tanto, las prestaciones demandadas no son procedentes.

Junto con lo anterior, el Máximo Tribunal en su fallo establece que “se modifica la postura asumida con anterioridad sobre la materia de derecho propuesta, porque la que ahora se sostiene es la ajustada a los hechos que se tienen por acreditados en la sentencia impugnada y la normativa que la rige”.

A través de un comunicado de prensa, la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud señaló que “esta decisión de la Corte Suprema marca un precedente sumamente relevante, al revertir la jurisprudencia que había sentado previamente este Tribunal Superior” y destacó que “el fallo tendrá un impacto directo en todos los juicios sobre bono proporcional mensual deducidos por los profesores municipales, ya que éstos deberían ajustarse a la nueva doctrina de la Corte Suprema”, puntualizó.

El problema al parecer no sería de pronta solución y habría resoluciones recién el segundo semestre del próximo año