Venezolano extraditado desde EE.UU. está imputado por crimen en Tierras Blancas

En un operativo coordinado que marca un hito para la justicia chilena, Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero, uno de los cinco ciudadanos venezolanos extraditados desde Estados Unidos, arribó a Chile el pasado martes 30 de septiembre para enfrentar cargos por su presunta vinculación con el crimen organizado y, específicamente, por un homicidio calificado ocurrido en el sector de Tierras Blancas en Coquimbo, en febrero de 2023.

La llegada simultánea de los cinco imputados es considerada por el Ministerio Público como un golpe significativo a las redes delictivas, particularmente a la organización criminal Tren de Aragua, y es el resultado de una extensa labor de cooperación internacional entre Chile y Estados Unidos. 

El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que este hecho “es una señal clara contra la impunidad y demuestra que ningún delincuente podrá evadir a la justicia gracias a la cooperación internacional”.

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HOMICIDIO EN TIERRAS BLANCAS

A su llegada al país, Sequera Olivero fue formalizado por los delitos de homicidio calificado y porte ilegal de arma de fuego, ilícitos cometidos el 19 de febrero de 2023 en el sector Tierras Blancas.

Según la exposición del fiscal, los hechos se desencadenaron en el contexto de una transacción de drogas. La víctima, de 26 años, había comprado sustancias para su consumo a través de redes sociales, pero se apropió de ésta sin pagar su valor, huyendo del lugar. En respuesta, el imputado, junto con otros sujetos de nacionalidad venezolana, lo habrían seguido para recuperar su mercancía.

“El imputado, junto con otros sujetos, toman inmediata represalia y a bordo de un vehículo motorizado lo interceptan en una plazoleta con unos pasajes aledaños de Tierras Blancas, disparan a quemarropa y las heridas causan la muerte en centro de salud familiar del sector”, detalló el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal (SAC), Eduardo Yáñez .

LA FUGA

Tras el homicidio, se inició una investigación extensa a cargo de la Brigada de Homicidios de La Serena y el Laboratorio de Criminalística Regional de la PDI. Sin embargo, Sequera Olivero logró evadir la acción de la justicia chilena al huir del territorio nacional por un paso no habilitado.

Al respecto, José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, indicó que la investigación por este hecho es de largo aliento. 

“Inicialmente, se identificó y posicionó a un vehículo que participaba en los hechos de esta comisión. En el transcurso de la investigación, varios meses después, se logró identificar y ubicar al presunto autor mediante el uso de cámaras y el empadronamiento. Se trataba de un ciudadano de nacionalidad venezolana de 24 años de edad”, relató Cáceres.

El jefe de la Brigada de Homicidios indica que los antecedentes de la investigación fueron entregados al Ministerio Público, quien posteriormente emitió una orden de investigar, dando continuidad a la diligencia. 

Asimismo, se logró identificar a la pareja del presunto autor y, mediante el monitoreo de redes sociales, se detectó que ambos habían huido del país hacia el Estado de Utah, en los Estados Unidos.

“La coordinación para lograr la extradición se realizó de la siguiente manera: los antecedentes fueron presentados al fiscal de la causa (Ministerio Público), quien coordinó con INTERPOL en Santiago. Como primer paso, se levantó una alerta azul. Posteriormente, hace un par de meses, el imputado fue detenido en Utah, lo que permitió levantar la alerta roja y, en definitiva, lograr su extradición a nuestro país”, manifestó Cáceres.

SITUACIÓN LEGAL ACTUAL

A su arribo a Chile, Yhonaiker Sequera Olivero fue trasladado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) junto con los otros cuatro extraditados.

El Juzgado de Garantía de Coquimbo, en tanto, decretó su prisión preventiva en una audiencia de formalización realizada de manera telemática. 

En ese contexto, el fiscal Yáñez señaló que, si bien la investigación se encuentra avanzada, aún quedan diligencias por realizar, como vaciados telefónicos y georreferencias.

El tribunal, por su parte, concedió 120 días para el término de las diligencias de investigación.