CIUDADELAS DELICTUALES

Campamento La Varilla vuelve a estar en el ojo del huracán tras homicidio y funeral de alto riesgo

Especialistas en criminología aseguran que los asentamientos irregulares necesitan intervención urbana, vigilancia y trabajo comunitario para evitar el avance del crimen organizado.
Expertos advierten que la falta de planificación urbana dificulta la recuperación de asentamientos precarios como La Varilla en Las Compañías.
Expertos advierten que la falta de planificación urbana dificulta la recuperación de asentamientos precarios como La Varilla en Las Compañías.
domingo 24 de mayo de 2026

El homicidio ocurrido recientemente en el asentamiento irregular conocido como La Varilla, ubicado en el sector de Las Compañías de la ciudad de La Serena, volvió a instalar el debate sobre la compleja realidad que enfrentan diversas “tomas” de la zona. 

El crimen -cometido con una escopeta calibre 12 modificada- derivó en el anuncio de un plan de intervención multisectorial orientado a reforzar la seguridad y recuperar espacios públicos considerados críticos.

Y es que esta situación se produce en medio de nuevas tensiones por los operativos realizados para desmantelar conexiones eléctricas clandestinas en el mismo campamento, esto mientras organismos como Bienes Nacionales y Minvu coordinan mesas técnicas para evaluar alternativas habitacionales y la recuperación de terrenos ocupados irregularmente.

INTERVENCIONES

Cabe mencionar que en medio de esta polémica, este domingo se llevó a cabo el funeral del hombre asesinado en La Varilla, instancia que fue catalogada como “de alto riesgo”, lo que evidencia que además de una problemática habitacional, este tipo de asentamientos irregulares reflejan una crisis asociada a la consolidación de focos delictuales en sectores vulnerables.

Con respecto a una eventual intervención en el campamento de La Varilla, la Seremi de Seguridad Pública de la Región de Coquimbo, María José Duarte Flores precisó que “como Seguridad Pública no tenemos ninguna injerencia en desalojos, porque eso corresponde a otras agencias públicas”. 

En esa línea, la Seremi indicó que “la intervención multisectorial a la que me referí tiene relación con el retiro de cables subterráneos, ya que nosotros cooperamos para resguardar el orden público en cuanto al retiro de esos cables con el auxilio de las fuerzas públicas”.

Asimismo, Duarte sostuvo que “vamos a realizar acciones con patrullas mixtas entre municipalidad y Carabineros, para poder abordar el orden público en ese sector”.  

Sin embargo, la Seremi advirtió que “esto sucede en La Varilla como sucede en otros barrios, por lo que tampoco hay que estigmatizar, pero sí se focalizarán recursos policiales e instrumentos municipales, para evitar incidentes”.

En cuanto al funeral, la Secretaría Regional Ministerial indicó que “que sea catalogado como de alto riesgo, es una decisión que se toma en base a informes de Carabineros, Gendarmería y la PDI, lo que es evaluado por la Delegación Presidencial”.

Sobre esto, el Administrador Municipal de La Serena, Gonzalo Arceu especificó que “los funerales de alto riesgo son abordados en un cien por ciento por Carabineros, ya que cuentan con una estrategia de intervención que considera aislar el perímetro y acompañar el cortejo fúnebre desde el Servicio Médico Legal hasta el velatorio y posteriormente al cementerio”.  

“Seguridad Ciudadana solo participa, si así lo solicita la policía, apoyando con drones para vigilar desde el aire”, agregó. 

Además de esto, el Administrador Municipal recalcó que “también participamos en temas sociales y denunciando hechos como las conexiones ilegales a la red eléctrica -donde se realizó una intervención importante en La Varilla- y colaboramos en temas como la entrega de agua, ya que esos terrenos no corresponden al municipio y son intervenidos directamente por la Delegación Presidencial”.

PUEBLO SIN LEY

Al ser consultado por esta problemática, el General (R) de Carabineros y Magíster en Criminología, Jorge Tobar, señaló que “la recuperación de barrios o, más complejo aún, de asentamientos precarios, es -entre otros- un problema de seguridad pública que requiere prevención social y de prevención situacional, de forma simultánea”.

Según el experto, estos “procesos exigen un diseño y planificación de alta especialización desde múltiples miradas estatales: educación, salud, obras públicas, transportes, desarrollo social y de vigilancia policial, entre otros, y aunque pueden tomar años, si son bien hechos, tienen resultados satisfactorios y permanentes”. 

“Es relevante el seguimiento a la evolución o involución de las actividades delictuales, comunes u organizadas, que se desarrollan en los asentamientos precarios intervenidos, pues ello es un indicador del éxito del plan de recuperación. Esto las policías lo desarrollan a través del análisis criminal, generando inteligencia que les permite visualizar la actividad de agentes delictivos”, detalló. 

Ahondando en esto, Tobar recalcó que en esto es muy importante la participación activa de la comunidad intervenida, ya que “ellos deben estar informados de los objetivos que se persiguen, de cómo se realizarán -en grandes rasgos tan solo- del tiempo que ello podría tomar, además de participar de los estados de avance, de su éxito o de los nudos críticos que lo dificultan. Esto es parte de la gobernanza de seguridad pública y en la evidencia comparada ha dado grandes resultados”. 

Por su parte, el ex fiscal regional, Adrián Vega, diplomado en Análisis Criminal para Gobiernos Locales, explicó que “la recuperación de espacios públicos y privados para uso de la comunidad forma parte de lo que se llama prevención situacional, es decir, planificar el escenario o setting urbano, ya que en toda ciudad debe adoptarse un cierto porcentaje de constructividad, espacios públicos de esparcimientos, luminarias, sedes de organizaciones vecinales, etc”. 

“Es evidente que en las denominadas tomas de terreno no existe planificación alguna, con suerte calles de acceso y precisamente ese es el escenario en que el lumpen elige para habitar, creando verdaderas ciudadelas en que se hace cada vez más difícil intervenir”, remarcó.

De acuerdo al experto, “si las agrupaciones delictuales se imponen en sus territorios a balazos, la ausencia de vigilancia estatal y comunitaria ahonda la problemática, a pesar de que las agendas anti delincuencia han subido notoriamente las penas en esta clase de delitos, además de la no concesión de penas sustitutivas cuando los delitos se cometan con arma de fuego”. 

Debido a esto, Vega hizo hincapié en que “toda estrategia integral debe incluir y analizar aquellos aspectos”.