Las penas que arriesgan los 18 formalizados por caso de fraude en la Corporación G.G.V

Por Romina Onel 

Uno de los casos más bullados durante el último tiempo es el fraude que afectó al Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla (C.G.G.V.) de La Serena y que le significó un desfalco cercano a los 800 millones de pesos, y por el cual, se investiga a 22 personas, de las cuales cuatro aún se mantienen prófugas.

Hasta la fecha, un total de 18 personas han sido formalizadas, y a 14 de ellos se les impuso las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos.

Cuatro de ellos son sindicados como los cabecillas de la operación, entre los que se incluyen a la excoordinadora del Departamento de Salud de la C.G.G.V., Nicole Cadena Munita y su cónyuge, C.A.M.F.; Bélgica Guerra Galleguillos -exsecretaria de la unidad- y otro implicado, cuyas iniciales son M.A.S.B., todos en prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.

IRREPROCHABLE CONDUCTA

Al resolver, el juez Ayala se refirió a la necesidad de cautela de los imputados, tomando en consideración que “el fraude al fisco tiene penas que van de 5 años y un día, a 15 años; la asociación ilícita tiene asignada una pena que va de 3 años y un día, a 5 años; el lavado de activos tiene penas que van de 5 años y un día, a 15 años; y la estafa tiene asignada una pena de 3 años y un día, a 5 años”.

Ahora bien, al ser consultado por las penas que arriesgan estos imputados y la forma en que éstas podrían aplicarse, el abogado y Magíster en Derecho Penal, José Pablo Marín, quien además es académico de la Universidad Central de Chile sede Región de Coquimbo, explicó que “al ser delitos distintos, cada uno debe ser sancionado con una pena.

Por lo tanto, si sancionan a una persona con una pena de 7 años por un delito de fraude al fisco y lo condenan a una pena de 7 años por un delito de lavado de activos, en total la pena sería 14 años. La defensa seguramente va a tener un punto de vista diferente y su objetivo será tratar de rebajar al máximo las penas, ya que al tener irreprochable conducta anterior, la pena no puede ser impuesta en su grado máximo, que imagino, es el caso de estas personas”, explicó el abogado penalista.

Pese a esto, Marín recalcó que “pueden haber circunstancias agravantes que generen una alteración de la pena, pero dependerá del ejercicio que realice tanto defensa, fiscalía y los jueces para determinar la pena”.

NO FUNCIONARIOS

Por su parte, el abogado de la Defensoría Penal Pública y académico de la cátedra de Lavado de Activos de la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas de la Universidad de La Serena, Carlos Esperguen, sostuvo que lo primero a preguntarse respecto a este asunto, es “acerca de la procedencia del delito de fraude al fisco para las personas formalizadas que no poseen la calidad de funcionario público”.

En cuanto al delito de asociación ilícita criminal, el abogado indicó que “no estamos frente a una estructura jerárquica que es un elemento esencial de la organización criminal para la estructura típica; surge a la vista que los justiciables jamás formaron parte de planificación alguna, sino que fueron meros instrumentos ciegos de lo que ocurría, ya que como se dijo, facilitaron sus claves con las cuales otros sacaron boletas de honorarios”.

Respecto al delito de lavado de activos, el experto destacó que “el actuar de los justiciables no debe confundirse con el delito de lavado de activos, ya que sólo sería el agotamiento de la consumación del delito de fraude al fisco y/o estafa, ya que involucra una serie de acciones posteriores a la consumación, que sirven para obtener un provecho del acto ilícito”.

Ahora bien, el abogado penalista señaló que “es probable que los imputados no funcionarios pudieran optar a una pena menor a través de un juicio abreviado y con pena sustitutiva de ser cumplida en libertad si la Fiscalía está de acuerdo. De lo contrario, se debería llegar a juicio oral para discutir las calificaciones jurídicas.

Todo considerando que la mayoría de los -no funcionarios- no poseen antecedentes penales previos y han colaborado en la investigación”.

18 FORMALIZADOS

Cabe recordar que hace pocos días, la Fiscalía Regional formalizó a una nueva imputada por la investigación de este caso.

Durante la audiencia, la imputada declaró y reconoció su participación en los hechos, tras lo cual se le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario total, al igual que a otros 13 imputados.

Respecto a esta nueva formalización, el abogado penalista, Carlo Silva, reconoció que “se trata de una de mis defendidas, quien es cónyuge de otro de los sujetos ya formalizados en la investigación, a quien yo represento”.

Silva, quien también atiende a otros imputados que se encuentran en arresto domiciliario por este caso, aseguró que “ella nos buscó con la finalidad de poder presentarse voluntariamente, ya que su interés es colaborar y no eludir acción de la justicia”.

De hecho, afirmó que “varios de los imputados están tomando la misma posición colaborativa de poder entregar antecedentes importantes, cosa que creemos que es una buena salida”.