PDI detiene a prófuga por millonaria defraudación en la Corporación G.G.V.

Una terapeuta de 38 años es la penúltima imputada que fue detenida por los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos La Serena, en el desarrollo de las diligencias relacionadas por el delito de fraude al Fisco y Organismos del Estado, delitos que afectaron a la Corporación Gabriel González Videla, de la capital regional.

“Detectives de esta brigada especializada desarrollaron diversas diligencias de análisis criminal e inteligencia policial, en coordinación con el Ministerio Público. Es así cómo ubicamos su paradero y, durante esta jornada (viernes), logramos resultados importantes y dimos cumplimiento a la Orden de Aprehensión, emanada del Juzgado de Garantía de La Serena, desde el pasado 30 de enero. Mañana (hoy) sábado, la imputada será puesta a disposición de la fiscalía para su formalización y control de detención ante el tribunal”, explicó el subprefecto Miguel Díaz, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI La Serena.

Las diligencias, en tanto, siguen en desarrollo para ubicar al imputado 22 que aún se encuentra prófugo de la Justicia.

Es por ello que cualquier información o antecedente sobre su paradero, se puede proporcionar de manera confidencial en la unidad de calle Anfión Muñoz, número 700 de la capital regional.

Cabe recordar que en enero pasado, la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo expuso los antecedentes de la investigación por fraude al fisco de alrededor de 750 millones de pesos.

En los hechos ocurridos en la Corporación Municipal Gabriel González Videla, se habría contactado a terceros para una serie de labores que jamás habrían existido u ocurrido, pero que presuntamente, derivaron en el pago improcedente de recursos municipales, con la facilitación de cuentas, devoluciones de dineros, cobros de comisiones y uso de recursos para otros fines.

Los programas municipales afectados por el fraude correspondieron a atenciones en Centros de Salud Familiar, atención para la rehabilitación de drogas y atención de menores de edad con medidas cautelares o condenas.

La investigación es desarrollada junto con el Laboratorio de Criminalística de la PDI y personal de la Brigada de Lavado de Activos y Robos, además de funcionarios del equipo de Análisis Criminal y Focos Investigativos.

Además, figuran como querellantes la municipalidad y la propia corporación más antecedentes aportados por la Contraloría General de la República.