¿Auto Orden en la cuerda floja? Municipio de La Serena evalúa fin al contrato

La Contraloría General de la República emitió sendos pronunciamientos que abordan la relación existente entre el municipio de La Serena y la empresa Auto Orden S.A., concesionaria de los estacionamientos de superficie y subterráneos en la capital regional.

Dichos informes, fechados en agosto de 2025, y derivados de las denuncias del exconcejal Félix Velasco, ponen de manifiesto eventuales irregularidades, incumplimientos contractuales y conflictos de interés por parte de la empresa concesionaria.

En ese contexto, desde la administración municipal serenense estarían evaluando los antecedentes para poner definitivamente término al contrato con la cuestionada empresa, si es que los incumplimientos persisten, agregando que en virtud de la Ley Orgánica de Municipalidades, en caso de término unilateral, la municipalidad recuperaría la administración de los bienes nacionales de uso público entregados en concesión. 

Cabe recordar que desde hace más de siete años, las quejas sobre la concesión de Auto Orden han resonado en el concejo municipal, apuntando a supuestos “cobros fantasma” y problemas laborales, hasta la falta de pago de contribuciones y patentes. 

Lo cierto es que auditorías previas de la Dirección de Control Interno municipal en 2017 y una investigación especial de la Contraloría Regional en 2020 ya habían advertido serias falencias, como la ausencia de sanciones claras en las bases de licitación para incumplimientos en la etapa de explotación y la falta de certeza sobre el número exacto de estacionamientos concesionados y sus modificaciones.

INFORME DEL CONTRALORÍA

Al respecto, Rodrigo Álvarez, director del Departamento Jurídico de la municipalidad de La Serena, explicó que el nuevo informe de la Contraloría ratifica y refuerza lo que el municipio ha venido señalando: la existencia de incumplimientos reiterados por parte del concesionario. 

“Se trata de observaciones objetivas que confirman la falta de cumplimiento en materias financieras, administrativas y contractuales. Para la municipalidad, este pronunciamiento es un respaldo jurídico y técnico que valida las acciones de fiscalización realizadas y fortalece la posición institucional frente a eventuales medidas más drásticas, como la caducidad del contrato”, señaló el abogado.
Respecto al informe de la Contraloría, fechado el 19 de agosto de 2025, se abordan una serie de denuncias del exconcejal Velasco, y entre ellas, emite un pronunciamiento sobre el abogado Raúl Pelén, quien, según Velasco, representaría simultáneamente a Auto Orden S.A. y al municipio. 

En el documento se sugiere que el abogado Pelén, quien presta servicios a honorarios para el municipio, debe “dar cumplimiento al deber de abstención” respecto de actos donde “pueda existir, aun potencialmente, un conflicto de interés entre su representación particular y la función pública que cumple”.

Esta exigencia también recae en la municipalidad de La Serena, que debe “cautelar” dicha abstención. 

Desde el municipio aclaran que Pelén es abogado externo y en el caso en particular, “él no representa los intereses en este caso, ni tampoco aparece como abogado de Auto Orden”.

RETRASO EN EL PAGO

Asimismo, la Contraloría emitió un segundo oficio el 22 de agosto de 2025, para revisar el contrato de concesión por diversos incumplimientos de Auto Orden S.A., tales como retraso en el pago de la renta de la concesión, falta de pagos y demandas de trabajadores, así como deudas de contribuciones por los estacionamientos subterráneos.

Ante esto, la Contraloría instruyó a la municipalidad a evaluar los periodos en los que se habría producido el incumplimiento” previo a diciembre de 2024 y “proceder a cursar las sanciones que sean correspondientes”, advirtiendo que el plazo de prescripción se contabiliza desde el momento de la infracción.

En ese contexto, Rodrigo Álvarez explicó que el municipio ha debido actuar con estricto apego al principio de juridicidad y a las cláusulas del contrato y que cada sanción debe estar debidamente fundada, respetando el debido proceso administrativo y dando derecho a defensa al concesionario. “Si bien es efectivo que existe una multiplicidad de incumplimientos, los procesos sancionatorios requieren etapas formales que implican plazos y dictación de actos administrativos. No obstante, se han emitido cargos, apercibimientos y medidas de control adicionales. La sanción aplicada refleja el inicio de un proceso gradual que puede culminar en la caducidad anticipada si los incumplimientos persisten”, sostuvo el asesor legal del municipio.

DEUDAS LABORALES

Respecto a la situación de los trabajadores, el municipio solicitó certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, mientras que las deudas de contribuciones por los estacionamientos subterráneos se encuentran con convenios de pago con la Tesorería, aunque la empresa no ha respondido a los requerimientos municipales para más antecedentes.

La Contraloría, aunque entiende que estos asuntos están siendo abordados por la autoridad competente y no ha emitido un pronunciamiento definitivo en esta instancia, exigió a la municipalidad de La Serena informar “oportunamente” lo que finalmente resuelva.

Sobre las deudas a los trabajadores, el abogado Rodrigo Álvarez sostiene que éstas no solo agravan la situación financiera del concesionario, sino que afectan la fe pública y la confianza de la ciudadanía en la correcta administración del bien nacional de uso público concesionado. 

“Además, comprometen la responsabilidad subsidiaria del municipio en materias laborales, pues los trabajadores podrían eventualmente demandar al municipio como entidad que autorizó la concesión. En consecuencia, estas irregularidades no son meramente formales, sino que generan riesgos patrimoniales y jurídicos directos para la municipalidad”, reconoció el funcionario.

Álvarez indicó además, que actualmente se tramitan causas judiciales en sede civil y laboral con Auto Orden. 

“En lo civil, la empresa Auto Orden mantiene demandas contra la municipalidad por supuestos incumplimientos contractuales e indemnizaciones de perjuicios. En lo laboral, existen demandas interpuestas por trabajadores en contra de Auto Orden por no pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales, en las cuales se ha pretendido extender la responsabilidad al municipio. Todo ello configura un escenario litigioso complejo que el municipio está enfrentando con su equipo jurídico y con informes de respaldo de la Contraloría”, explicó el abogado.

El Día intentó contactarse con los representantes de Auto Orden pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.