Diputados llaman a buscar soluciones urgentes por colapso de cárcel de Huachalalume

En su edición de este domingo, Diario El Día reveló la difícil situación que se vive al interior de la Cárcel de Huachalalume en La Serena. Es así como a la falta de personal y apoyo sicológico para los gendarmes, se suma que el recinto se encuentra al límite de su capacidad.

Sin ir más lejos, solo quedan 38 cupos para nuevos presos.

“La cantidad de funcionarios que trabajan en trato directo con la población penal equivale a uno por 120 reos. Hemos llegado a trabajar dos funcionarios para casi 450 internos”, afirmó el  presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes Provincial Elqui, Jokan Garrido.

En tanto, el encargado de la oficina de Clasificación y Segmentación Penal de Huachalalume, Freddy García, agregó que tuvieron una subida progresiva de presos principalmente extranjeros.

“De hecho, estamos a menos de 40 cupos de completar la capacidad máxima del complejo penitenciario, cuyo diseño está estipulado para 2.318 internos. Nuestra labor se ha vuelto cada día más compleja, porque los internos que están llegando al penal son de un contagio criminológico más grande y tienen un prontuario delictual mayor (...) tenemos bandas que están siendo investigadas a nivel país, tales como facciones del Tren de Aragua o el brazo armado de Los Gallegos”, señaló.

Preocupación por el complejo escenario del recinto que se ha extendido a las autoridades locales.

“Concuerdo absolutamente con el toque de alerta que están entregando los funcionarios de Gendarmería, en cuanto a un eventual colapso de la infraestructura carcelaria del penal de Huachalalume. Es una situación que se viene advirtiendo desde hace muchos años, pero que ahora se hace más visible por el aumento de la delincuencia relacionada con la inmigración ilegal y el crimen organizado”, manifestó el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Marco Antonio Sulantay.

Así, complementó que actualmente existe una población migrante de casi dos millones de personas, lo que está haciendo colapsar, no sólo hospitales y recintos educacionales, sino también las cárceles.

“Esto debe ser abordado como política pública desde el gobierno, ya que involucra planes, programaciones y recursos financieros, tanto para incrementar la capacidad de espacios de reclusión, como para mejorar las condiciones económicas del personal a cargo de la custodia de los internos. Lo que sí se puede hacer en el corto plazo es darle vigencia a proyectos de ley que están orientados a bajar la población penal en las cárceles, como por ejemplo, la iniciativa que busca la expulsión y deportación inmediata de los delincuentes extranjeros hacia sus países de origen”, sostuvo el parlamentario.

Por su parte, su compañero de partido y en la corporación, Juan Manuel Fuenzalida, aseguró que desde hace mucho tiempo se conoce que el recinto ubicado en Huachalalume se encuentra colapsado, sobretodo, con las personas que quedan privadas de libertad como consecuencia de procesos que se siguen en el norte no solo por inmigración ilegal, sino también por crimen organizado.

“En ese aspecto, el ejecutivo tiene que reaccionar. Y como se lo planteamos hace mucho tiempo a la ministra del Interior, Carolina Toha y a su subsecretario, Manuel Monsalve, que es hora que pongan en operación la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, que lleva parada más de un año por temas netamente ideológicos”, dijo.

Mientras que el representante de la Democracia Cristiana (DC), Ricardo Cifuentes, aseveró que lo que atraviesa la principal cárcel regional es preocupante y se tiene que resolver urgentemente.

“Es un recinto concesionado y por lo tanto, es posible pensar…de hecho, yo ya tengo una reunión concertada con el director nacional de Concesiones, conversar acerca de esta materia y poder analizar su ampliación. La gracia de este tipo de sistema es esa: que permite agilizar y es más dinámico para buscar soluciones”, añadió.

Entretanto, el diputado de Avancemos Chile, Víctor Pino, afirmó que desde hace varios meses que los gendarmes han estado manifestando dificultades para llevar a cabo su trabajo.

“Me imagino que la mayoría de las licencias médicas que presentan son por estrés, lo que también va supeditado a la carencia de apoyo por parte de la opinión pública. Tal como pasa con Carabineros. Si a eso le sumas la llegada de reos desde otras naciones que son de bandas organizadas, se contamina delictualmente a quienes quizás no estaban tan mal”, agregó.

Por último, la parlamentaria del Partido Comunista (PC), Carolina Tello, señaló que “nos vemos enfrentados a un escenario bastante precario en materia de protección, especialmente sicológica, para los gendarmes. Es urgente avanzar en garantizar sus tratamientos sicológicos, tal como pasa en Santiago, ya que hablamos de labores altamente sensibles. Valoro el alza en la dotación, pero hablamos de condiciones estructurales históricas”.