La Varilla: Masivo control a extranjeros dio origen a 91 denuncias por Ley de Migraciones

Más de 200 efectivos, entre detectives y carabineros, desarrollaron un despliegue conjunto en el sector de La Varilla en Las Compañías, comuna de La Serena. 

La intervención se originó a partir de la planificación del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de La Serena, los que realizaron el análisis criminal y de inteligencia policial respectiva, definiendo los puntos de interés al momento de fiscalizar la toma.

Al respecto, las autoridades destacaron esta intervención policial principalmente por sus resultados, el uso del nuevo sistema de empadronamiento biométrico de la PDI y la coordinación interinstitucional junto a la seremi de Seguridad Pública, lo que incluyó activamente a la comunidad organizada durante la investigación.

Como resultado, fueron detenidos tres hombres y una mujer debido a requerimientos de la justicia por diversos delitos como estafa, tráfico de drogas en pequeñas cantidades y lesiones. Además, 374 extranjeros fueron controlados por personal del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de La Serena con el apoyo de los detectives del área, provenientes desde las regiones de Arica y Parinacota, Atacama y Valparaíso, además de las prefecturas de Elqui y Choapa, lo que dio a origen a 91 denuncias por infracción a la Ley de Migraciones y Extranjería.

Respecto a la logística, también fue ampliamente valorado el seguimiento del proceso desde el aire, el cual se realizó durante la madrugada del lunes con apoyo del helicóptero de Carabineros y el dron de la PDI.

En ese sentido, Adio González, seremi de Seguridad Pública, manifestó que el mensaje del gobierno es claro: “la idea, por cierto, es buscar aquellos delitos que se pueden estar cometiendo, particularmente, en las tomas de La Varilla. Es una toma que hace mucho rato nosotros le estamos poniendo mucha atención, porque, si se recuerda, ahí había sucedido un secuestro de unos extranjeros que precisamente habían llegado a buscar esos dineros y esas transacciones, particularmente de droga”.

El seremi de Seguridad agregó que el operativo permitió detectar a muchos extranjeros en situación irregular, “que por cierto, hoy día, les están tomando las huellas digitales, sacando voz e imágenes faciales para poderlos identificar”, puntualizó la autoridad.

POSIBLE DESALOJO

Según informaron desde la delegación presidencial regional de Coquimbo, para que se pueda producir un desalojo de tomas de terreno como el caso de La Varilla, éste lo debe solicitar el dueño o administrador del inmueble fiscal, porque el procedimiento de restitución administrativa es solo para bienes fiscales o bienes nacionales de uso público.

 “Luego del ingreso de la solicitud, se revisan los antecedentes. Una vez que se haya constatado que todos los antecedentes corresponden, es decir, que la persona no tenga un título para estar ahí, que el inmueble corresponda a la administración o el dominio del solicitante, se envía un oficio informando al ocupante que se inicia el procedimiento de restitución administrativa. Se le entrega un plazo para desalojar y transcurrido ese plazo se emite la resolución que ordena la restitución administrativa y que le ordena a la persona que desaloje el inmueble de forma voluntaria. En caso de que no lo haga se recurre al auxilio de la fuerza pública. Pero hasta esta fecha no existe tal solicitud en los terrenos de la toma de La Varilla”, señalaron desde la delegación.

VIVIENDA DIGNA

Desde el municipio serenense, en tanto, indicaron que la falta de soluciones habitacionales efectivas es la raíz del crecimiento sostenido de tomas como La Varilla, una realidad que refleja la insuficiencia de las políticas públicas para garantizar el derecho a una vivienda digna. 

“Como municipio seguimos acompañando a las familias con programas sociales y comunitarios orientados a mejorar sus condiciones de vida, pero reiteramos que la respuesta definitiva debe provenir del nivel central, que tiene la responsabilidad de entregar soluciones concretas y sostenibles”, indicaron desde la municipalidad serenense.

Al respecto, desde la seremi de Bienes Nacionales se informó que el aumento de ocupaciones ilegales es una problemática que se multiplicó durante la pandemia del covid-19, debido a la necesidad urgente de miles de familias de acceder a una vivienda. Por esta razón, el ministerio, junto al MINVU, se encuentra trabajando de manera coordinada para dar cumplimiento al Plan de Emergencia Habitacional.

Además, desde Bienes Nacionales agregan que en esa zona se pueden encontrar distintas realidades, como ventas, arriendos productivos u ocupantes irregulares e ilegales, concentrados principalmente al inicio de la toma La Varilla.

En esa línea, en junio de 2024, el Ministerio de Bienes Nacionales hizo entrega de la concesión de uso gratuito del inmueble fiscal donde se emplazan los campamentos Desierto Florido, Tierra Añañuca y villa El Triunfo al Servicio de Vivienda y Urbanismo, SERVIU, en el contexto del Programa Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

“Desde 2024 a la actualidad, se han realizado más de 100 fiscalizaciones, a través de las cuales, hemos constatado distintas realidades: primero, que existe una necesidad de una primera vivienda y, por otra parte, que existen personas que tienen una segunda vivienda, emprendimientos —algunos silvoagropecuarios—, desarmadurías e incluso extracciones de áridos”, señalaron desde Bienes Nacionales.

Cabe puntualizar, además, que algunas ocupaciones se emplazan en las llamadas Zonas de Riesgo (ZRA) según el Plan Regulador Comunal, propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas, por lo que  se restringe el desarrollo urbano por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos. Asimismo, algunas se encuentran emplazadas en territorio afecto a expropiación por ser prolongación de vías proyectadas según los Instrumentos de Planificación Territorial.

Respecto a otro de los problemas que se presentan en ésta y en otras tomas, como son las conexiones eléctricas irregulares, desde CGE explican que, al momento de intervenir dichas conexiones, deben tomar una serie de medidas tendientes a reforzar la seguridad de sus trabajadores, debiendo en algunos casos, solicitar apoyo policial.

“Esto, ya que, cuando las brigadas de CGE se acercan a este sector, el personal suele recibir amenazas e incluso ser amedrentados con armas por parte de sujetos de la zona, quienes impiden el desarrollo normal de las faenas”, explicaron desde la empresa eléctrica.