Dirigentes de ANFA demanda a municipio de Coquimbo por desalojo ilegal

Dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ANFA Coquimbo, presentaron una demanda en contra del municipio acusando un desalojo ilegal del espacio ubicado al interior de La Pampilla por el cual tienen un comodato de 50 años.

Según lo señalado por el tesorero de la ANFA Coquimbo, Luis Velásquez, ellos nunca fueron notificados del desalojo, y que tanto funcionarios municipales como carabineros llegaron al lugar sin previo aviso. Acusa además que el desalojo se hizo sin orden de un juez, razón por la cual recurrieron a los tribunales.

De acuerdo a lo señalado por Velásquez, el municipio “y el alcalde han mentido”, afirmando que “ellos se tomaron el estadio sin permiso ni orden de un juez, por lo que los demandamos. Ya anteriormente habíamos puesto un recurso de amparo, por lo que no podían ingresar, pero lo hicieron por la fuerza e, incluso, se apoderaron de algunas cosas que teníamos ahí. Se llevaron camisetas de infantiles, de la selección y sacaron los estanques del agua, porque es mentira que no había agua ni luz como han señalado”, asegura el dirigente.

Al respecto, explica que contaban con cuatro estanques de 3.500 litros de agua y que la electricidad nunca estuvo cortada, pues contaban con motores para ello.

“Aunque ellos digan que estaba sucio, ese no es motivo para quitar un comodato. Ellos se tomaron esto a la fuerza nomás. Es un acto de prepotencia nada más, porque estaban demandados, por eso se lo tomaron, aunque dicen que la Contraloría los autoriza, pero esa entidad no está para eso. Aquí el que tiene que dar la orden es un juez, no la Contralor. El comodato está vigente”, argumenta Luis Velásquez, quien espera que los tribunales sean los que den la última palabra y no un alcalde “que está  tomando decisiones unilaterales y por sobre la ley”.
 

LOS ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO

Desde la Dirección Jurídica de la municipalidad de Coquimbo, tras consultarles por el desalojo que acusan desde la ANFA, señalaron por escrito que “no hubo desalojo. Se ingresó pacíficamente para iniciar la nueva administración del recinto”.

En la misma línea, agregan que “la ANFA fue notificada y el cuidador cooperó para el ingreso pacífico al recinto. A éste último y a su grupo familiar se les brindó apoyo social debido a las condiciones en que vivían”.

Sobre la presencia policial, indican que “Carabineros participó de apoyo por si se constataba un delito y por que se habían recibido amenazas de agresiones tras la notificación de la revocación del comodato. Una vez al interior hubo puertas de baños y duchas que estaban cerradas y no habían llaves o estaban las chapas en mal estado, por lo que se abrieron  con herramientas.

Previamente a esto, Contraloría General de la República ratificó que la municipalidad se encontraba habilitada para poner término a los comodatos”, se subraya en su respuesta.

LO QUE DICE LA NORMA

Consultada si un municipio puede realizar un desalojo, la abogada y académica de la Universidad Central, María José Lira, manifestó que la figura del comodato no está regulada en  la Ley Orgánica de Municipalidades sino que se habla de los bienes que son municipales o bienes nacionales de uso público que administra la municipalidad, y que son objeto de permisos y concesiones. Por lo tanto, un contrato de comodato se regula por las normas del Código Civil.

“El alcalde puede ponerle término a un contrato de comodato cuando se dan algunos de los supuestos contenidos en el contrato, o bien, porque existan razones de interés general debidamente motivados. Ahora, como todo acto administrativo unilateral se notifica y la contraparte tiene plazos para poder recurrir. En cuanto a desalojar y requerir la fuerza pública no sería una competencia que tenga el alcalde, porque como comodato tendrá que ir a un tribunal que lo autorice”, explica.

Añade que si la municipalidad comprueba en tribunales que hay mal uso del comodato, éste dará plazo para que se restituya el inmueble y, si no ocurre, se solicita desalojo a través de los tribunales, pero nunca a través de una decisión municipal unilateral.