Armas, municiones y drogas: El arsenal hallado en casa de gendarmes de Huachalalume

Autoridades realizaron un punto de prensa en Santiago este lunes para ahondar en los detalles de la investigación que terminó con la desarticulación de una red de tráfico de armas desde recintos carcelarios en el país.

En este contexto, recordemos, se informó la detención de nueve funcionarios de Gendarmería y otro que había  sido dado de baja, correspondientes al personal que presta servicios en el Complejo Penitenciario de La Serena, en Huachalalume.

En contraste al impacto que ha tenido en la opinión pública, hasta ahora existía escasa información disponible en cuanto a las implicancias locales de la noticia, debido a la reserva de la investigación.  Es más, en entrevista con El Día, el abogado defensor de los funcionarios imputados, Carlo Silva, criticó la falta de claridad respecto a las imputaciones.

La resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que dio lugar a las detenciones, dijo el jurista, mencionaba en términos generales delitos de cohecho y lavado de activos.

Cabe mencionar que el abogado adelantó además que se solicitará la nulidad del operativo y el levantamiento parcial del secreto de las indagatorias, de cara la audiencia de formalización que tendrá lugar el día de hoy martes en el mencionado tribunal.

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¿CÓMO OPERABAN LOS GENDARMES?

En el encuentro con la prensa este lunes, donde se exhibieron bienes incautados en el procedimiento, el fiscal metropolitano occidente, Marcos Pastén, ahondó en nuevos aspectos de la denominada operación “Punto 40”, que desbarató una red que, desde dentro de las cárceles, traficaba armas de fuego y municiones para ser utilizadas en la comisión de distintos delitos en el exterior.

Según explicó el persecutor, las indagatorias parten en los penales por directrices de la Fiscalía Nacional y se extendió a los gendarmes debido a “información residual” que dio cuenta de ilícitos. Todo es abordado en un foco investigativo de crimen dentro de recintos penitenciarios.

“Con información residual, se encontró y se ubicó una red de funcionarios activos de Gendarmería que en la Cuarta Región se dedicaban a hacer ingreso hacia el establecimiento penitenciario de distintos elementos prohibidos por el reglamento, previo pago de sumas de dinero por parte de internos y sus familiares”, sostuvo.

Sobre el procedimiento, llevado a cabo por el GOPE en los domicilios de los detenidos, indicó que se encontraron elementos como dinero en efectivo, drogas, municiones y armas de fuego.

“Teníamos la percepción de que en sus propios domicilios guardaban también sustancias que eventualmente podían ingresar a los establecimientos penitenciarios”, señaló.

En total, incluyendo a los gendarmes de la La Serena, son 14 los funcionarios detenidos. Además, existen seis internos de cinco distintas cárceles del país imputados en la causa. Todos comparecerán en la audiencia de formalización de esta jornada.

“Una de las premisas para atacar el crimen organizado es atacar conjuntamente la corrupción. No sacamos nada con desbaratar bandas de crimen organizado si tenemos funcionarios públicos de cualquier institución que puedan estar involucrados en estos hechos. La mayor parte de las bandas  que operan en el país, como el Tren de Aragua, los Trinitarios o Choneros, tienen origen carcelario. Por lo tanto es de toda coherencia la investigación del crimen organizado al interior de los recintos penitenciarios”, agregó.

Serán dados de baja

El inspector operativo (S) de Gendarmería, coronel Rubén Pérez, se refirió a la situación de los funcionarios detenidos, afirmando que serán dados de baja.
“Se está tramitando aquello y de cara a la formalización que está prevista para el día martes se tomará esa decisión. Estamos al tanto de que estos procedimientos administrativos se están adoptando”, indicó.

El coronel afirmó que la institución está “comprometida con la probidad” y reafirmó la “tolerancia cero de esos casos que comprobadamente han incurrido en actos reñidos con el ‘deber ser’ de un funcionario penitenciario”.
En el mismo sentido repasó las estadísticas que muestran la cantidad de funcionarios expulsados por hechos de este tipo: 108 en 2022, 158 en 2023 y 318 en el año a la fecha.

Lo anterior “demuestra que estamos investigando intensamente y con decisión. Estamos transparentando el accionar de Gendarmería donde hay gente que se puede desviar del camino”, dijo.

Asimismo, afirmó que “debemos ser justos con que la mayor parte de los funcionarios y funcionarias que integran las filas de Gendarmería son personas honestas, abnegadas, que se desempeñan la mayor parte del tiempo en condiciones adversas, de inferioridad numérica y dentro de ambientes altamente corrosivos en lo moral y cargado por la violencia en el actual contexto nacional”.