Pese a sobreseimiento, tribunal acredita abusos de Francisco José Cox

Un fallo judicial emitido por el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de La Serena, Christian Le-Cerf Raby, volvió a poner en el centro de la noticia uno de los casos más complejos y dolorosos vinculados a abusos sexuales cometidos al interior de la Iglesia Católica chilena: el sobreseimiento definitivo de la causa abierta contra el fallecido exarzobispo de La Serena, Francisco José Cox Hunneus, investigado por delitos de abusos deshonestos y abusos deshonestos agravados cometidos entre los años 1975 y 1988.

Sin embargo, más allá del sobreseimiento de la causa, lo más importante del fallo es que estableció como acreditados los hechos denunciados por siete víctimas de Cox, es decir, que existieron “actos de evidente connotación sexual” cometidos por el religioso en dependencias de la iglesia en La Serena, Andacollo y Chillán, aprovechando su posición de autoridad moral y social dentro de la institución.

En la resolución, el magistrado sostiene que, pese a tratarse de delitos cometidos generalmente en contextos privados y sin testigos directos, existían antecedentes suficientes para corroborar los relatos de los denunciantes. El fallo consigna que “todos los denunciantes (…) refirieron que los hechos ocurrieron en espacios cerrados (…) y una conducta de acercamiento similar”.

Asimismo, el ministro recordó que ya en octubre de 2021 se había decretado un sobreseimiento parcial por el fallecimiento de Cox, ocurrido en 2020, aunque la investigación continuó con el objetivo de establecer el cuerpo del delito y eventuales responsabilidades.

Prescripción de la acción penal

Según se detalla en la resolución, los ilícitos investigados correspondían a simples delitos bajo la legislación vigente en la época de ocurrencia de los hechos, por lo que el plazo de prescripción era de cinco años desde la comisión de los mismos.

Y considerando que los abusos ocurrieron entre 1975 y 1988 y que la investigación judicial se inició recién en 2018, el magistrado concluyó que la responsabilidad penal se encontraba extinguida.

De esta forma, la causa fue sobreseída definitivamente en virtud del artículo 93 N°6 del Código Penal, relativo a la prescripción de la acción penal.

Pese a ello, la decisión judicial generó reacciones entre las víctimas y agrupaciones que durante años impulsaron denuncias públicas y acciones para visibilizar los abusos cometidos por el exreligioso.

Expulsado de la iglesia

Cabe recordar que Francisco José Cox Hunneus fue denunciado por cinco víctimas - cuatro en Chile y una en Alemania - por abusos sexuales contra menores de edad, situación que derivó tanto en investigaciones penales como en procesos canónicos.

En 2018 fue expulsado de la Iglesia Católica por decisión del papa Francisco y, en 2019, fue requerido por la justicia chilena para participar en un careo con las víctimas, diligencia que finalmente nunca se concretó.

A ello se sumaron declaraciones del religioso Alexandros Vladyka, quien sostuvo que una investigación previa habría reunido, al menos, 47 testimonios de menores que denunciaron abusos sexuales por parte del exsacerdote.

“Los salía a buscar en la noche; en el día, los hombres y jóvenes que eran de un nivel social económico alto y los que eran físicamente atractivos, fuesen pobres, indigentes o de la calle o ricos. Para él eran mucho más gratos”, afirmó Vladyka.

Justicia parcial

Uno de quienes reaccionó al fallo fue Edison Llanos, víctima del sacerdote mientras permanecía internado en el Hogar Redes de Coquimbo.

El hoy trabajador social sostuvo que en Chile existe una estructura legal que en casos de abuso sexual termina favoreciendo situaciones de impunidad mediante la prescripción.

“Por eso, aunque el ministro en visita haya acreditado judicialmente hechos de evidente connotación sexual y aun así decretara el sobreseimiento por prescripción, lo ocurrido tiene un profundo peso simbólico y jurídico. Porque ya no estamos hablando de simples acusaciones: los hechos fueron reconocidos y establecidos en una resolución judicial”, indicó Llanos.

Edison agregó que este reconocimiento constituye una forma parcial de justicia.

“No reparación plena, no justicia completa, pero sí un quiebre definitivo del silencio y del encubrimiento. Y desde ahí comienza una nueva etapa: perseguir las responsabilidades de quienes permitieron, conocieron y protegieron estos abusos”, afirmó quien fue abusado por el exarzobispo en sus visitas al obispado cuando estaba internado en el hogar de menores.

“El tribunal reconoció que Cox utilizó su ascendiente moral y social para cometer estos abusos, y eso destruye décadas de silencio, negación y encubrimiento”, puntualizó Llanos.

“Nos trataron de mentirosos”

Llanos también recordó los largos años de descrédito y cuestionamientos públicos que sufrió él y el resto de las víctimas tras denunciar los hechos.

“Nos trataron de destruir públicamente, nos expusieron, nos amenazaron y nos revictimizaron. Intentaron desacreditarnos para proteger a los responsables. Y hoy, quienes nos atacaron guardan silencio, porque la verdad finalmente quedó establecida en una resolución judicial”, sostuvo.

El trabajador social además valoró la figura de Hernán Godoy, quien fue el primero en denunciar públicamente a Cox tras haber sido víctima de sus abusos. “Mi abrazo y reconocimiento más profundo para él”, expresó.

Llanos también recordó a personas que, según indicó, no lograron sobrellevar las consecuencias derivadas de los abusos y el posterior silencio social. “El abuso no termina en el hecho mismo: continúa en el silencio, en el descrédito, en el abandono y en la impunidad”, manifestó.

Eso sí, insistió en que existieron responsabilidades institucionales. “Aquí hubo encubrimiento. Y no solamente de una persona, sino de estructuras completas que durante años se presentaron ante la sociedad y los tribunales como espacios de protección, cuando en realidad terminaron exponiéndonos al abuso y al abandono”, afirmó.

Cómplices pasivos

Desde la Agrupación Juan XXIII, institución que brindó apoyo a las víctimas de abusos de religiosos,  también se refirieron a la resolución judicial. Su vocero, Juan Rojas, reconoció sentimientos encontrados tras conocerse el fallo. “Hay que dejar en manifiesto que la Iglesia Católica serenense escondió a Cox, lo sacó de Chile en secreto y lo llevó a la ciudad de Vallenar. No supimos de él durante años”, afirmó.

Rojas recordó, además, las acciones impulsadas por la agrupación ante el Vaticano y la Iglesia local.

“Mientras tanto, nosotros acá estábamos organizando, conversando y generando puentes con Roma, especialmente con el papa Francisco, quien recibió muy bien nuestras acciones, como bajar una placa con los nombres de pedófilos y encubridores que estaba a la entrada de la catedral serenense”, señaló.

El dirigente recordó además que durante décadas en La Serena existió un “secreto a voces” respecto a los abusos cometidos en el obispado local.

“En el obispado de La Serena se violentaba sexualmente a niños, y no solo a niños vulnerables, sino también a niños de familias tradicionales y connotadas de La Serena”, afirmó el sociólogo.

Por eso, Rojas coincidió con las víctimas respecto de la necesidad de investigar eventuales responsabilidades de terceros. “Hay pedófilos y encubridores. Y no solo a nivel sacerdotal, sino que también están los políticos de la época, gente y acólitos que lo encubrieron”, sostuvo el representante de la agrupación de laicos.

Pero las críticas apuntan también al actual arzobispo de La Serena, René Rebolledo, acusando falta de cercanía con sobrevivientes y víctimas.

“Pareciera ser que le bastó haber entregado una indemnización de 100 millones de pesos a los sobrevivientes, pero eso no es todo. Falta una palabra, falta aliento”, indicó Rojas.

Por eso, a su juicio, aún existen deudas pendientes con quienes denunciaron los hechos, “no solo en dinero, sino también en apoyo socioemocional, psicológico y psiquiátrico. Eso fue un compromiso que no se cumplió”.

1990

Francisco José Cox llega a hacerse cargo de la arquidiócesis serenense en reemplazo de Bernardino Piñera.

1997

Cox renuncia a la arquidiócesis serenense por las acusaciones en su contra.

2002

Cox se va de Chile. Por sus conductas “inapropiadas”, la Iglesia católica anuncia el retiro de toda actividad pastoral del exarzobispo de La Serena.

2018

El Papa Francisco decreta la dimisión del estado clerical del exarzobispo tras una investigación realizada por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

2019

Cox es requerido por la justicia chilena para un careo con las víctimas, lo que nunca se concretó.

2020

Francisco José Cox muere a los 86 años, en total impunidad.