Por secuestro de comerciante en Pichidangui

Inubicables: La trastienda del “error judicial” que dejó libres a miembros del Tren de Aragua

El Juzgado de Garantía de Los Vilos consideró “impresentable” que el representante del Ministerio Público no estuviera al tanto de los detalles de la carpeta de investigación y modificó las cautelares de cinco imputados con el pago de una caución. La decisión fue revertida ayer por la Corte de Apelaciones de La Serena, mientras desde el mundo político se sumaban rechazos a lo ocurrido.
jueves 06 de junio de 2024

“Esto me parece impresentable, porque estamos hablando de una de las causas más emblemáticas que tiene la Fiscalía Local de Los Vilos y usted me está haciendo alegaciones de este tipo”.

Con estas palabras, la jueza de Garantía, Daniela Pinto, quiso “dejar constancia” de los argumentos presentados por Luis Soto, asistente de fiscal que representó al Ministerio Público en una audiencia de revisión de cautelares realizada el lunes 3 de junio en el Juzgado de Garantía de la comuna.

La instancia, vale señalar, terminó con la revocación de la prisión preventiva de cinco sujetos que formarían parte del Tren de Aragua, y que serían los responsables del secuestro de un comerciante en Pichidangui en diciembre de 2023.

De acuerdo a los antecedes del caso, el hombre, de nacionalidad venezolana, fue capturado por sujetos que afirmaron ser de dicha organización criminal, quienes lo trasladaron hasta la comuna de Punitaqui y posteriormente a Valparaíso, hasta que fue liberado días más tarde mediante el pago de $31 millones de pesos.

La investigación del caso llevó a la detención de siete individuos, todos extranjeros irregulares, que fueron enviados a prisión preventiva.

Es en este contexto que tuvo lugar la polémica audiencia, donde se fijó el pago de una caución de $5 millones para que cinco de los imputados quedaran con arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional. 

La resolución, cabe señalar, deja en un complejo estado la causa, pues si bien fue revertida ayer por la Corte de Apelaciones de La Serena (ver recuadro), el egreso de los imputados ya se había concretado, ya que el Ministerio Público tampoco hizo uso de su facultad de apelar de inmediato a la decisión de la jueza, lo que habría permitido suspender la medida a espera de la revisión del tribunal de alzada.

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“¿Le creo a usted solamente?”

La audiencia del lunes duró más de una hora. Cuatro defensores distintos alegaron para obtener medidas cautelares menos intensas que la prisión preventiva para sus representados.

Luego vino el turno para que el representante de la Fiscalía defendiera la encarcelación de los individuos, considerados como un peligro para la seguridad de la sociedad, pero las intervenciones de Luis Soto colmaron la paciencia de la magistrada.

La respuesta del persecutor comenzó con los planteamientos de la última abogada en exponer. La jurista representa a un hombre situado por la fiscalía como “vigilante” de la organización criminal. Éste, según la indagatoria, estaba en conocimiento de altas sumas de dinero que manejaba la víctima y habría realizado seguimiento de la misma a bordo de vehículos y con un dron.

Para la defensa, se trata de presunciones no fundadas. En ese sentido, argumentó que no había registro en el material recopilado desde el dron que diera luces de una vigilancia al hombre secuestrado, y sobre el vehículo, se sostuvo que era ocupado por una familiar, que lo utilizaba para trasladarse a su trabajo, ubicado en la misma calle donde ocurrieron los hechos.

Para el fiscal, lo indicado por la defensa no hacían variar las condiciones de la aprehensión del imputado y no aportaban a su parecer antecedentes nuevos para hacer variar la cautelar. Sin embargo, la jueza pidió “más precisión”, tras lo que el representante del Ministerio Público reconoció desconocer el resultado de las pericias realizadas.

La jueza fue tajante. “No me da ningún antecedente, fiscal. Usted tiene que venir con un estudio elaborado de la causa y decirme cuáles son los antecedentes concretos en los que usted puede fundar esta participación y por qué a la fecha se mantiene. Las defensas están haciendo alegaciones precisas y específicas y usted no puede hacer alegaciones generales. ¿Cómo me pronuncio? ¿Le creo a usted solamente?”, cuestionó al jueza.

El tenor de la audiencia no varió en lo referido al resto de los imputados, lo que la magistrada calificó de “impresentable”. Y finalmente, dio a conocer su decisión.

“A propósito de esta falta de conocimiento de los antecedentes de la carpeta investigativa, la magistratura no se encuentra en condiciones de poder determinar, más allá de aquello que se tuvo en vista en el control de la detención, que se mantienen aquellos presupuestos de investigación fiscal”, dijo.

Cabe señalar que la magistrado indicó que oficiaría al fiscal local de Los Vilos por la poca preparación del representante del Ministerio Público. En tanto, en una declaración pública emitida el día de ayer, la Fiscalía Regional de Coquimbo informó que se dispuso una investigación administrativa por estos hechos.

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Reacciones

Tal como se esperaba, el hecho ha generado revuelo e incluso desde el gobierno se refirieron al caso.

“La magistrado dijo que no había sido bueno el planteamiento de la Fiscalía. Habrá otras opiniones respecto a que no fue buena la decisión de la magistrado. Aquí los organismos, tanto la Fiscalía como los tribunales tienen mecanismos para evaluar si el comportamiento de ambos funcionarios fue el correcto”, indicó la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmando que, para el Ejecutivo, pese a ser una decisión de un órgano autónomo, “preocupa mucho”.

Consultados por El Día, diputados por la región entregaron su visión.

Es así como el diputado Juan Manuel Fuenzalida calificó como “impresentable” la decisión del tribunal y “poco prolijo” el trabajo del fiscal, indicando que “justificar una medida cautelar de esa índole requiere preparación”. En ese sentido, lo consideró “un mal precedente” y junto con medidas de la Corte, insta a acciones del Ministerio Público, pues “si los fiscales no están preparados para sostener sus solicitudes, me parece que no están haciendo la pega”.

Por su parte, la diputada Nathalie Castillo, junto con esperar que el hecho pueda revertirse, remarcó que “se espera que la criminalidad y personas que actúan fuera de la ley tengan las medidas cautelares ad hoc, más cuando se trata de un tema sensible para la comunidad”.

En tanto, el diputado Victor Pino dijo que “los tres poderes del Estado deben unir esfuerzos” contra el crimen organizado y consideró “preocupante que se cometan errores en una investigación judicial tan relevante”.

“Cada fallo, cada error, no solo socava la confianza pública en nuestras instituciones, sino que también deja una ventaja a quienes buscan sembrar el caos y la inseguridad en nuestro país”, agregó.

Por su parte, Marco Antonio Sulantay indicó que el hecho evidencia “la falta de proyectos de ley para acotar, precisar y modernizar la legislación para combatir con herramientas jurídicas adecuadas el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado”. En ese sentido apuntó al trabajo del Ejecutivo que a su parecer “elige distraer al parlamento con iniciativas como el aborto libre, la eutanasia y la condonación del CAE”.

A raíz de los hechos, el senador Matías Walker anunció un proyecto de ley para que, existiendo presunciones fundadas de pertenencia a bandas de crimen organizado por parte de un imputado “no se les pueda otorgar la libertad bajo fianza” y se disponga la prisión preventiva.

Corte revierte libertad

La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva de los imputados, indicando que la resolución del Juzgado de Garantía “no contiene en su texto alteración alguna respecto de la concurrencia de los requisitos de las letras a) y b) del artículo 140 de Código Procesal Penal respecto a los delitos por los cuales se encuentran formalizados los imputados”.

Asimismo, se establece que “no se aportó por parte de ninguno de los letrados que asistieron elemento de juicio alguno que permitiera entender una modificación de las circunstancias que justificaría mutar la medida cautelar primitivamente impuesta, como lo hizo la jueza a quo”.

“En otras palabras, nos encontramos en un escenario idéntico a aquel que motivó, en su momento, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva para cada uno de los encartados”, concluyó.