Remezón en el escenario político

Las razones de la jueza para dejar en prisión preventiva a alcalde Daniel Jadue

El alcalde de Recoleta hará ingreso al anexo Capitán Yaber, aunque ya anunció que apelará a la medida del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Su permanencia en el cargo a la cabeza del municipio fue determinante para determinar la cautelar. En conversación con El Día, el cientista político Luis Moncayo analiza las claves de la noticia que se tomó la jornada.
martes 04 de junio de 2024

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó ayer la medida cautelar de prisión preventiva contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, formalizado por la Fiscalía Centro Norte como autor de delitos de corrupción, que van desde administración desleal a estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco.

El tribunal, atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, consideró la libertad del militante del Partido Comunista como un peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando su ingreso al anexo Capitán Yaber, donde deberá cumplir con la medida cautelar.

“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar”, dijo Jadue tras conocer la decisión de la justicia, anunciando con ello que apelará a la medida, que calificó como “desproporcionada”.

Por qué va a prisión

La jueza Paulina Moya explicó la argumentación del tribunal para decretar la prisión preventiva en la causa.

Según dijo, se tomó en cuenta la gravedad de la pena asociada a los delitos, que tienen como máximo los 15 años de cárcel. También consideró que gran parte de los hechos formalizados se consideran “delitos funcionarios, cuyos bienes jurídicos asociados buscan mantener la integridad y honestidad en el ejercicio de la función pública”.

Frente a esto, consideró que medidas de menor intensidad eran “insuficientes para asegurar la finalidad del procedimiento.

Un hecho determinante es que Daniel Jadue, como alcalde en ejercicio hasta fines de este año, tiene un rol directo en la gestión financiera del municipio y, por tanto, una posición que implica “relación directa y esencial con la administración de recursos”.

Finalmente, indicó que “no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración”.

Remezón en escenario político

El cientista político Luis Moncayo abordó en conversación con El Día las principales claves del hecho que se tomó la jornada.

En primer término, indicó que se debe dejar por sentado que “estamos ante un pronunciamiento de una medida precautoria de una juez, en vista de los antecedentes que tuvo a la mano y que fueron entregados por el Ministerio Público y también por la defensa del alcalde”.

En ese sentido, recalcó que “a unos les podrá agradar, a otros no”, pero es un pronunciamiento de un tribunal y, por tanto, “corresponde respetarlo y esperar que se haga toda la investigación hasta que haya un fallo final”.

En esa línea analizó el “efecto político” de la formalización, que afecta a un alcalde en ejercicio, de una comuna relevante como Recoleta y que además milita en un partido político de Gobierno. Bajo ese punto de vista, indicó que tanto oficialismo como oposición deben dejar “que el Poder Judicial actúe”.

Un hecho que ha quedado en evidencia, dice Moncayo, es que el partido lo ha defendido públicamente, incluso con “medidas de presión” en la víspera del fallo. Lo anterior contrasta con una postura del Gobierno en sí, que calificó como “correcta”, al reiterar el respeto de la independencia del Poder Judicial. “Eso creo que es sano para el país y sano para las instituciones”, dijo.

Frente a lo mediático, señaló que “lo que ocurra en las declaraciones de los partidos oficialistas y de oposición, creo que es parte del paisaje. Va a haber todo tipo de declaraciones estos días (…), pero no creo que tenga un efecto significativo para el funcionamiento de las instituciones, ni creo que vaya a tener efecto negativo para el desenvolvimiento del gobierno”.

Corrupción y poco control

La prisión preventiva del alcalde Jadue no es la primera decretada contra un edil, pues su caso no es el primero ni el último que termina en tribunales por hechos de corrupción, algo que ha incidido directamente en la crisis de representación e institucional en el país.

En la Región de Coquimbo, ha sido mediático el caso de la exintendenta Lucía Pinto y sin ir más lejos, de la gobernadora Krist Naranjo, ambas indagadas en el contexto de querellas por fraude al fisco. En el caso de la última, ocupando un cargo de votación popular.

Frente a esto, Luis Moncayo considera que estos hechos evidencian “una debilidad del sistema político chileno”, que es el escaso control una vez que asumen sus funciones, tanto para el Concejo Municipal en el caso de alcaldes como para el Consejo Regional, en el caso de gobernadores.

Si bien la normativa les da facultades fiscalizadoras, “no les entrega herramientas para que esta fiscalización sea efectiva y eficaz”, dice el experto, que apuesta por modificaciones legales que puedan atener esta falla. “Porque los órganos, precisamente por ser colegiados, pueden controlar más a las autoridades cuando estas cometen faltas o delitos”, explica. 

“Hay que entregarles más poder a los órganos colegiados, porque ahí se produce un control social que hace más difícil la comisión de faltas o delitos y negligencias. Hoy los alcaldes no tienen ningún control, por eso hay tantos casos en que municipios están siendo sometidos a proceso a lo largo del país”, agregó.

¿Choca esto con el respaldo que le da el voto a esas mismas autoridades? Sobre esto, Moncayo considera que existe otro vacío, debido a la falta de un voto revocatorio, en que la ciudadanía podría quitar esa facultad para que figuras altamente cuestionadas continúen en sus cargos.

Un intento en esa materia presentó la Comisión Asesora Presidencial del primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, pero no vio la luz. “Propuso la institución del voto revocatorio como una sana medida de control de la ciudadanía sobre las autoridades electas, cuando éstas no responden a la confianza ciudadana”, comentó.