El modus operandi de pagos a "funcionarios fantasmas" en Corporación GGV: Supera los $700 millones

Hace unos días, la Contraloría Regional emitió un categórico informe sobre la Corporación Gabriel González Videla, organismo que tiene a su cargo la salud y la educación municipal de La Serena, constatando que entre los años 2020 y 2021, la institución pagó servicios a honorarios a 19 personas que no desempeñaron funciones ni prestaron servicios en los establecimientos de salud, derivando esto en el pago “improcedente” de un total de $761.042.862.

Tras conocerse dicha auditoría, la Corporación Municipal se refirió al caso, informando que han participado “activamente” en la entrega de información, respondiendo a más de 40 requerimientos de la Contraloría Regional de Coquimbo, además de la realización de “investigaciones internas y sumarios administrativos” con anterioridad a la entrega del informe final, que han desencadenado en desvinculaciones de funcionarios, dos desde la administración central y tres sancionados de la Atención Primaria de Salud.

Junto con ello, indicaron que con fecha del 2 de enero de 2022, presentaron una querella en contra de quienes resulten responsables por los delitos de fraude, estafa y otros engaños. Acción judicial que afirman haber ampliado en tres oportunidades, siendo la última el 18 de diciembre de 2023.

En cuanto al contenido de la primera acción legal presentada por la Corporación GGV, en primer lugar aclaran que poseen un sistema informático de remuneraciones denominado “Minerva”, y a dicho soporte acceden diversos encargados con clave personal.

Si bien, estos trabajadores no tienen la calidad de funcionarios públicos, la Contraloría estima que, al administrar fondos públicos, de todas formas podrían tener responsabilidades en su manejo.

En ese sentido, según se desprende de la querella, el día 05 de enero de 2022, debido a una carta de denuncia anónima presentada ante la Contraloría, sumado a publicaciones referentes en redes sociales, se llevaron a cabo una serie de revisiones internas, detectando que hubo cargas al sistema “Minerva” para el pago de boletas de honorarios por parte de la Corporación, a personas que “no tienen, ni han tenido, vínculo contractual alguno con la institución”.

Es más, en la denuncia se sindica a C. R. M. con 27 boletas de honorarios, 9 en el año 2020 y 18 en año 2021, con una suma total de $65.458.888. Así como a T.M.F. con 7 documentos, una el 2016 y 6 durante el 2017, por $7.250.000.

También se logró encontrar evidencia de dos pagos por parte de la Corporación a una empresa con facturas emitidas, desconociéndose la generación de las cancelaciones, y su existencia, por $89.012 y $470.050.

El accionista de dicha empresa es C.A.M.F. , quien sería cónyuge de una ex funcionaria de la Corporación y Coordinadora del Departamento de Salud municipal, identificada con las iniciales N.C.M., quien presentó su renuncia voluntaria el pasado 18 de enero de 2022. 

Al respecto, la querella consigna que “esta trabajadora tenía entre otras tareas, hacer la primera visación para el pago de las boletas de honorarios y servicios y asesorías descritas y no realizadas”.

Además, la Corporación dio a conocer que está en un proceso de revisión de fondos por rendir encargados a N.C.M, por un monto ascendente a $351.872.556 entre los años 2015 a 2021.

EL MODUS OPERANDI

Luego de reunir una serie de antecedentes, la Corporación Municipal Gabriel González Videla, ha presentado ampliaciones de la querella debido a que se han detectado una serie de irregularidades respecto de prestadores de servicios que no tenían dicha calidad ni ningún vínculo contractual, particularmente, durante los años 2020 y 2021.

En este contexto, la entidad informó que ha mantenido -desde que tomó conocimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito- un proceso interno de revisión profunda de su gestión institucional, en conjunto con la Contraloría Regional de Coquimbo en su calidad de órgano fiscalizador de los servicios públicos y aquellos que perciben fondos estatales destinados a fines específicos, como es el caso de la institución. 

En ese sentido, las boletas de prestación de servicios detectadas como “irregulares”, totalizan la suma de $217.586.000, por tanto, un detrimento significativo en el patrimonio de la Corporación Municipal, considerando además el origen de los fondos mediante el cual se pagaron.

En detalle, las boletas de 10 personas fueron emitidas por servicios prestados en virtud de los convenios de Detección, intervención y referencia asistida en alcohol, tabaco y drogas, Athtripan y Centro Tratamiento CIP (Centro de internación provisoria) y CRC (Centro de régimen cerrado).

Dichos convenios fueron ejecutados durante el periodo 2020 y 2021. Cabe hacer presente que estos contratos fueron suscritos entre el Servicio de Salud Coquimbo y la Municipalidad de La Serena, mediante los cuales, el primero transfiere ciertos fondos para la ejecución de dichos programas de salud, los que son llevados a cabo por la Corporación Municipal Gabriel González Videla, al ser éste el ente administrador de la Red de Atención Primaria de Salud Municipal.

De esta manera, cada convenio contaba con una coordinación ejercida por un funcionario del Departamento de Salud de la Corporación Municipal, quien estaba a cargo de realizar el reclutamiento de personal, recepción, revisión y visación de las boletas de los prestadores.

Cabe precisar que, la coordinación estaba a cargo de la ex funcionaria del Departamento de Salud, N.C.M., quien habría sobrepasado los controles internos de la institución y habría participado en la recepción, visación y tramitación para pago de estas boletas de prestadores que no mantenían ningún vínculo contractual con la Corporación y se habría llevado a cabo en colaboración de otros funcionarios de la institución, particularmente, con su cónyuge. 

Por otro lado, del análisis interno realizado en la Corporación Municipal, aseguran que no se encontró ningún antecedente de las personas presuntamente sindicadas, vale decir, que no tienen orden de trabajo, ni contrato de honorarios o algún otro antecedente que permita vincularlas como prestadores de servicios. 

Al respecto, a juicio del organismo, “existiría una maquinación, ardid o puesta en escena para lograr engañar a la Corporación Municipal, con manejo de situaciones y ejecución de actos, que hacían creíbles las prestaciones o servicios que no se hicieron, y que lograron que se autorizaran los pagos indicados a través de boletas de honorarios a personas naturales, con quien la Corporación no ha tenido ni tiene vínculo contractual alguno, y si lo tenía, estos trabajos nunca se ejecutaron, causando un perjuicio hasta ahora, estimado en $217.586.000”. 

En su informe, la Contraloría también advirtió la millonaria deuda con el fisco por distintos conceptos que asciende a $2.334.963.575 y una deuda impaga por retención de impuestos declarados pero no pagados entre 2020 y 2021, equivalentes a $2.511.149.950.

Sobre esto, se señala que con fecha 24 de febrero, se suscribió un convenio con la Tesorería General de la República, sin embargo, no se adjuntó documentación. En su declaración, la Corporación indicó que “los antecedentes serán entregados al organismo fiscalizador en los plazos estipulados”.

Fue el pasado viernes cuando la Contraloría Regional emitió la auditoría a la Corporación GGV, en donde daba cuenta no solo de millonarios pagos por trabajos no realizados, sino que además una deuda con el fisco por más de $2.300 millones y la falta de reuniones de directorio.

En el documento se apunta a N.C.M, exfuncionaria que estaba a cargo de la coordinación de un convenio de salud, quien habría sobrepasado los controles internos de la institución y habría participado en la recepción, visación y tramitación para pago de estas boletas de prestadores que no mantenían ningún vínculo contractual con la Corporación. Lo anterior, se habría llevado a cabo en colaboración con otros trabajadores de la institución, particularmente, con su cónyuge.