CONCEJAL FUE FORMALIZADO POR ABUSO SEXUAL
Buscan posible destitución de concejal Astudillo ante el Tribunal Electoral
Una postura institucional firme dio a conocer la municipalidad de La Serena ante la acusación por abuso sexual que afecta al concejal de la comuna, Alejandro Astudillo.
A través de una declaración oficial leída por la propia alcaldesa Daniela Norambuena junto a los integrantes del concejo municipal, confirmaron que recurrirán ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de la Región de Coquimbo para que dicho organismo jurisdiccional examine los antecedentes que pesan sobre Astudillo y determine, en el marco de sus competencias legales, si existen responsabilidades que ameriten sanciones en su contra, incluida una eventual cesación de su cargo.
En el documento, las autoridades enfatizaron que "resulta indispensable manifestar una posición clara desde la responsabilidad que implica ejercer un cargo de representación popular. En primer lugar, señalamos que respetamos plenamente la presunción de inocencia, el debido proceso y las garantías que reconoce nuestro ordenamiento jurídico. No nos corresponde emitir juicios, establecer responsabilidades penales ni anticipar decisiones que competen exclusivamente a los tribunales de justicia".
No obstante, precisaron que el desempeño de una función pública "también conlleva responsabilidades institucionales, deberes de conducta y exigencias de probidad que deben examinarse conforme a la legislación vigente".
Por ello, formalizaron la decisión de impulsar el requerimiento ante el TER de Coquimbo, para que sea una instancia autónoma la que resuelva conforme a derecho. "Somos enfáticos en señalar que esta acción no constituye una condena anticipada ni atribuye responsabilidades previas. Nuestra intención es que sea el organismo jurisdiccional competente quien, con independencia e imparcialidad, determine si existen antecedentes suficientes para adoptar una resolución", puntualizaron.
Asimismo, las autoridades comunales remarcaron que la confianza ciudadana en las instituciones debe resguardarse mediante actuaciones transparentes, acompañadas de un compromiso irrestricto con la dignidad humana, el respeto a los derechos de las personas y la probidad administrativa.
Al concluir la lectura, la alcaldesa Norambuena reafirmó que la obligación del municipio es actuar dentro del marco legal, sin presiones ni privilegios: "No somos jueces ni nos corresponde juzgar, pero somos representantes de la ciudadanía y tenemos el deber de resguardarla, así como la confianza pública y la responsabilidad que exige un cargo de representación popular".
Las posturas al interior del concejo
Consultada por Diario El Día, la alcaldesa Daniela Norambuena evitó expresar su opinión personal respecto a si Astudillo debiera ser sancionado.
"No voy a emitir ningún juicio de valor ni es algo que me corresponda. Quienes deben ejercer aquello, como corresponde, es el Tribunal Electoral, que es la competencia máxima, y es a ellos a quienes les corresponde fiscalizar, evaluar y finalmente entregar un veredicto", respondió.
Sin embargo, ante la insistencia, Norambuena fue categórica: "Mi postura es que no al acoso sexual a ninguna mujer en este país. Esa es mi respuesta".
Por su parte, la concejala Rayén Pojomovski expresó su rechazo tajante a los hechos investigados, manifestándose abiertamente a favor de la destitución del edil. "Reprochamos lo ocurrido y repudiamos todo tipo de violencia y de acoso, sobre todo, y entendemos también que no por ser concejal o por ser autoridad hay privilegios", señaló, por lo que esperan una pronta resolución del Tribunal Electoral Regional frente a la acción interpuesta.
En la misma línea, el concejal Cristian Marín planteó que deben aplicarse todas las sanciones que correspondan según la normativa vigente, advirtiendo además el complejo escenario interno que enfrenta el cuerpo colegiado. Según reconoció el edil, no será fácil continuar trabajando en la mesa comunal "con una autoridad que arrastra este nivel de cuestionamientos públicos tras las imputaciones formuladas en su contra".
Vías para la cesación del cargo
Para comprender los alcances legales que enfrenta el concejal Alejandro Astudillo, la abogada María José Lira explicó a El Día las implicancias penales y administrativas de este caso.
Según detalló la jurista, el delito de abuso sexual por sorpresa contra una persona mayor de 14 años -tipificado en el artículo 366 inciso 3° del Código Penal- conlleva una pena que va desde presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, entre 61 días y 3 años de privación de libertad, a lo que se suma la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena.
Respecto a la continuidad de Astudillo en el municipio, Lira aclaró que "la formalización no suspende ni remueve al concejal de forma automática", precisando que la cesación definitiva en el cargo solo opera a través de vías independientes entre sí.
La primera corresponde a la vía penal, la cual se concreta únicamente mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada que imponga expresamente la suspensión para el ejercicio del cargo público.
La segunda alternativa es precisamente la vía administrativa ante el Tribunal Electoral Regional, activada ahora por el municipio. "A requerimiento del alcalde o de al menos uno de los concejales en ejercicio, el TER puede destituirlo por contravención grave al principio de probidad administrativa. Esta vía no requiere esperar el fallo penal, pero exige probar la conducta que gravemente vulnera la probidad y, de acogerse, conlleva la cesación en el cargo y una inhabilidad de 5 años para ejercer cargos públicos", explicó la profesional.
Finalmente, la abogada recordó que existe una tercera opción contemplada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, consistente en la salida voluntaria del edil. "El concejal siempre puede presentar su renuncia por motivos justificados, la que debe ser evaluada y aceptada por el propio concejo municipal", explicó la abogada.