BANDAS DELICTUALES SE HAN TOMADO SECTORES AISLADOS DEL TERRITORIO

Delito desafía a las policías: Homicidios, “mexicanas” y vendettas se toman las zonas rurales

Las autoridades reconocen la presencia de estas bandas en las provincias de Limarí y Choapa, las que protagonizan otra serie de delitos, como los ajustes de cuenta entre ellos. Desde la PDI advierten que estos grupos cuentan además, con gran armamento, los que los hace doblemente peligrosos, pero que sus funcionarios están preparados para combatirlos.
sábado 08 de junio de 2024

El pasado 2 de junio, un hecho policial en la zona rural de la Región de Coquimbo dejó un saldo de dos fallecidos y un herido por arma de fuego en el sector de Campanario. Aunque geográficamente pertenece a Monte Patria, el único acceso es a través de Pichasca, comuna de Río Hurtado. Según los primeros antecedentes, esto se habría generado por un intento de robo de droga entre bandas rivales.

Lo cierto es que este incidente ha despertado gran preocupación de las autoridades, quienes observan cómo lo ocurrido en Campanario se suma a otros eventos violentos relacionados con el narcotráfico en la región. Estos incluyen la muerte de un hombre en Canela durante una transacción de droga y el hallazgo de un cadáver en Cavilolén, donde un sujeto que cuidaba una plantación de marihuana fue asesinado por desconocidos.

Para las autoridades, abordar estos temas es complejo debido a la lejanía y soledad de los lugares donde ocurren estos hechos, lo que dificulta la obtención de información. El prefecto inspector Ernesto León Bórquez, jefe de la PDI en la Región de Coquimbo, reconoce que no tiene certeza si ha aumentado la presencia de bandas de narcotráfico en las zonas rurales, pero sí han ocurrido algunos incidentes relevantes que mantienen a la policía en alerta y en investigación. “Específicamente, estamos investigando dos o tres casos importantes en Pichasca, Canela e Illapel, junto con el Ministerio Público”, sostuvo León. Asimismo, el oficial también confirmó que las provincias de Limarí y Choapa son las áreas con mayor presencia de narcocultivo en la región. “En estos lugares se generan condiciones propicias para los robos de droga, lo que ha resultado en muertes. Estamos trabajando intensamente con equipos investigativos las 24 horas para aportar las pruebas necesarias al Ministerio Público y llevar a los responsables ante la justicia”, afirmó.

No obstante, el jefe regional de la PDI afirmó que resolver estos casos en áreas rurales es más difícil debido a la falta de algunos recursos. “Aunque trabajamos arduamente para obtener pruebas y resultados, la falta de testigos y tecnología como cámaras de seguridad dificulta el proceso”, añadió. A su vez, Ernesto León indicó que, si bien la mayoría de los habitantes de estas zonas rurales son personas de trabajo y nada tienen que ver con estos hechos delictuales, existe otro grupo menor que se deja avasallar por estas organizaciones criminales. “Algunos les cooperan y se ven involucrados, pero tarde o temprano van a caer en las garras de la justicia. Nosotros llegamos al rincón más recóndito de la región con nuestra investigación”, señaló el oficial policial. Sin embargo, reconoce que estos grupos que se ubican en estas zonas están también bien armados, lo que los hace doblemente peligrosos. “Pero nosotros como institución también contamos con armas y no tenemos miedo de usarlas, así que cuando se vean enfrentados a la policía sepan que no tenemos temor y vamos a responder con la mayor de las fuerzas y la letalidad que corresponda al ataque que recibimos”, afirmó el prefecto.

TEMOR A DENUNCIAR

Consultado por El Día, el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, informó que la mayoría de los crímenes ocurridos en los últimos tres años tienen a sus autores identificados y en prisión preventiva o con órdenes de detención. “Pero hemos detectado que algunos de estos incidentes están relacionados con robos de droga en sectores como Quilimarí, Los Vilos, Illapel y Ovalle”, explicó Cáceres. Al respecto, el jefe de la Brigada de Homicidios sostiene que antes no se daban, en esta cantidad, las quitadas de droga, y las que ocurrían, no eran denunciadas. “En la actualidad, como han ocurrido y dejado fallecidos, tienen que dar cuenta a la autoridad y es en ese momento que nos hacemos parte como brigada”, explica el PDI. En ese sentido, Cáceres reconoce que existen otros casos, a los ya conocidos en las últimas semanas, que se investigan como homicidios relacionados con el tema de droga. “Pero los imputados están identificados y con tramitación de órdenes de detención por parte del Ministerio Público”, afirma el subprefecto. Eso sí, advierte que en estos sectores rurales existe un temor evidente a estas bandas que se han instalado en algunas localidades. “Cuando uno empadrona, una de las grandes dificultades es que no se encuentran fácilmente testigos presenciales y que puedan declarar en una causa. Otra dificultad que presenta la geografía y las condiciones, es que muchas veces uno recurre a las cámaras y en estos sectores no hay ni energía eléctrica, menos cámaras”, indicó el jefe de la BH.

Por su parte, desde el Ministerio Público, a través de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, indicaron que se está desarrollando un enfoque regional sobre el tráfico de drogas y armas que incluye todo el territorio de la región. Además, todos los fiscales regionales de la zona norte del país, desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo, están analizando estos fenómenos criminales en conjunto con autoridades policiales y otras entidades gubernamentales. En ese contexto, Patricio Cooper, fiscal regional de Coquimbo, reconoció que el crimen organizado está presente en la región, especialmente en los valles del Limarí y Choapa. “La única forma de combatir el crimen organizado es con intercambio de información entre regiones y distintas instituciones”, reflexionó Cooper.

VISIÓN DE EXPERTOS

A juicio de quienes estudian el fenómeno del narcotráfico, la llegada de estas bandas a la zona es un fenómeno complejo de abordar, pero valoran que los organismos policiales y persecutorios cuentan con las herramientas para hacerlo. Para Adrián Vega, exfiscal regional, el aumento de la demanda de marihuana ha hecho más atractiva la actividad ilícita, lo que ha llevado a un aumento en los delitos relacionados, como robos de droga y secuestros. “Las quitadas de droga generalmente no se denuncian y se reivindican con represalias violentas, dando lugar al sicariato y al tráfico de armas”, subrayó Vega. En ese sentido, Vega también señaló que la actividad ilícita contribuye a las economías locales, atrayendo a nuevos integrantes. Por lo mismo, el abogado advirtió que las policías antidroga, como la PDI (BRIANTCO) y Carabineros (OS7), necesitan más recursos y tecnología para una investigación más efectiva. Por su parte, Jorge Tobar, exgeneral de Carabineros, indicó que las investigaciones deben considerar múltiples hipótesis para explicar los homicidios recientes, aunque puntualizó que el crimen organizado en la región está vinculado, básicamente, al cultivo de marihuana. “La evidencia internacional indica que cuando el crimen organizado tiene su principal activo comercial en la marihuana o drogas en general, el ajuste de cuenta es un hecho normal en este tipo de procesos”, indicó Tobar. Según su parecer, se debe llevar a cabo una investigación de larga data para apuntar al desmantelamiento progresivo de los grupos criminales que están operando en Choapa. “Creo que con la ECOH de la fiscalía estos procesos de investigación van a dar frutos prontamente. El ajuste de cuentas es una manera normal que los superiores están revisando su vinculación con los suyos o con los otros, ya sea socios y enemigos competitivos”, aseveró el profesional.

ALCALDES PREOCUPADOS

Las autoridades locales que han visto llegar estas bandas a sus territorios afirman que es un tema que genera mucha preocupación en sus habitantes. Para el alcalde de Punitaqui, Carlos Araya, de acuerdo a los antecedentes y datos estadísticos, los procedimientos policiales van en aumento debido al incremento en las incautaciones por parte de la policía en sectores rurales. Esto ha resultado en decomisos importantes de droga, armas, munición y bienes, haciendo necesario que el OS7 desarrolle procedimientos permanentes en las zonas más alejadas de la comuna. “En este sentido, invitamos a todos los vecinos y vecinas a seguir creyendo en el sistema procesal penal y a denunciar la existencia de estos delitos, ya que ellos también tienen gran responsabilidad”, sostuvo Araya. Asimismo, Araya afirmó que, como municipio, están trabajando en alianza con instituciones de seguridad como Carabineros, Investigaciones y el Ministerio Público, entre otros.

Por su parte, el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, calificó a estas bandas como “verdaderos carteles, bandas organizadas, en algunos casos con personas extranjeras, que trabajan o lideran (estas asociaciones criminales)”. El alcalde asegura que, desde hace larga data, vienen denunciando la expansión del narcotráfico y planteando la necesidad de contar con el OS7 de Carabineros en la comuna. “Aunque no llegó el OS7, estamos conformes con el trabajo realizado en poco tiempo en nuestra provincia. Esperamos que continúen combatiendo estos narcocultivos y organizaciones criminales. Lo que pasó en Río Hurtado fue una situación dramática que podría haber afectado a alguna familia de nuestra comuna. No queremos que el narcotráfico nos gane y contamine a nuestros jóvenes y productores agropecuarios. Necesitamos intensificar la labor y combatir estos narcocultivos en nuestra precordillera y cordillera”, advirtió.

Por su parte, la alcaldesa de Río Hurtado, Carmen Juana Olivares, si bien reconoce que existe preocupación en su comuna, desconoce si ha habido un aumento en la actividad delictiva o si las policías están más activas, realizando más descubrimiento de droga. “Lo 

que se ha notado en los decomisos es que son personas ajenas a la comuna y de otras nacionalidades. En lo cotidiano, en la comuna no existe una presencia visible de tanta población extranjera, por lo que las noticias de sus detenciones nos generan sorpresa. Deben estar escondidos entre los cerros, lo que au- menta la preocupación”, aseveró la edil. En ese contexto, Olivares lamenta que su comuna se use como un “corredor” de la droga desde zonas cordilleranas, pero confía en el trabajo realizado por el OS7 y la PDI. “Nuestra gente muchas veces siente temor y no hace las denuncias. Por eso, el llamado es a hacerlas de forma anónima en Carabineros o PDI. Esperamos que nuestros pobladores no se involucren en estos ilícitos, ya que es muy peligroso para sus vidas y las de sus familiares”, aseveró la autoridad.