Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga

Luego que el Primer Tribunal de Antofagasta, en el marco del caso del proyecto Dominga, resolviera rechazar la excepción de pago formulada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y ordenara al gobierno dar cumplimiento de la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2024, que instruía al Comité de Ministros a pronunciarse sobre las reclamaciones en contra de la Resolución de Calificación Ambiental de 2021, desde el ejecutivo había señalado que apelarían a dicha decisión de la justicia ambiental. 

En este contexto, Benjamín Muhr Altamirano, abogado en representación de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, quien a su vez actúa por el Comité de Ministros, a través de un escrito de 29 páginas, argumentó sobre el fallo del tribunal ambiental. 

Al respecto, la acción judicial asegura que se habría cumplido con la sentencia que la obligó a votar nuevamente la iniciativa en el Comité de Ministros, y que nuevamente rechazó el megaproyecto. 

En su escrito, el SEA aseguró que “el Comité de Ministros resolvió cada una de las materias que habían sido resueltas por la sentencia definitiva en estricto acuerdo a lo fallado por el tribunal a quo”. 

Lo anterior, se justificaría que –a juicio del SEA- en dicha revisión se determinó que “el proyecto demostró tener deficiencias graves en su Plan de Contingencias y Emergencias, suponiendo un riesgo para el medio ambiente marino”, así como en otros aspectos que fueron observados.

“Luego de la exposición de estas materias al Comité, los Ministros y Subsecretarios (s) discutieron, acordando en el debate que estas alegaciones -que no habían sido resueltas por el Comité de Ministros del año 2023, ni por las sentencias del año 2021 y 2024- tenían sustento suficiente para ser acogidas, ya que daban cuenta de deficiencias insalvables de la evaluación ambiental y el proyecto mismo, especialmente considerando el frágil medio ambiente en el cual se localiza el Proyecto”, afirma el documento. 

Por otro lado, el SEA pidió se declare admisible dicho recurso y se eleven los antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a fin de que este último tribunal, conociendo del referido recurso, pueda zanjar las diferencias en medio de la controversia judicial. 

Frente a este escenario, Fernando Roco, abogado que representa a la Asociación Comunal de La Higuera, sostuvo que “presentar un recurso de apelación es un derecho de todo litigante disconforme con un fallo, por lo que no nos llama la atención en ese sentido, sin embargo, sí lo hace la verdadera obstinación a estas alturas en desconocer los términos claros de la sentencia definitiva pronunciada en el mes de diciembre por el Tribunal Ambiental”.

Consultado el hecho de que desde el gobierno indicaron que no sería necesaria una nueva sesión del Comité de Ministros, señaló que “plantear aquello me parece una nueva falta de respeto a una orden perentoria de un Tribunal de la República, pues de quedar firme esta última resolución el Comité de Ministros deberá sesionar nuevamente y cumplir con lo que le ha sido ordenado, inclusive bajo apercibimiento de arresto respecto de sus integrantes”.

MÁS RECURSOS ANTE LA SUPREMA Y LA CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA

Por su parte, los abogados de Alianza Humboldt presentaron distintos recursos judiciales buscando revocar la última resolución del Primer Tribunal Ambiental (1TA), que ordenó modificar el rechazo unánime entregado por el Comité de Ministros a Dominga.

En este contexto, la organización de conservación marina Oceana presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, en donde cuestiona un eventual “actuar ilegal de los ministros del 1TA”. En el escrito, se afirma que el contenido de la última resolución favorece injustificadamente a la empresa dueña del proyecto Dominga, lo que atentaría contra la igualdad ante la ley
En esta línea, se afirma que “Andes Iron SpA es una persona jurídica privilegiada en la causa”, agregando que los ministros del 1TA “han establecido diferencias arbitrarias”.

A su vez, el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta interpuesto por MODEMA, se centra en las motivaciones que tuvo el 1TA para exigir al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que actúa como la secretaría técnica del Comité de Ministros, que dicte una nueva resolución.

Alejandra Donoso, directora ejecutiva de Defensoría Ambiental, señaló que “el Tribunal Ambiental de Antofagasta cometió una serie de ilegalidades que nos parecen gravísimas”, agregando que además “afectan los derechos de las personas, que en su momento hicieron observaciones ciudadanas y que arbitrariamente el Tribunal Ambiental determinó que el Comité de Ministros debía dejar fuera de su decisión”.

Por lo pronto, la Corte Apelaciones de Antofagasta deberá revisar los recursos en el marco de Dominga.