Duplicar la subvención a residencias y disminuir el número de menores por hogar son los desafíos del Sename en la región

El Sename se termina. Tras dos años en los que se hicieron públicas las atrocidades ocurridas al interior de la institución en la que, según reconoció el propio Estado de Chile, fallecieron 1.313 menores que estaban bajo la tutela de la entidad encargada de velar por su protección, la institución se reestructurará por completo, y en lo que fue uno de los primeros anuncios que hizo el Presiente Sebastián Piñera tras asumir, se crearán dos nuevos servicios: el Servicio de Protección de la Infancia y la Adolescencia, para hacerse cargo de los niños y adolescentes vulnerables; y el Servicio de Responsabilidad Adolescente centrado en los infractores de ley.

Para muchos, esta es la principal modificación, la que se viene gestando desde el anterior gobierno y que ahora debería ver luz verde y solucionar el que se ha convertido en el problema social más grande y urgente del país.  

LA REGIÓN Y SU PROPIA CRISIS

La Región de Coquimbo no ha estado ajena a la crisis. En la zona, la cifra de fallecidos bajo la tutela del Sename alcanzó a los 11 menores, siete de ellos del área de protección, que vivían en residencias porque sus derechos habían sido vulnerados, y cuatro del área de justicia juvenil, que se encontraban cumpliendo condenas en centros cerrados o semicerrados tras haber cometido algún delito.

Los decesos habrían ocurrido entre el 2005 y el 2012, ya que en los últimos seis años no se registraron víctimas. “La crisis viene desde hace muchos antes”, precisó en su minuto la directora regional de la institución, y quien aún está en el cargo, Verónica Zárate.

Y el último episodio que puso en entredicho al actual sistema en la zona se produjo a principios del mes de abril. Cuatro menores de 7, 9, 10 y 11 años se escaparon del hogar de protección Luis Gálvez que funciona en la comuna de Illapel.

Los niños fueron encontrados tras dos días en la casa de familiares en la Región Metropolitana, y el hecho no pasó a mayores. Sin embargo, las críticas surgieron una vez más y fue el exseremi de Justicia Carlos Galleguillos quien alzó la voz para, además de enfatizar en lo complejo de la situación, recalcar que el lenguaje utilizado por las autoridades ejemplificaba lo estigmatizados que están los menores, ya que en todo momento se habló de “fuga”, cuando los niños involucrados no eran infractores de ley, sino que se encontraban en el sistema de protección por haber sido vulnerados en sus derechos. “Comenzar por el cuidado del lenguaje es parte del cambio cultural”, aseguró la exautoridad.

RADIOGRAFÍA LOCAL.

En este contexto llegan los cambios a la zona y las principales modificaciones serán encabezadas por tres autoridades cuyo actuar será clave: La actual seremi de Justicia Alejandra Valdovinos, la directora del Sename, Verónica Zárate y también el Seremi de Desarrollo Social, Juan Pablo Flores.

Son las dos primeras las que nos hablan sobre los principales desafíos a nivel local, cuyos logros estarán directamente relacionados con la gestión que puedan realizar. En principio, según manifiesta la seremi Valdovinos, las metas en concreto están orientadas en duplicar la subvención a las entidades colaboradoras que operan como residencias para profesionalizarlas y dotarlas de mejor infraestructura, y a su vez, para favorecer la reinserción en los jóvenes y adolescentes infractores de ley, privilegiar el cumplimiento de penas en regímenes que no impliquen un encierro total.

LOS NÚMEROS Y GRANDES CAMBIOS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN

Pero, ¿cuáles son los números actuales y a los que se quiere llegar? Según informa la directora del Sename Verónica Zárate, en la región actualmente hay 10 residencias en donde  son acogidos cerca de 200 menores. En el caso de la zona, todas estas casas de acogida son organismos colaboradores, es decir, ninguna está bajo la administración directa del Sename, sino que la entidad sólo tiene un rol fiscalizador en cuanto a la administración de recursos y cómo se ejecuta el cuidado de los niños.

Para algunos diputados de oposición esto es un error, ya que aseguran que es el Estado el que debe hacerse cargo de los menores vulnerables y no entregar la responsabilidad a manos de privados, algo que se fortalecería con la entrega de más dinero. En este sentido, el exseremi de Justicia Carlos Galleguillos manifiesta que entregar más recursos es una “medida parche. Aquí no puede operar la subsidiaridad entregando a los particulares la protección de los niños. El Estado, paso a paso, deber ir haciéndose cargo”, manifiesta Galleguillos.

Pero Alejandra Valdovinos defiende este modelo. Pese a que fue precisamente en los organismos colaboradores donde se produjeron en mayor medida las muertes de los menores en los últimos 11 años, cree que esto se puede mejorar precisamente con las reformas que están en carpeta y que se discuten en el Acuerdo Nacional por la Infancia que implican una mayor entrega de recursos. “Yo no te podría decir que el sistema de subvenciones ni que los centros de administración directa son malos o buenos. Creo que hay que ir mejorando ambos y obviamente que esto se hacen con recursos”, puntualizó Valdovinos.

DINEROS QUE HAY Y DINEROS QUE SE ESPERAN

Por lo pronto, ya se firmó el 25% de aumento en las subvenciones, “pero no nos podemos quedar con eso”, sostiene Valdovinos, quien apuesta a duplicar los recursos que se entregan a estos organismos.

Actualmente, según detalla la directora Verónica Zárate, los dineros entregados por el Estado a las entidades colaboradoras de la región fluctúan entre los 350 a 600 mil pesos por niño, niña o adolescente que está en una residencia y la diferencia radica en las características del recinto. “Una entidad colaboradora para lactantes, tiene necesidades distintas que los preescolares. Y por ejemplo, en la residencia que tenemos para jóvenes con discapacidad llegan cerca de 600 mil pesos, y en  una residencia de protección simple llegan cerca de los 350 mil pesos, que ahora aumentaros a 420 mil”, detalla Zárate.

FISCALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.

Pero en concreto, ¿qué se pretende hacer con los recursos? La Seremi de Justicia, explica que junto con mejorar la infraestructura, el énfasis debe estar puesto en mejorar la atención de los niños y pone el acento en dos conceptos fundamentales: Profesionalización y fiscalización.

Con los fondos actuales, según Valdovinos, no se entregan los servicios de calidad que requieren los niños lo que tiene que ver directamente con que los profesionales no siempre tienen la capacitación adecuada y sus remuneraciones son muy bajas. “Se tiene que invertir en los profesionales de trato directo, los que están las 24 horas con los niños, que tengan un mayor sueldo y la especialización correspondiente”, asevera.

Pero lo anterior tiene que ir aparejado con mayores atribuciones al gobierno de poder verificar cómo se trabaja en los centros, y no sólo eso, tener la facultad de sancionar a quienes incurran en alguna irregularidad.

Actualmente, los convenios que tiene el Sename con los organismos colaboradores, no le permiten tener mayor injerencia y sólo se pude supervisar sin tener una gama sancionatoria de acuerdo a las faltas que se cometan. “Existe la gran sanción, que es la más grave y que constituye el cierre, pero no hay elementos intermedios como multas y eso no nos permite ir exigiendo mayores estándares de calidad. Eso tiene que resolverse”, asegura La Seremi.

UN SENTIDO DE FAMILIA.

Otro de los puntos fundamentales de lo que será la nueva ley es que las residencias tengan un “sentido de familia” y para eso debe ir disminuyendo el número de menores por recinto para que la atención pueda ser más personalizada. La directora del Sename Verónica Zárate, precisa que para que esto se pueda hacer efectivo sin que ningún niño quede fuera del sistema deben incentivarse programas como el de Familias de Acogida Especializada (FAE PRO). “Incentivando a las personas a que participen de proyectos como este, el Tribunal de Familia tendrá la opción de derivar al menor a un hogar normal, y no a una residencia cuando este ha sido vulnerado y esto conllevará que las residencias tengan menos niños, y prestar mejor atención a los que están”, explica Zárate.

Carolina Vilches, directora del programa en La Serena, asegura que la cantidad de familias interesadas en participar es bajo. Actualmente se atienden a 100 niños, niñas y adolescentes, pese a que el programa está diseñado para 40 plazas. “La demanda es tan alta que tenemos que solicitar una subvención especial al Sename”, afirma.

Pero el que 100 niños estén siendo atendidos no significa que la misma cantidad de familias estén colaborando de manera espontánea. Este número corresponde a lo que se denomina “familias extensas”, es decir, tíos, abuelos u otros familiares de los menores que son vulnerados. A la fecha sólo se trabaja con siete “familias externas” que son las que postulan para hacerse cargo de los menores mientras sus derechos son restablecidos. “Deberíamos tener más campañas para que la gente conozca estos programas, porque muchas veces el interés no se manifiesta por desconocimiento. Aquí, previa evaluación, todos pueden postular. Personas casadas, solteras de cualquier sexo”, indicó la profesional invitando a todos “a ser parte de este cambio cultural en la protección de la infancia”.

JUSTICIA JUVENIL, SERVICIO DE RESPONSABILIDAD ADOLESCENTE

Pareciera ser que el énfasis estará en el sistema de protección más que la Justicia Juvenil, pero la Seremi aclara que sólo se trata de una percepción debido a que es en dicha área –protección- donde estarán los mayores cambios, comenzando porque dependerá de otra seremía. “Lo que ocurre es que no había una ley de garantía de derechos de los niños”, precisa, remarcando que en el área de Justicia Juvenil ya existía la ley 20.084 que fundamenta y estructura el trabajo en esta materia, por lo que la tarea legislativa no será tan extensa. “Por ejemplo, cada joven o adolescente infractor de ley con un consumo problemático de drogas o alcohol tiene garantizado su tratamiento ambulatorio, pero en el área de protección no existe ley alguna y todo depende de convenios”, comenta la seremi.

Eso sí, asegura que de ninguna manera la reforma olvidó a este grupo que en la región, en cifras, reúne a 70 jóvenes, que se encuentran en dos centros que administra directamente el Sename. 45 en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Semi cerrado de Las Compañías y 25 en el centro de calle Balmaceda de La Serena que atiende a 25 infractores de ley.

El gran desafío respecto de ellos, cuyos recintos en los que se encuentran, administra directamente el Sename, continúa siendo la reinserción social, y en esta línea, más  recursos también serán fundamentales, tanto para capacitar a los funcionarios como también mejorar la infraestructura facilitando los buenos resultados. “Ya comenzamos una mesa de trabajo en las que se está discutiendo cómo reinsertar a estos jóvenes en el mercado laboral, y por otra parte la nivelación educacional, que los adolescentes que están cumpliendo condenas asistan a clases, y que los que han desertado, puedan volver al sistema escolar”, afirma Valdovinos.

EL CONSENSO EN LA MIRADA INTEGRAL

El exseremi de Justicia Carlos Galleguillos, enfatiza en que, pese en que no comulga del todo con delegar más responsabilidad a los organismos colaboradores a través del aumento de subvenciones, la reforma en general es positiva, porque separa a los niños que están en residencias porque han sido vulnerados en sus derechos de los adolescentes infractores de ley. “Era algo totalmente necesario, porque ayuda disminuir la estigmatización y obliga a que exista una legislación más clara y definida en el ámbito de la protección, donde claramente se está al debe”, insiste la exautoridad.

Respecto a la justicia juvenil, Galleguillos está de acuerdo con que se privilegie el cumplimiento de condenas fuera del régimen cerrado para que “los adolescentes no pierdan el contacto con el entorno libre. Deben tener la vigilancia respectiva de acuerdo al delito, pero no se trata de perpetuarlos o acostumbrarlos a vivir encerrados, porque los estudios demuestran que con esto disminuyen las posibilidades de reinserción”, expresó.

UNA MIRADA EXTERNA

La profesional de la Universidad Católica del Norte, experta en psicología infantil Marisol Urrutia, también ve con buenos ojos las modificaciones en el Sename, sobre todo por lo amplio de las mesas de trabajo que afinan los detalles de los diferentes proyectos de ley.

Pero a Urrutia tampoco le convence que se enfatice tanto en los recursos a las entidades colaboradores. Cree que no es la solución definitiva y, además, fortalecer estas entidades le quitaría poder fiscalizador al Estado algo que ha sido “fatal” para el cuidado de los niños durante la última década. “El Estado no puede perder control sino comenzar a adquirir mayores potestades respecto a la fiscalización y el manejo de los recursos”, expresó.

La psicóloga tiene otra salvedad respecto a un punto en específico. No está convencida de que separar al actual Sename en dos servicios –uno encargado de los menores vulnerados y otro de los Infractores de Ley- sea el camino correcto ya que, asegura, en algunos casos las necesidades de los menores se pueden entrecruzar. “Puede haber un menor vulnerado en sus derechos y que a la vez haya cometido algún delito. Entonces, a mí me gustaría saber qué se va a hacer ahí. Cómo serán los protocolos que implementará Desarrollo Social por un lado, el Ministerio de Justicia por otro, cuando se produzca una situación”, sostuvo Urrutia.

CONSENSO

Pese a que hay algunas discrepancias, en lo que todos coinciden, es en que los cambios eran necesarios. Se valoran los avances que puedan existir en una de las problemáticas sociales más graves que ha enfrentado el país: Resguardar los derechos de los niños y jóvenes más vulnerables. “Son modificaciones que no van dar resultados de la noche a la mañana, pero hay un compromiso con nuestros niños en el cual se está avanzando, y la tarea no es del Gobierno, es de todos”, expresa la seremi Alejandra Valdovinos, dejando claro que nada puede imponerse al interés superior de los menores. 4601iR