Proyecto de ley Aula Segura genera amplio debate entre actores políticos y profesores

“Aula Segura es una medida populista porque surgió como reacción frente a la situación ocurrida en el Instituto Nacional y responde sólo a eso”, manifiesta Mario Sánchez, presidente del Colegio de Profesores de La Serena, quien critica duramente, de igual manera que el resto del Magisterio, el proyecto de Ley firmado el 20 de septiembre para fortalecer las facultades de los directores de colegios, permitiéndoles expulsar de manera inmediata a los alumnos que se vean involucrados en hechos graves de violencia.

No obstante, después de un perdurable debate sobre la aplicación que tendría la Ley, el martes 09 de octubre la Comisión de Constitución del Senado lo declaró  inconstitucional ya que se determinó que la iniciativa no cumplía con los elementos mínimos para garantizar el debido proceso de tramitación.

MEDIDA POPULISTA CON FALTA DE CONDIMENTOS

Jorge Munizaga, presidente del Colegio de Profesores de la Región de Coquimbo, recalcó que la educación preescolar y los protocolos de convivencia son los que deben primar para establecer cualquier normativa que vele por mantener la armonía de cada comunidad educativa.

Manifestó que a partir de lo ocurrido en Santiago, precisamente en el Instituto Nacional, donde alumnos rociaron con bencina a una docente, se evidenció que la comunidad educativa no se encuentra con el suficiente respaldo para ejercer sus funciones.

Piensa que “indudablemente” algo debe hacerse al respecto, pero que el proyecto de Ley “es una opción que puede validarse pero agregándole otros condimentos, ya que llegar y expulsar no es la solución”.

“Hay un tema de larga data que no es fácil de solucionar, como el abandono y desamparo que tienen muchos estudiantes de establecimientos públicos, porque hay que recordar que muchas de estas actitudes violentas son resultado de no haber tenido una familia presente”, dijo.

Para el dirigente Mario Sánchez, este proyecto debería haberse elaborado mucho antes, porque los docentes cuentan con una serie de herramientas que velan por el orden en los recintos educacionales: los reglamentos internos  y los manuales de convivencia. “Y estos no castigan, sino que previenen, pero si estos instrumentos no se renuevan constantemente entraremos en conflicto”.

Tomás Alvarado, presidente del Colegio de Profesores de Coquimbo, señaló que no se le puede negar la educación a nadie y que la expulsión inmediata es inconstitucional “porque la persona que está desarrollando su educación necesita la posibilidad de rehabilitarse, independientemente de sus características conductuales”.

Piensa que estas personas que cometen “graves errores” deben tener la oportunidad de poder reinsertarse en un colegio de características similares que atiendan las necesidades que este requiere. Y en ese sentido critica que un director no puede tomar toda la autoridad en una escuela y que debiese ser la unidad educativa con participación de los profesores los que se hagan cargo de diseñar estrategias de sana convivencia.

PROFESORES DEMANDAN MÁS RESPALDO

Mario Ibacache, profesor del colegio Eusebio Lillo, señala que conoce a varios colegas que han sido agredidos y que existe sólo un respaldo a la comunidad docente por parte del equipo directivo del establecimiento, pero cuando los casos pasan a la Superintendencia o al Ministerio de Educación “siempre el apoyo va a ser para los apoderados y niños”.

Agrega además que “uno tiene que tener mucho cuidado como profesor con todo lo que dice y hace, y eso nos corta las alas ya que muchas veces uno ni opinar puede”.

Marta Carvajal, profesora de la Escuela Quilitapia,  dice que los profesores no se sienten respaldados para denunciar la violencia que sufren porque los derechos del niño los van a amparar más ellos antes que el sacrificio y esfuerzo que hace cada uno de sus pares por educarlos “y muchas veces no podemos proceder en forma muy drástica porque están muy regalones y en sus casas los dejan ser, por lo tanto, necesitamos más respaldo”. 

Carvajal considera que la familia es la base de la formación valórica de cada niño y que la responsabilidad de los docentes es reforzar dicha formación, “entonces cuando cada cual llega a la escuela, lo hace con conductas instauradas desde la familia y para nosotros se nos hace difícil corregirlas en estas condiciones”.

CENTRALIZAR UNA IMPORTANTE DECISIÓN NO ES LA SOLUCIÓN

La directora del liceo Ignacio Carrera Pinto, María Paulina Darrigrande, piensa que es necesario que exista un cambio en la educación y que se les otorgue más atribuciones a los directores de establecimientos educacionales le parece “conveniente, pero para ciertos casos”. Comenta que cada estudiante debe pasar por el debido proceso pero que hay ciertas situaciones graves que ya llegan a ser delito “y en ese sentido, estamos inhabilitados para tomar una medida que permita resguardar la integridad de la comunidad”.

Para Carlos Barahona, director del colegio Jorge Alessandri, es complicado centralizar en una persona la toma de decisiones tan sensibles como la expulsión de un alumno, considerando que este proceso debe ser evaluado y guiado por un colectivo o comisión que logre discutir bien la situación contemplando diversas observaciones.

Dice no ser partidario de este proyecto porque este toma la expulsión como medida de sanción inmediata, no obstante, señala que el procedimiento actual debe mantenerse para evaluar bien la situación y que actuar apresuradamente podría ser injusto para los niños que son acusados pero que finalmente no son responsables del acto violento.

LA FRUSTRACIÓN NO ACOMPAÑA AL DESEMPEÑO

Paula Navarro (16) cursa segundo medio en el Liceo Gabriela Mistral y comenta que no es de muchos amigos, sin embargo, los pocos que tiene son fieles y arrastran una relación desde hace muchos años.

La adolescente dice ser buena alumna y nunca le ha tocado experimentar un caso de violencia en su colegio, pero si se pone en el lugar de una alumna que ha sido culpada injustamente y que debido a eso es expulsada, señala que sentiría una gran pena “ya que intentaría defenderme como pudiera para argumentar mi inocencia y volver a estar con mis compañeros”.

En la misma línea, Llacolen Leal (16), estudiante de tercero medio y presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Gregorio Cordovez, señala que cuando han ocurrido episodios de violencia en el establecimiento se toman las medidas necesarias para controlar la situación conversando con los involucrados y se investiga la causa “pero siempre funciona”. 

Con respecto a las expulsiones, señala que en el colegio jamás se ha tomado esa medida “porque el rector prefiere darle una oportunidad a los jóvenes”. Además, piensa que expulsar a un alumno es segregarlo de un derecho tan importante como es la educación y considera que esa decisión nunca debiese tomarse.

“Somos estudiantes y necesitamos la educación, muchos jóvenes no tienen la oportunidad de estudiar por la situación en que viven sus familias, por lo tanto se les debiese integrar y no segregar”, sentenció.

LOS NIÑOS Y PROFESORES PRIMERO

Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, visitó la Región de Coquimbo a finales de septiembre y en entrevista con diario El Día consignó que Aula Segura es una medida necesaria y que le llama la atención que el gremio de profesores se haya manifestado en contra de esta iniciativa, siendo que el mismo Colegio ha solicitado que se tomen medidas de resguardo para ellos.

“Se le roció bencina a una profesora, y si consideramos que este acto es algo que debe ser discutido en profundidad por si amerita la expulsión de quien ejecuta ese acto, la verdad es que me sorprende que el Colegio de Profesores ponga cortapisas a la aprobación de un proyecto tan necesario como este”, dijo Figueroa.

En la misma línea, el seremi de Educación, Luis Tello, señaló que no se puede hablar de calidad en la educación si no se es capaz de proteger a profesores y alumnos, agregando que nunca ha sido la idea que profesores sean agredidos y que los alumnos y apoderados vivan con temor.

Y respecto a lo ocurrido en la Comisión de Constitución del Senado, considera importante que el proyecto inicie su tramitación porque los directores deben tener la atribución de expulsar, “y ese alumno que sea sorprendido cometiendo actos graves, que son delitos prácticamente, pueda ser separado mientras dura el proceso”.

Asimismo, el seremi agregó que “garantizaremos el derecho a la educación, reubicando al alumno en otro establecimiento educacional y lo haremos con un programa desde el Ministerio de Educación de apoyo psicosocial para el estudiante”.