FUE Detenido en OPERATIVO DE LA PDI

El rol del funcionario municipal involucrado en el robo de dineros de La Pampilla de Coquimbo

Sebastián Flores, quien hasta su detención trabajaba como operador de drones en la casa edilicia, habría facilitado información para concretar el asalto en septiembre de 2023. Si bien el monto nunca fue aclarado por la Municipalidad se hablaba de un botín de más de $10 millones.
viernes 27 de septiembre de 2024

Este jueves detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a una banda criminal involucrada en el robo del dinero recaudado en el remate de La Pampilla, ocurrido hace más de un año. 

En total, seis integrantes de la banda han sido imputados por diversos delitos violentos. Tres de ellos ya habían sido detenidos y se encuentran en prisión preventiva, mientras que los otros tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su control de detención y formalización.

De acuerdo a lo confirmado por la PDI, uno de los detenidos es un funcionario de la Municipalidad de Coquimbo, quien fue aprehendido en su domicilio mientras se disponía a dirigirse a su trabajo. Según antecedentes recabados por Diario El Día, se trata Sebastián Flores Díaz, quien al momento de la detención, en su vivienda, mantenía indumentaria de seguridad del municipio. 

VIOLENTO ASALTO

Fue el pasado 8 de septiembre de 2023, cuando en horas de la tarde, en las cercanías del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, un grupo de delincuentes abordó un vehículo municipal, en donde funcionarios trasladaban recursos obtenidos en el remate de terrenos para uso comercial de La Pampilla. Previa amenaza con armas de fuego, los antisociales les arrebataron el botín.

Aunque en un principio se hablaba que serían cerca de 30 millones de pesos, en su momento, David Díaz, entonces comisario de La Pampilla, aclaró que la cifra bordeaba los $10 millones, aunque sin revelar el monto exacto.  

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Desde entonces, se abrió una investigación con dos aristas: una administrativa, a cargo de la municipalidad porteña, y una penal, liderada por la Fiscalía de Coquimbo, cuyas diligencias estaban a cargo de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI. 

La última arista finalmente entregó resultados este jueves. La evidencia reunida durante un año de investigación tras el análisis criminal e inteligencia policial, sirvió como base para planificar la “Operación Pampilla”, un amplio despliegue en las regiones de Coquimbo y Metropolitana, la que permitió ejecutar una orden judicial para la entrada y registro en diversos domicilios vinculados a los imputados.

Al respecto, el subprefecto Fernando Rojas, jefe de la Brigada Investigadora de Robos La Serena indicó que fue durante la madrugada de este jueves cuando detectives de la unidad especializada desarrolló la intervención en el sector de Sindempart y Punta Mira Sur en Coquimbo, además de la Población 8 de Julio en Ovalle. En estos lugares, se logró identificar y detener a tres de los imputados.

“En el procedimiento incautamos especies de interés criminalístico, que establecen fehacientemente la participación de estos sujetos de alta peligrosidad”, expresó el subprefecto. 

Entre las evidencias incautadas se encuentran un arma de fogueo adaptada para disparar, vestimentas, cascos y placas antibalas de propiedad fiscal. 

“Dentro de los resultados del trabajo investigativo, se pudo establecer la participación de esta organización criminal en el robo de la recaudación del dinero obtenido de los permisos para participar en el comercio de La Pampilla de Coquimbo, también en otros ilícitos, tras violentar a víctimas, a la salida de bancos. Uno de los detenidos es funcionario de la municipalidad de Coquimbo que trabaja en servicios destinados a la Seguridad Pública”, señaló el subprefecto Rojas.

OPERADOR DE DRONES

¿El funcionario? Sebastián Flores Díaz, quien, de acuerdo a antecedentes del portal de Transparencia Activa del municipio, fue contratado el 3 de junio del año 2019 como operador de cámaras de teleprotección hasta el día 31 de enero de 2022, periodo en que, mediante una orden de servicio, fue nombrado como operador de  drones en la oficina de Fiscalización y Vigilancia Preventiva, dependiente del Departamento se Seguridad de la casa edilicia, cargo  que habría ejercido hasta el momento de su detención. 

Según la investigación, en el caso del robo de dineros de La Pampilla, el funcionario habría cumplido el rol de alertar los movimientos que realizaban los equipos de recaudación y así concretar el delito por parte de los presuntos autores. Para ello, se presume que habría tenido acceso a información sobre el traslado, tipo de vehículo, forma de custodia, entre otros datos. 

QUERELLA CRIMINAL 

Tras conocerse la detención, Diario El Día envió una serie de preguntas al alcalde Ali Manouchehri, referentes a por qué el funcionario municipal trabajó un año sin levantar sospechas, si existe o no responsabilidad de David Díaz, quien se desempeñaba como director de Seguridad al momento del ilícito y si el sumario instruido por el municipio había arrojado luces de que el trabajador estaba involucrado en el ilícito. Sin embargo, el edil evitó responder directamente y se limitó a indicar  que “antes de salir del municipio he dejado la instrucción de que se persiga con toda la dureza a estos delincuentes y hemos instruido una querella criminal contra estas personas, porque en este municipio que me toca liderar no hay espacio para la delincuencia”. 

Audiencia de formalización 

Este jueves la Fiscalía concretó el control de detención de los tres detenidos en la “Operación Pampilla”. Uno de ellos - vinculado al robo de dineros del evento de Fiestas Patrias - quedó en prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad. 

En tanto, se solicitó la misma medida cautelar para el funcionario municipal, sin embargo, se fijaron cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional. Sobre lo anterior, la Fiscalía apeló verbalmente respecto a esas medidas cautelares, las cuales finalmente se decidirán en la Corte de Apelaciones de La Serena.

Respecto a un tercer imputado, de un segundo delito de robo con violencia, se ordenó la prisión preventiva por la causal de peligro de fuga, la cual también fue apelada por la Fiscalía.

El plazo de investigación fue fijado en 60 días.