Lapidario informe de Contraloría evidencia nuevas irregularidades en Corporación GGV

Polémica ha sido la historia que ha acarreado la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, y es que en el Departamento de Educación se pudo constatar que tenía una importante deuda de arrastre, la que incluso motivó la salida de quien era su secretario general –y cercano del alcalde Roberto Jacob- Patricio Bacho, antecedentes que incluso fueron uno de los principales argumentos de un grupo de concejales que buscan la destitución del edil en el Tribunal Electoral Regional (TER).

Ahora, de acuerdo a un detallado informe al que pudo acceder Diario El Día, se desprende que la Contraloría Regional realizó una auditoría a la contratación y pago de servicios del personal a honorarios por parte del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

Dicha auditoría consideró además la realización de un examen de cuentas, en donde la revisión tuvo por finalidad verificar que dichas contrataciones se encuentren debidamente justificadas,  además que el pago tenga relación con las prestaciones realizadas, se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, sus cálculos sean exactos y que estén adecuadamente registrados.

En cuanto a los principales resultados, la Contraloría pudo constatar que entre los años 2020 y 2021 la Corporación Municipal de La Serena pagó servicios a honorarios a 19 personas que no desempeñaron funciones ni prestaron servicios en los establecimientos de atención primaria de salud ni en la unidad de dicho organismo, por $375.765.552 y $385.277.310, respectivamente, alcanzando un pago total “improcedente”, a juicio del ente contralor, de $761.042.862.

Cabe consignar, que dicha situación fue ratificada por la directora del Departamento de Salud de la Corporación, mediante dos memorándums, ambos del 2023.

Al respecto, el ente contralor dio a conocer que se remitirán los antecedentes al Servicio de Salud Coquimbo, a la Fiscalía Local de La Serena y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que en derecho correspondan.

Por otro lado, dentro del mismo informe, se desprende que, al 1 de agosto de 2023, la Corporación Municipal de La Serena mantenía una deuda morosa por distintos conceptos con la Tesorería General de la República ascendente a $2.334.963.575. 

De igual forma, se determinó una deuda impaga por retención de impuestos declarados pero no pagados entre los años 2020 y 2021, equivalente a $2.511.149.950, situaciones que evidencian el incumplimiento por parte de su secretario general de la obligación legal que le imponen los Estatutos de la Corporación, que prevé que esa autoridad “debe controlar debidamente los ingresos de los fondos sociales y supervigilar la contabilidad de la Corporación”.

Al respecto, esa entidad no se refirió a estos conceptos, informando haber firmado un convenio con la Tesorería General de la República, el 24 de febrero de 2023, por un total de $880.848.339, valor correspondiente al año 2021, afirmando que sería el único monto pendiente de impuestos de esa anualidad, pero sin adjuntar el documento en cuestión.

En relación con ello, la Corporación GGV deberá presentar, en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, vale decir desde este lunes, el citado convenio y los antecedentes que lo respaldan, además de complementar su respuesta tanto sobre la deuda morosa al 1 de agosto de 2023, como de aquella derivada de impuestos impagos.

Por otro lado, dado que los recursos públicos transferidos a la corporación, no habrían sido usados para lo que fueron destinados, en específico a lo que dice relación con las retenciones efectuadas, declaradas y no enteradas, la Contraloría remitirá los antecedentes a la Fiscalía Local de La Serena, al Consejo de Defensa del Estado y al Servicio de Impuestos Internos.

En línea con lo anterior, la Contraloría pudo constatar que durante el año 2021 la Corporación pagó servicios a honorarios sin respaldo de su realización por un total de $31.272.696. De igual forma, realizó desembolsos por prestaciones en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), en los SAR y los Centros de Salud Familiar (Cesfam), por un total de $4.862.888, respecto de los cuales los libros de conteo de horas proporcionados no respaldan las horas pagadas ya sea en exceso o en defecto. 

Además, el organismo habría pagado honorarios por un total de $2.648.035, por concepto de extensión horaria, traslados de pacientes de diálisis, entre otros, sin respaldo.

En resumen, se trató de un desembolso total de $38.783.619 por servicios que no pudieron ser acreditados, por lo que la Corporación deberá aclarar la situación observada, proporcionando los antecedentes de respaldo pertinentes, y si procede, deberá obtener el reintegro o la restitución de las sumas involucradas, debiendo remitir la documentación respectiva al organismo fiscalizador.

Otro punto que recoge el documento es que durante la revisión de 256 desembolsos -asociados a 13 prestadores de servicios del Departamento de Salud efectuados en el año 2021- la Corporación no proporcionó los informes mensuales de actividades asociados a 210 pagos de 12 de estas personas por un total de $116.415.384. 

Asimismo, de las revisiones realizadas por el Departamento de Contraloría Interna en los meses de abril, agosto, noviembre y diciembre de 2022 y entre enero y febrero de 2023, fue posible advertir que las situaciones objetadas en el informe de Contraloría durante los años 2020 y 2021 se mantuvieron entre los años 2022 y 2023, sin que el secretario general ni las directoras de los Departamentos de Salud y de Planificación y Desarrollo Institucional hayan adoptado medidas para evitar su reiteración.

Pasando a otra materia, la Contraloría constató que la Corporación, entre los años 2020 y 2023, no realizó las Asambleas Generales de Socios, las que se deben hacen de forma anual, en las que se presentan los balances y la memoria correspondientes.

En igual período, el presidente de la Corporación, vele decir, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, no citó mensualmente a sesionar al directorio, y en consecuencia, el secretario general no presentó los informes trimestrales de su gestión administrativa, ni tampoco habría dado a conocer el presupuesto de entradas y gastos, el balance y la memoria de la Corporación para su aprobación.

Otra de las irregularidades detectadas fue que entre el 2017 y el 2021 el directorio se mantuvo funcionando sin un director, y entre 2017 y 2022 no se designó a uno de sus miembros como Tesorero, omitiéndose la supervigilancia de las finanzas de la corporación de conformidad con los acuerdos del directorio.

Al respecto, la Corporación deberá acreditar la realización de la Asamblea General Ordinaria de Socios y de las reuniones mensuales del directorio a través de las correspondientes actas, como asimismo la rendición por escrito del directorio de la inversión de fondos, el presupuesto de entradas y gastos de 2024 junto con el balance y la memoria de 2023.

En cuanto a la no realización de asambleas, y en consecuencia la falta de rendiciones, la Corporación Municipal argumenta que estando en plena pandemia de COVID –cuya alerta sanitaria fue levantada recién el 31 de agosto de 2023– el encuentro de socios resultaba contradictoria con las instrucciones de la autoridad nacional de salud pública, considerando que en su mayoría se trataba de personas de la tercera edad y con enfermedades de base.

A su vez, la Corporación omite referirse a que el Directorio no ha presentado el balance ni la memoria anual ante la Asamblea General Ordinaria de Socios en marzo de cada año, para su aprobación o rechazo.