Confirman que boleta de garantía de proyecto habitacional no es válida

El seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, Pablo Cuadra, reconoció que la boleta de garantía presentada por la empresa a cargo del proyecto habitacional Ultima Esperanza en Los Vilos corresponde a un documento sin validez financiera, situación que terminó por desencadenar la paralización de las obras y la revisión completa del proceso administrativo asociado a la iniciativa.

“La entidad financiera que supuestamente presenta o emite la boleta de garantía desconoce y reconoce que no pertenece a su entidad, por lo tanto, no es una boleta válida”, señaló Cuadra.

Si bien aclaró que la determinación de una eventual falsificación corresponde a la justicia, el seremi sostuvo que, de todas maneras, administrativamente el documento no cumplía con los requisitos exigidos por el servicio.

Revisión completa del proyecto

Según detalló la autoridad regional, la detección de esta irregularidad obligó al MINVU a realizar una revisión administrativa integral del proyecto desde sus inicios, proceso que permitió detectar nuevas inconsistencias relacionadas con la situación de la empresa constructora.

En ese contexto, indicó que al momento de firmarse el contrato, la empresa no se encontraba vigente administrativamente, situación que calificó como un requisito esencial para poder ejecutar obras de este tipo.

Cuadra agregó que la caducidad "estaba relacionada con la poca solvencia económica que tenía la constructora, ya que presentaba documentos financieros inapropiados”, sostuvo.

La autoridad indicó, además, que, posteriormente, la empresa intentó reemplazar la cuestionada boleta de garantía por otro documento financiero que tampoco logró ser validado por la entidad correspondiente, situación que finalmente derivó en la solicitud de término anticipado del contrato.

Revisión de recursos 

Respecto de los dineros entregados a la empresa, el seremi explicó que actualmente se está desarrollando una revisión financiera destinada a determinar cuánto de lo ejecutado corresponde efectivamente a obras aprobadas y cuánto podría quedar pendiente de justificación administrativa.

De acuerdo a los antecedentes entregados por la autoridad, inicialmente se transfirieron 14 mil UF como anticipo, mientras que, posteriormente, el gobierno regional aportó otras 30 mil UF para el proyecto. “Hay avances de obras que están justificados y debidamente registrados, pero hay obras adicionales que ellos ejecutaron y que no han sido aprobadas por el servicio”, explicó.

En paralelo, Cuadra confirmó que el MINVU ya tomó posesión de las obras y comenzó un proceso destinado a regularizar las obligaciones laborales pendientes con los trabajadores de la construcción.

En esa línea, detalló que dichos pagos se están realizando mediante otra garantía que sí se encontraba vigente y que fue activada por el servicio.

Responsabilidades y falta de rigurosidad

Respecto a eventuales responsabilidades administrativas detrás de la aprobación del contrato y de la recepción de la boleta cuestionada, el seremi reconoció que existieron fallas en distintas etapas del proceso.

“La verdad es que esto partió mal desde el minuto uno”, afirmó.

Según sostuvo, existió una falta de rigurosidad en la fiscalización y revisión de antecedentes de las empresas que trabajan con el servicio, situación que permitió que la constructora continuara adelante pese a presentar problemas administrativos y financieros.

Cuadra aseguró además que las dificultades de la empresa ya habían sido advertidas por los propios beneficiarios del proyecto.

“Ellos ya habían manifestado en diciembre querer cambiar de empresa, porque no estaba avanzando al ritmo esperado”, señaló.

Entre los incumplimientos mencionados por la autoridad figura el retraso en la construcción de una casa piloto, obra que debía ejecutarse en un plazo de 120 días, pero que —según indicó— acumulaba cerca de un año de atraso.

Nueva licitación

Debido a la situación administrativa y financiera de la empresa, el MINVU estima que las obras permanecerán paralizadas entre seis y ocho meses mientras se resuelve el término del contrato y se avanza en el proceso para contratar a una nueva empresa constructora.

Sobre la continuidad del proyecto, Cuadra explicó que será la entidad patrocinante junto al comité habitacional quienes deberán proponer una terna de constructoras para continuar con los trabajos, mientras que el servicio sólo verificará el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros.

Pese al impacto que la medida tendrá para las familias beneficiarias, el seremi defendió la decisión adoptada por el MINVU.

“Nosotros como servicio tenemos que resguardar los bienes del Estado y también no jugar con los sueños de los vecinos”, afirmó Cuadra.