“No conocemos los motivos”: Abogado de gendarmes apunta a imputación “arbitraria” y operativo violento

Para mañana martes está fijada la audiencia de formalización de los gendarmes detenidos en la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente que desbarató una red de tráfico de armas, liderada desde la cárcel.

Cabe señalar que, de acuerdo a los antecedentes recabados por El Día, serían nueve funcionarios activos de la cárcel de Huachalalume, además de un exfuncionario dado de baja por otra causa, quienes estarían involucrados a nivel local en el caso que tiene ribetes nacionales.

Desde la Fiscalía indicaron a nuestro medio que en la instancia se presentará a un total de 14 detenidos, entre los que se encuentran los mencionados funcionarios de La Serena. Además, serán trasladados seis internos de distintos penales, indagados como miembros de la red delictual.

El caso se ha manejado en completo hermetismo, ya que se decretó secreto de la investigación, por lo que se desconocen mayores detalles.

Defensa pedirá la nulidad

Ad portas de la audiencia, El Día conversó con el abogado Carlo Silva, quien representa a los gendarmes detenidos.

El defensor indicó que se espera alegar la nulidad de la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que ordenó la captura de los imputados. Por otro lado, pedirán el levantamiento parcial del secreto de la investigación.

“No puedo entregar información concreta y certera del proceso, puesto que en primer lugar no la conocemos y esa es una de las cosas que vamos a hacer presentes el próximo martes. Se nos comunicó inmediatamente luego de la detención que la investigación fue declarada secreta, por lo que nadie puede informar ningún detalle de la imputación, pero lo más grave, es que la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía, que ordenó la detención de mis clientes, el allanamiento de los domicilios y la incautación de ciertos bienes, tampoco ha sido fundamentada y no narra en ningún caso los elementos de la imputación”, explicó.

En esa línea, agregó que “en palabras concretas, no conocemos nada de la investigación y nuestros defendidos llevan más de 48 horas privados de libertad sin conocer los motivos exactos de su detención”.

Lo anterior, dijo Silva, es una de las situaciones más delicadas, puesto que la reserva de las indagatorias “tienen un fundamento legal y la norma lo permite” orientada a que no se afecten las diligencias futuras en la causa, sin embargo “que nos priven de conocer por qué están detenidos nos parece sumamente arbitrario e ilegal hasta este minuto”.

Si bien el caso se ha planteado como una red de tráfico de armas, el jurista señala que la resolución del tribunal indica los delitos de cohecho y lavado de activos, pero no menciona sus circunstancias y tampoco qué imputación corresponde a cada involucrado.

El defensor menciona 11 funcionarios activos, todos quienes trabajan en el penal de Huachalalume, entre los que se encuentran dos oficiales. Estos tienen “irreprochable conducta anterior y excelentes antecedentes funcionarios”, indicó.

Sobre esto, agregó que “con mayor razón sentimos que la imputación ha sido muy arbitraria y en el marco de un procedimiento bastante violento ejecutado por la policía en sus casas, con daños a la propiedad y causando también perjuicio a sus hijos”.

Asimismo sostuvo que “para que se dicte una orden de detención se requiere que se demuestre que los imputados no se van a presentar de manera voluntaria ante el tribunal. Estamos hablando de funcionarios activos, yo me pregunto por qué no se les citó a una audiencia y hubiesen comparecido con su abogado”, concluyó.

Denunciados por la institución

La detención se generó tras una extensa investigación, en un operativo coordinado por el Departamento de Investigación Criminal (Dicrim) de Gendarmería y el OS9 de Carabineros, con apoyo del GOPE.

Según se informó, los funcionarios fueron denunciados por la misma institución en el marco del “Foco Investigativo para el Combate del Crimen Organizado en Recintos Penitenciarios”, causa que sigue con diligencias pendientes y bajo reserva.

Tras conocerse los hechos de manera pública, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, indicó que “es fundamental, para mantener el control de las instalaciones penitenciarias, que Gendarmería sea una institución al margen de sucesos como este (…) y en el caso de que haya funcionarios cometiendo ilícitos o apartándose de sus funciones y deberes, la institución pondrá toda su fuerza para que estos sean investigados, detenidos y puedan pagar por estos hechos”.

La Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog) también manifestó su rechazo a los hechos denunciados.

“Como es de conocimiento de quienes ven a diario nuestro trabajo a nivel nacional, Ansog no otorgará su respaldo a quienes se aparten del recto actuar que debe conducir la conducta funcionaria, tras lo cual solo nos resta esperar que la justicia haga su labor y, sobre quienes pese responsabilidad de estos delitos, pesen condenas ejemplificadoras”, indicaron en una declaración pública.