Revisan cuentas y teléfonos de abogado que facilitó liberación de reos del Tren de Aragua

Hasta el pasado 30 de junio el abogado asistente de la Fiscalía de Los Vilos, Luis Soto, tenía vigente su contrato para desempeñarse en dicha institución.

Sin embargo, el profesional fue desvinculado tras el episodio que protagonizó en una audiencia de revisión de medidas cautelares en el tribunal de Los Vilos, cuando evidenció no tener los antecedentes necesarios para oponerse a los argumentos de los defensores de cinco miembros del Tren de Aragua, acusados de secuestro, asociación ilícita y robo con intimidación.

Esto exasperó a la jueza de garantía, Daniella Pinto, quien se refirió a la situación varias veces, asegurando que informaría de ello al fiscal jefe, calificando la situación de “impresentable”.

Bajo ese escenario, la magistrada acogió, finalmente, los planteamientos de las cinco defensas, quienes pedían levantar la prisión preventiva de sus representados, a cambio de medidas cautelares de menor intensidad y el pago de una fianza de 5 millones de pesos - los que pagaron en efectivo - por lo cual quedaron en libertad. 

Si bien, posteriormente se revocó la medida, de los cinco imputados, dos aún siguen prófugos.

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INVESTIGACIÓN EN CURSO

Tras la connotación pública que tomó el caso al otorgar el beneficio de libertad a miembros de la peligrosa organización criminal, se inició una investigación penal en contra de Luis Soto Muñoz, la cual quedó a cargo del fiscal regional de Atacama, Alex Rogat. 

Consultado por El Día, desde la fiscalía de Atacama afirmaron que la investigación sigue en desarrollo, por lo que se evitarán hacer comentarios por los medios. La misma situación declararon desde la fiscalía regional, en la que el persecutor regional, Patricio Cooper, es el encargado de seguir con el caso.

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DEFENSA GREMIAL

En ese contexto, Manuel Muñoz, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Occidente (ASFFRO), quien asumió la representación de Luis Soto, señaló a Diario El Día que, aunque a su defendido no le renovaron el contrato, igual seguirán apoyándolo. “Son dos investigaciones en su contra. Si bien corresponde determinar responsabilidades administrativas, en la penal es importante esclarecer si el funcionario recibió amenazas o alguna presión por parte del cartel de Aragua”, señaló Muñoz.

En ese marco, el dirigente gremial mostró su desacuerdo en cuanto a que a Luis Soto se le investigue bajo la figura de imputado. 

“No nos parece que inmediatamente se le haya indicado como imputado. En lo administrativo hemos solicitado un par de diligencias, una de las cuales no se ha acogido, y eso también nos preocupa y nos genera suspicacia. El abogado de la asociación determinó solicitar las cámaras de la fiscalía de Los Vilos, que podrían indicar, eventualmente, cuál fue el momento preciso en que se entregó la carpeta del caso a Luis Soto, y demostrar que fue solo minutos antes y no días antes, como se ha querido señalar”, afirmó el presidente de ASFFRO.

En ese sentido, Muñoz sostuvo que la investigación del sumario ha ido avanzando y se ha citado a funcionarios de la fiscalía de Los Vilos. “Luis estaba con licencia por estrés, ya que tenía grandes expectativas y era su primer trabajo como abogado. Esto le ha pasado factura en lo emocional, y debido a esto, ahora se está coordinando con el abogado si presta declaración. Tenemos una reunión pendiente para definir las acciones a seguir, porque, al no ser funcionario, nos deja en una situación compleja, pero no lo vamos a dejar solo”, afirmó el dirigente gremial.

En cuanto a la investigación penal, Soto no se ha reunido aún con el fiscal Rogat, pero la Policía de Investigaciones ha efectuado una serie de diligencias, como la revisión de sus cuentas bancarias y sus teléfonos. “Nosotros no tenemos injerencia en la investigación penal, pero es nuestro abogado quien lo asesora en ambos casos, por lo que él ha prestado toda la colaboración”, indicó Manuel Muñoz.

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SOBRECARGA DE FICALÍAS 

Por su parte, Paulina Ruiz, presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, indicó que el caso de Luis Soto deja en evidencia la sobrecarga de las fiscalías unipersonales, como la de Los Vilos. 

“Cuentan con un solo fiscal y el resto es uno o dos abogados, más un administrativo. Desde el año 2015, el abogado asistente puede subrogar a un fiscal e ir a audiencia, haciendo lo mismo que un fiscal. Con esto se le entrega una responsabilidad altísima con el riesgo que lleva cometer un error o una debilidad, como lo que pasó en este caso”, explicó.

La presidenta del gremio sostuvo que los periodos de inducción en el Ministerio Público son largos, de 6 meses a un año, para tener el conocimiento pleno, debido a que se usan muchos tecnicismos defendiendo sus pruebas ante jueces y abogados defensores. 

“A esto se suma el déficit de dotación, donde se deben repartir tareas y priorizar, lo que puede generar situaciones como la de Luis Soto”, concluyó la dirigente.