Corporación GGV suma nueva querella en medio de 7 investigaciones activas

La Corporación Municipal Gabriel González Videla interpuso una querella criminal contra la Sociedad Linkteck SpA y su representante legal, Elías Isaac Varas Castro, por presuntos delitos que les habrían permitido adjudicarse  de forma irregular un contrato de casi 30 millones de pesos financiado con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

En la acción judicial, ingresada en el Juzgado de Garantía de La Serena, se denuncia la falsificación de documentos, suplantación de identidad de representantes legales de otras empresas, utilización de cotizaciones falsas y facturación de trabajos no ejecutados en el Colegio Algarrobito.

DOCUMENTOS FALSOS

De acuerdo con la investigación del municipio serenense, el 29 de agosto de 2024 la corporación suscribió un contrato con Linkteck SpA por $29.750.000 para ejecutar el proyecto “Modernización de red estructural inalámbrica, optimización y mantenimiento en redes eléctricas, sistemas de seguridad, señaléticas wifi e iluminación eficiente” en el Colegio Algarrobito.

El procedimiento se realizó bajo la modalidad de trato directo, lo que exige presentar al menos tres cotizaciones que respalden la elección. Por eso, se acompañaron documentos de Linkteck SpA, VisionSystem SpA y Expert Security SpA. Sin embargo, una auditoría interna detectó que las dos últimas eran falsas.
Las empresas involucradas confirmaron por escrito que jamás emitieron esas cotizaciones, denunciando  suplantación de identidad. Además, los correos electrónicos utilizados carecían de dominio corporativo y contenían errores básicos, lo que reforzó la sospecha de manipulación.

Los auditores también constataron que la decisión de contratar a Linkteck SpA estaba tomada desde antes de recibir las cotizaciones comparativas, ya que el memorándum original incluía todos los detalles del proveedor: precio, plazos y servicios.

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Según los informes técnicos, la ejecución del proyecto solo alcanzó un 65,36%, lejos del 80% mínimo exigido para acceder a un segundo pago. 

Pese a ello, la empresa emitió una factura por el saldo restante sin contar con la aprobación técnica, configurando un eventual perjuicio económico para la corporación y el fisco.

En la querella se establece que en los hechos habrían cuatro tipos penales: falsificación de instrumento privado, uso malicioso de instrumento privado falso, fraude al fisco y estafa.

Antecedentes de la empresa

Sin embargo, la empresa Linkteck SpA no era desconocida en las licitaciones que llevaba a cabo la Corporación Gabriel González Videla, pues exisitían vínculos con la organización. Por ejemplo, en 2013 se adjudicó trabajos en el Colegio Germán Riesco para la instalación de router wifi con conectividad 2.4mhz para todos los dispositivos que lo requirieran y una red en todas las salas y oficinas por un monto de 6 millones de pesos.

Además, postuló a otra licitación para el Colegio Caleta San Pedro, oferta que fue rechazada por no presentar la documentación exigida por la SEC.

CAMINO JUDICIAL

De esta forma, esta querella interpuesta por la corporación se suma a una serie de otras acciones impulsadas por la actual administración para enfrentar una crisis financiera generada a raíz de una deuda superior a los 80 mil millones de pesos, convirtiendo a la corporación municipal en la más endeudada del país.

“Como administración, hemos decidido poner fin a la cultura del silencio que por años permitió que se normalizaran malas prácticas al interior de la corporación. Esta querella es una señal clara: los recursos públicos se respetan y se cuidan. No vamos a permitir que un peso destinado a la educación o a la salud termine en manos de quienes intentan aprovecharse del sistema. Nuestro compromiso es con las familias y con la transparencia, y llegaremos hasta las últimas consecuencias para defender lo que es de todos”, afirmó la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena.

En efecto, esta querella no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una línea sostenida de acciones judiciales impulsadas por la actual administración para erradicar prácticas irregulares históricas al interior de la corporación.

CONTRATACIONES

No obstante, tras una polémica que se generó el día de ayer en el concejo municipal, tras los cuestionamientos que expresó la concejala Rayen Pojomovsky en relación a 42 contrataciones realizadas por la nueva administración en la Corporación Gabriel González Videla, además de los sueldos de algunos de los nuevos personeros, la alcaldesa Norambuena debió aclarar que el equipo incorporado no respondía a un aumento de gasto injustificado, pues fue convocado precisamente para ordenar el grave desorden administrativo que se mantuvo por años sin control ni fiscalización. “Gracias a este equipo especializado, se logró detectar prácticas irregulares que venían ocurriendo desde administraciones anteriores y que habían sido ignoradas durante mucho tiempo. Fue este mismo grupo de profesionales el que, con rigurosidad técnica y respaldo jurídico, permitió identificar los delitos cometidos al interior de la corporación y presentar las querellas correspondientes ante la justicia”, aseguró la edil.

Según Norambuena, lejos de perpetuar los problemas históricos, afirmó su administración tomó “la decisión responsable” de intervenir y poner fin a una práctica normalizada durante años. 

“Hoy, por primera vez en mucho tiempo, la corporación está avanzando hacia la transparencia, la probidad y la gestión responsable de los recursos públicos”, aseveró la alcaldesa de La Serena. 

Las siete acciones judiciales

A la fecha, se mantienen siete causas activas ante el Ministerio Público por las irregularidades detectadas en la Corporación Gabriel González Videla:

• Dos investigaciones relacionadas con el área de Salud, una de las cuales debió ser reabierta con separación de antecedentes para continuar su indagación.
• Dos querellas presentadas directamente por la alcaldesa Norambuena, referidas a fraude y falsificación de cotizaciones.
• Una querella por irregularidades en la administración de cementerios.
• Una denuncia por negociación incompatible en el ámbito funerario.
• La querella por el caso Linkteck, que ayer se dio a conocer públicamente.