Exdiputado Lavín es formalizado por fraude que supera los $100 millones

La mañana de este lunes se inició la audiencia de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en una causa liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente que incluye imputaciones por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. La investigación también involucra a tres excolaboradores y apunta a un perjuicio fiscal que superaría los $100 millones.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos investigados se habrían desarrollado entre 2015 y 2026, e incluyen la utilización de facturas ideológicamente falsas, adulteración de documentos tributarios y el uso de recursos públicos para financiar actividades políticas, lo que está expresamente prohibido.

Uno de los puntos que marcó el inicio de la audiencia fue la situación del exasesor Felipe Andrés Vázquez Diéguez, quien no compareció al tribunal al encontrarse en España. Frente a ello, la fiscalía solicitó una orden de detención con fines de extradición, petición que fue acogida por el tribunal, iniciando así el proceso para su eventual traslado a Chile.

En el detalle de la investigación, la fiscalía sostiene que el exparlamentario, junto a sus asesores, habría utilizado al menos 14 facturas falsas, cinco adulteradas y una anulada para justificar gastos operacionales ante el Congreso, obteniendo reembolsos indebidos por más de $12 millones. Estos documentos incluían glosas como “cuenta pública” para simular servicios vinculados a la función legislativa, cuando en realidad correspondían a gastos personales o de campañas.

Además, se habría manipulado la fecha de algunos documentos para que estos pudieran ser aceptados dentro de los plazos de rendición, evitando observaciones administrativas. A ello se suma la incorporación de respaldos falsos en el sistema del Congreso, con el objetivo de aparentar la existencia de servicios prestados.

Otro eje relevante de la causa es el presunto uso de asignaciones parlamentarias para financiar campañas políticas, incluyendo servicios de imprenta para propaganda electoral. En algunos casos, según la Fiscalía, se habrían generado nuevas facturas falsas para cubrir deudas de campañas con recursos fiscales.

La investigación también aborda la creación de la plataforma digital “SocialTazk”, desarrollada junto al exasesor Vázquez, que habría sido utilizada para gestionar bases de datos de electores y enviar mensajería con fines políticos. Este proyecto habría sido financiado con recursos públicos, generando pagos por más de $90 millones por servicios que no estarían vinculados a la labor parlamentaria.

Asimismo, se indagan eventuales actos de tráfico de influencias en la municipalidad de Maipú, donde el exdiputado habría intervenido en contrataciones, desvinculaciones y acceso a bases de datos, buscando beneficios políticos y económicos.

Desde la defensa, el abogado Cristóbal Bonacic cuestionó la investigación, calificándola como “sesgada” y asegurando que su representado ha colaborado con el proceso. En esa línea, rechazó la aplicación de medidas cautelares privativas de libertad, argumentando que se vulneraría la presunción de inocencia.

En contraste, el abogado querellante del municipio, José Pedro Silva, confirmó que solicitarán la prisión preventiva, señalando que pedirán “las medidas cautelares más intensas” contempladas en la legislación.

La audiencia continúa en desarrollo y será el tribunal el encargado de definir las medidas cautelares, en un caso que abre un nuevo flanco judicial vinculado al uso de recursos públicos en el ámbito parlamentario.