“Papaya Gate”: Ingresan solicitud a Fiscalía para formalizar a todos los imputados

El abogado que representa al senador Daniel Núñez como querellante en el caso denominado “Papaya Gate”, Luis Acevedo, presentó ayer ante la Fiscalía de Valparaíso la solicitud para que esta entidad someta a proceso a los ocho involucrados que hay hasta este momento en el caso.

Se trata de Lucía Pinto Ramírez, exintendenta de la Región de Coquimbo, Eduardo Iván Espinoza Rodríguez, ex jefe del departamento jurídico del gobierno regional de Coquimbo, José Eduardo Cáceres Rojas, exjefe del Departamento de Planificación y luego administrador general del gobierno regional de Coquimbo, Nicolás Fabián Bakulic Govorcin, Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Karim Ale Daire Daud, Manuel Alejandro Daire Daud y Pablo Bracchita Krstulovic.

Sin embargo, se pide de manera especial que se procese a Pablo Bracchita y a José Cáceres.

De acuerdo a lo sostenido por el abogado querellante, Luis Acevedo, la carpeta investigativa contiene antecedentes suficientes para hacer esta solicitud a la Fiscalía Regional de Valparaíso, cuya titular es Claudia Perivancich, aunque por los mismos antecedentes, solicitó prioridad para los dos antes nombrados.

“Es una carpeta con muchos antecedentes, entonces se fueron recopilando éstos por cada hecho para con eso, configurar el relato completo y reconstituir lo que ocurrió, y a partir de eso es que sostenemos que se cometieron los delitos por los cuales queremos que se formalice: fraude al Fisco en lo principal y como un aspecto más secundario, si se quiere, negociación incompatible que es el tráfico de influencia”, señaló el abogado.

Sobre el hincapié que se hace en esta solicitud para José Cáceres y Pablo Bracchita, el profesional querellante mencionó que en esos casos la responsabilidad estaba mucho más nítida, mientras que, en el caso de los demás, podría diluirse un poco la claridad del mismo.

No obstante, Luis Acevedo dijo que de prosperar la solicitud, “implicaría que la Fiscalía pediría una audiencia de formalización ante el juzgado de Garantía”.

En el mismo tenor, el profesional afirmó que ellos tenían el convencimiento de que los delitos que se conocen fueron cometidos por las personas que están involucradas en el caso.

Asimismo, mencionó que por ahora no existirían más imputados que los que se han identificado hasta ahora como tales, pero ello no significaría que en la investigación no aparecieran nuevos acusados.

PAPAYA GATE

El llamado caso “Papaya Gate” es un episodio que tuvo su origen en 2019, cuando el gobierno regional de la época, liderado por Lucía Pinto, adquirió una serie de terrenos en el sector de San Ramón, en La Serena, por más de 9.800 millones de pesos para la construcción de un recinto deportivo para el municipio, en compensación por el terreno que se entregó para construir un hospital.

Sin embargo, el valor pagado por dicha compra fue muy superior a los 4 mil millones de pesos que costaban originalmente, según la última tasación que se había hecho.

Además, para la transacción no se informó a la Contraloría General de la República, la que, por lo demás, había rechazado en tres ocasiones anteriormente dicha adquisición.

Por ese motivo, es que la compra se llevó a cabo sin la toma de razón pertinente de la Contraloría, lo que ahondó aún más el problema.

Producto de lo anterior, se abrió un proceso administrativo por parte de ésta, y otro de carácter penal alojado en la Fiscalía Regional de Valparaíso.

En el primer caso, el ente contralor determinó sanciones en contra de los involucrados del gobierno regional, lo que terminó sepultando la carrera política de Lucía Pinto, quien terminó renunciando a su cargo de intendenta regional.

En tanto, el caso había estado bastante quieto, hasta que el senador Daniel Núñez, querellante en la causa, señaló a Diario El Día el domingo que pedirían la formalización de, a lo menos, dos de los involucrados, pero la solicitud finalmente se hizo para todos los acusados.