Liberación por “error” de miembros del Tren de Aragua sigue sin responsables

Fue el 3 de junio de 2024, cuando el Juzgado de Garantía de Los Vilos, a cargo de la jueza Daniella Pinto Cortés, decidió cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total, firma mensual y arraigo nacional a cinco imputados vinculados al Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano acusada de graves delitos cometidos en Chile. 

La decisión generó fuerte polémica pública debido a que los acusados enfrentaban cargos por secuestro agravado, robo con intimidación, asociación ilícita y otros delitos de alta connotación social.

Además, cada uno de los imputados debía pagar una fianza de 5 millones de pesos para concretar su libertad bajo las nuevas condiciones. 

Lo cierto es que la resolución judicial sorprendió a las autoridades locales y al propio Ministerio Público, los que reaccionaron abriendo una serie de investigaciones para determinar responsabilidades.

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EL ERROR EN LA AUDIENCIA

Durante la jornada en que se discutieron las medidas cautelares, la jueza cuestionó la falta de preparación del abogado asistente del Ministerio Público de Los Vilos, Luis Soto Pérez, quien representaba a la fiscalía en reemplazo del fiscal titular.

De acuerdo con los antecedentes a los que pudo acceder Diario El Día en aquella oportunidad, la magistrada observó que el profesional no conocía adecuadamente los antecedentes del caso, no respondió a las incidencias planteadas por las defensas ni aportó los elementos jurídicos necesarios para mantener la prisión preventiva de los imputados.

Fuentes de la investigación señalaron que el abogado no habría revisado el detalle de las pruebas ni los informes de inteligencia policial previos a la audiencia, lo que debilitó la posición de la fiscalía y facilitó que la defensa argumentara con éxito un cambio de medidas cautelares.

Tras conocerse la resolución, la propia fiscalía regional de Coquimbo ordenó una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido en la audiencia y determinar si hubo negligencia o incumplimiento de los protocolos internos por parte del abogado asistente.

Entretanto, la decisión judicial fue apelada por el Ministerio Público, y pocos días después, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la medida que había dejado en libertad bajo fianza a los cinco imputados, ordenando su reingreso a prisión preventiva.

El caso motivó además la intervención del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien instruyó la apertura de una investigación penal independiente para establecer posibles responsabilidades funcionales o incluso delitos asociados al actuar del funcionario durante la audiencia.

Para conducir la investigación penal, el fiscal nacional designó al fiscal regional de Atacama de aquel entonces, Alexis Rogat Lucero, sin embargo tras su salida, según pudo indagar Diario El Día, las indagatorias las conduce actualmente Juan Andrés Shertzer, el nuevo fiscal regional de esa región.

Consultados al respecto, desde la fiscalía regional de Atacama se indicó que en dicha causa se han llevado a cabo distintas acciones investigativas y que la indagatoria se mantiene vigente. 

Sobre la misma se indicó que restan algunas diligencias finales que ya tiene fecha de realización.

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PARLAMENTARIOS CUESTIONAN EXTENSIÓN DE PLAZOS 

Respecto a esta situación, el diputado Juan Manuel Fuenzalida, calificó como “bien inaceptable que una investigación tan importante esté demorando tanto tiempo. Aquí hubo una situación extremadamente irregular, donde estuvo involucrada gente del Tren de Aragua y al día de hoy no se conocen los resultados. El fiscal el nacional tiene que tomar medidas porque se requiere con urgencia saber que pasó”.

Por su parte, el diputado Víctor Pino, confía en que “se realizará un trabajo serio, objetivo y acorde a la gravedad del caso. Es fundamental que se esclarezca si lo ocurrido en Los Vilos fue un error o si hubo un actuar negligente por parte de la fiscalía, porque la liberación de integrantes del Tren de Aragua no puede quedar sin responsables. Ahora bien, también es evidente que la sobrecarga laboral en las fiscalías es un problema estructural que lleva años sin resolverse. Y en lugar de fortalecer al Ministerio Público, el gobierno recortó su presupuesto en enero, debilitando aún más la capacidad de respuesta frente al aumento de la criminalidad”, acusó.

En esa línea, remarcó que “no podemos exigir más resultados con menos recursos. Si queremos un sistema de justicia eficaz y confiable debemos dotarlo de las herramientas necesarias”.

REPERCUSIONES

Cabe recordar que el caso se produjo en medio de una serie de operativos nacionales contra el Tren de Aragua, organización delictual internacional involucrada en secuestros, homicidios, extorsiones y tráfico de drogas. En Chile, la agrupación ha sido vinculada con hechos violentos ocurridos en distintas regiones del norte y centro del país.

La decisión del tribunal de Los Vilos —y la actuación del representante del Ministerio Público— generaron una fuerte ola de críticas políticas y sociales, con parlamentarios y autoridades locales exigiendo explicaciones.

Diversos expertos en derecho penal calificaron el episodio además, como “un fallo institucional grave” y advirtieron que ello evidencia la necesidad de reforzar la capacitación y supervisión interna de los fiscales y abogados asistentes que participan en audiencias de alta complejidad.