Ley SBAP: los desafíos y dudas que genera su implementación

En marzo de 2011 ingresó el primer proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Luego, en junio de 2014 se ingresó una nueva moción, la que fue aprobada por la comisión de Medio Ambiente en octubre de 2017, por la comisión de Hacienda en enero de 2019 y por la Sala del Senado en julio de 2019, contando éste además con un informe complementario de la comisión de Trabajo y Previsión Social, siendo aprobada la iniciativa, finalmente, en 2022.

En concreto, el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) crea un servicio público dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargará de la conservación de la biodiversidad y cuyo principal instrumento será la administración de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Al respecto, Leonardo Gros, seremi de Medio Ambiente, explicó que “el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, viene a complementar de manera definitiva la institucionalidad ambiental del país. Antes de la existencia de esta ley, las atribuciones, las competencias del Estado en materia de biodiversidad se repartían en una serie de ministerios y de servicios, lo que confundía a los vecinos, y generaba que cuando la responsabilidad es de todos, no es de nadie”, puntualizó.

Por tal motivo, el seremi indicó que esta ley viene a crear un servicio público destinado a la protección de la biodiversidad, tanto en lo que respecta a la administración como respecto a la gestión de las áreas silvestres protegidas del Estado, así como velar también por la conservación y el respeto de la biodiversidad.

“Por tanto, se trata de un organismo primero, técnicamente adecuado con los recursos financieros y humanos necesarios para garantizar a la sociedad chilena de que la biodiversidad, tan importante nuestro país, va a estar bajo el resguardo de una figura administrativa y legal de un servicio público competente con las condiciones y las competencias, la habilidad y la destreza necesarias para garantizar que nuestra biodiversidad se pueda proyectar”, agregó la autoridad.

Según el seremi, en estos momentos se están elaborando los reglamentos necesarios para la aplicación y la ejecución definitiva de la ley.

“Estamos en consulta indígena de los dos reglamentos más importantes de este servicio que es el reglamento de áreas silvestres protegidas y el de sitios prioritarios para la conservación. Prontamente esos reglamentos van a una consulta ciudadana amplia, abierta y posteriormente a la toma razón de la Contraloría”, detalló.

En esa línea, indicó que se están concursando los cargos de directores regionales, identificando las posibles oficinas que va a tener este servicio en cada región, a la vez que se está implementando el nuevo servicio en su totalidad.

“Esperamos que esté resuelto y operativo a partir de los primeros meses del próximo año”, sostuvo Gros.

ESCENARIO CON INCERTIDUMBRE

Desde el mundo empresarial la próxima puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas no genera, sin embargo, el entusiasmo que se observa entre las autoridades.

Al respecto, Juan José Ronsecco, presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPORA), sostuvo que “hemos dicho en distintos momentos y ocasiones, que las nuevas regulaciones medioambientales, entre ellas la Ley 21.600, tienen el potencial de afectar la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos. Al igual que otras voces de la alianza público-privada, pedimos que se escuche a las regiones antes de tomar decisiones que nos afectan directamente. Nadie puede oponerse al debido resguardo del Medio Ambiente, pero tampoco podemos afectar las justas aspiraciones de quienes viven en estos territorios. Queremos avanzar en equilibrio y que se escuche la voz regional”.

Por su parte, Ricardo Guerrero, gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE), señaló que “desde la perspectiva económica y productiva, implica un cambio profundo en la mirada que se aplicará desde ahora en adelante con respecto a las materias forestales y pesqueras, pues unirá en una sola institucionalidad a SERNAPESCA, perteneciente al Ministerio de Economía, y a CONAF, que siempre fue parte del Ministerio de Agricultura, pero ahora bajo el paraguas del Ministerio de Medio Ambiente”.

Según Guerrero, “está por verse si esto implica aplicar un criterio fundamentalmente conservacionista, por encima de la administración de recursos para el desarrollo que necesitamos como nación”.

En esa línea, aseguró que “tenemos legítimas aprehensiones de si esto terminará perjudicando actividades productivas muy importantes e intensivas en mano de obra, afectando al crecimiento que tanto anhelamos. Hoy en día, lo que marca la pauta productiva es la vinculación virtuosa entre la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las empresas, todo ello envuelto en el manto de la innovación. Si este nuevo servicio termina convirtiéndose en otra traba para la tramitación de proyectos, solo estaremos profundizando el inmovilismo que ya nos afecta”.

PARLAMENTARIOS DESGLOSAN PROYECTO

Para el diputado Víctor Pino, en tanto, si bien, la nueva Ley SBAP apunta en la dirección correcta al fortalecer la protección del medio ambiente, “no podemos perder de vista el impacto que su aplicación puede tener sobre actividades productivas esenciales. Nuestra principal preocupación al tramitar esta iniciativa en la Cámara en el año 2022 era que no se convirtiera en una herramienta para frenar la inversión y el crecimiento del país. Han pasado los años y esta necesidad se vuelve más importante aún, cuando miramos atrás y vemos la difícil situación en la que se encuentra Chile”, recalcó.

Asimismo, puntualizó que “en nuestra región, por ejemplo, la pequeña minería es una actividad de gran relevancia. Los pirquineros son parte fundamental de la identidad y del sustento económico local. Por lo tanto, debemos aplicar esta ley con equilibrio y sentido común, resguardando la biodiversidad sin poner en riesgo el trabajo de miles de familias que viven de esta histórica actividad”.

Por su parte, la diputada Carolina Tello, aseguró que esta iniciativa “va en el sentido correcto porque se centra en un solo criterio para enfrentar estos temas medioambientales que son siempre complejos. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) es una institución pública creada por la Ley 21.600 para conservar la biodiversidad del país mediante la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) integrando áreas públicas y privadas, terrestres y marinas. Entonces lo que se requiere es unificar la gestión, fortalecer esta normativa, dotar de financiamiento y promover el uso sustentable de todos nuestros recursos naturales”.