Parlamentario solicita a presidente Boric destitución de juez de Ovalle tras liberación de banda narco

Fue exactamente el 03 de septiembre del presente año que el juez Luis Muñoz Caamaño dejó en libertad, tras el pago de una baja fianza, a 23 integrantes de una banda de narcotraficantes  acusados como autores de los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas y el lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos tras una exitosa investigación desarrollada por la PDI en la denominada operación “Diamante Verde”, en virtud de la cual se decomisaron importantes cantidades de droga y dinero en efectivo, vehículos, armas y municiones. 

Una decisión que provocó profundos cuestionamientos en diferentes esferas del país y que hoy llevó al Diputado Juan Manuel Fuenzalida a solicitar la destitución del magistrado desde el Poder Judicial. 

El parlamentario señala que cuando el narcotráfico y el crimen organizado está matando el alma y el futuro de  niños y jóvenes, cuando se observa  que hay más de 50.000 niños que han abandonado el sistema escolar y que son potenciales soldados del narco, cuando se ven plazas, calles, avenidas y poblaciones son tomadas por este flagelo, se deben tomar medidas drásticas. 

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“Creo que tenemos la obligación, legal, moral y ética de ocupar todas las herramientas que nos entrega el Estado de Derecho y por tanto le exijo al primer mandatario que utilice la facultad que le entrega el artículo 80, inciso 3, de la Constitución Política de la República, en virtud del cual la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes”, enfatizó el parlamentario. 

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Una solicitud que también va en la línea de los propios cuestionamientos que ha expresado el gobierno, en que su vocera, Camila Vallejos, señaló que hablando en nombre de la “administración” costaba entender esta decisión, que, de paso, fue desestimada por el Tribunal de Alzada, quien en un fallo unánime acoge la petición de la fiscalía y ordena la prisión preventiva de todos aquellos detenidos que no han obtenido la liberación previo pago de la fianza

Por último, Fuenzalida reitero que el Presidente debe ocupar todas las herramientas y las facultades para continuar en esta lucha que se está perdiendo, contando con la voluntad políticas y de toda la bancada para que en este tema se logré una unidad y se rescate al país del flagelo del narcotráfico y crimen organizado.