El otro caso en que se espera la extradición de un imputado desde Venezuela

Durante la mañana de hoy se llevará a cabo la audiencia de formalización en ausencia de José Medina Ladera, a quien se le imputa ser principal sospechoso del femicidio de Ana María Pizarro ocurrido en el mes de abril.

El hombre fue detenido en su país de origen, Venezuela, por lo que las autoridades nacionales solicitarán su extradición para traerlo de vuelta al país y juzgarlo.

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No obstante, dicho proceso no será nada fácil, y así lo saben los familiares de las víctimas del médico pediatra Carlos Reyes Ramos, quien fue formalizado y condenado por abuso sexual contra dos menores de edad en Monte Patria, pero se fugó del país, siendo detenido precisamente en Venezuela. Sin embargo, a más de un año de su detención, aún no es extraditado para cumplir su condena en Chile.

Consultadas en su oportunidad las instituciones relacionadas con el caso, afirmaron que esas gestiones se concretaron y se decretó la orden de extradición por parte de la Corte de Apelaciones de La Serena.

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Se indicó que el tratado de extradición establece que, una vez concedida la medida, se deberá comunicar de inmediato al país requiriente para poner el sujeto a su disposición. Desde ese momento se contará con 60 días para adoptar las medidas adecuadas para recibir al inculpado.

Desde Cancillería indicaron que se encontraban “trabajando con INTERPOL para proceder prontamente al traslado de Carlos Reyes Ramos a Chile y ponerlo a disposición de la Corte de Apelaciones de La Serena”.

Pero pasó más de un año de estas declaraciones, y hasta ahora en nada se ha avanzado. Así lo afirma la vocera de los padres de las víctimas, Macarena Palta, quien explica que la fiscalía no ha entregado respuestas concretas sobre el caso. 

“Se presume que el implicado está preso en Venezuela, pero tenemos dudas fundadas si eso es verdad, y no han podido gestionar su extradición a Chile pese a todo el tiempo que ha pasado. Lo último que supimos es que estaba como ‘rey’ en la cárcel con varios privilegios. Cabe recordar que eran dueños de una clínica en Santiago y supuestamente la mamá la vendió y se fue a vivir a Venezuela”, sostiene Palta.

La mujer indica que el condenado cuenta con el patrocinio de un exfiscal venezolano especializado en corrupción como su abogado defensor. 

Es más, como familia creen que el sujeto ya no está preso y está viviendo en Venezuela “como si nada”.

“Seguro después va a volver a Chile por un paso ilegal y va a volver a hacer lo que hace: abusar a menores. Aunque dijo la fiscal que los delitos de abuso y violación no prescriben, puede usar una identificación falsa, tal como andaba en Venezuela con un pasaporte de un menor de 15 años. Tiene los recursos para hacer eso”, aseveró la amiga de la familia de las víctimas.

Palta relata que tanto los menores de edad como su madre siguen con graves problemas psicológicos por todo lo que los hizo pasar el médico.

“Ojalá tenga la vitrina que tiene el caso del tipo que descuartizó a la señora y se logre avanzar por parte de las autoridades”, indicó la mujer. 

ABUSO SEXUAL

Cabe recordar que la fiscalía acusó al sujeto y lo sometió a juicio en el año 2022, instancia en que se logró obtener la condena por dos delitos agravados de abuso sexual, a dos penas de 5 años y un día cada una por los hechos ocurridos entre los años 2008 y 2015 respecto al primer caso y el segundo entre los años 2014 y 2015. Luego de presentar una serie de recursos judiciales ante la Corte Suprema, el sujeto huyó del país por un paso fronterizo no habilitado.

Desde el Ministerio Público afirmaron que se realizaron en su momento todos los procesos que le competen a su ámbito de acción. “Se solicitó conforme a sus facultades el proceso de extradición ante la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena el 6 de julio de 2023 luego que tuviera conocimiento del paradero del sujeto prófugo, quien fue sentenciado en octubre de 2022 por abuso sexual agravado por el Tribunal Oral de Ovalle. El acusado había sido sentenciado luego de un nuevo juicio oral por abuso sexual agravado – en uno anterior fue absuelto, pero finalmente fue anulado- por hechos que ocurrieron en la comuna de Monte Patria”, señalaron a través de un comunicado, agregando, que la fiscalía de Ovalle recibió el apoyo de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la fiscalía nacional, aclarando que el proceso de extradición le corresponde su materialización a otro poder del Estado.

“Durante el proceso de la causa, tal como corresponde que se haga con los intervinientes directos de la causa, la fiscalía de Ovalle y la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, URAVIT, realizó seguimiento y acompañamiento a las víctimas y sus familiares, y luego del juicio, se efectuaron otras coordinaciones para la atención psicológica. A su vez la fiscalía mantuvo comunicación con los familiares de las víctimas”, aseveran desde el Ministerio Público.

“Lo importante en el juicio fue la declaración de los niños, que a pesar del tiempo transcurrido, siempre mantuvieron su relato y eso sumado a la prueba testimonial, pericial del Servicio Médico Legal y pericia psicológica, se demostró que no había ganancia secundaria”, valoraron desde fiscalía.