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Menores esquivan ley: Australia fracasa en restricción de redes sociales

A pesar de una estricta ley para limitar el acceso de menores de 16 años a redes sociales, Australia enfrenta serias fallas en su aplicación real y el impacto...
martes 31 de marzo de 2026

Australia, un país que se posicionó como referente mundial en la restricción del acceso de menores de edad a plataformas digitales, enfrenta serias dificultades para hacer cumplir su propia normativa. A solo tres meses de su entrada en vigor, la ley que buscaba proteger a los niños de los riesgos de internet demuestra tener importantes falencias en su aplicación práctica.

La legislación, vigente desde el 10 de diciembre, exige a las plataformas verificar la edad de sus usuarios. Además, contempla cuantiosas multas que pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 29 millones de euros, para aquellas compañías que no cumplan con esta obligación. En sus primeras semanas de implementación, se reportó la eliminación o bloqueo de aproximadamente 4,7 millones de cuentas pertenecientes a menores.

Sin embargo, un informe reciente del regulador de seguridad en internet eSafety revela una realidad preocupante: un “porcentaje significativo” de menores sigue utilizando estas plataformas pese a la prohibición. Datos alarmantes indican que cerca de siete de cada diez niños continúa activo en aplicaciones como Facebook, Instagram, Snapchat o TikTok, mientras que casi la mitad mantiene cuentas en YouTube.

Aunque la proporción total de menores en redes sociales disminuyó del 49,7% al 31,3%, el propio organismo advirtió que muchos niños no pasaron por ningún proceso de verificación de edad, según información de El País.

La medida fue impulsada por Canberra debido a la creciente inquietud sobre la salud mental infantil. Un estudio encargado por el gobierno concluyó que el 96% de los niños entre 10 y 15 años utiliza redes sociales. De este grupo, siete de cada diez ha estado expuesto a contenidos o conductas dañinas, que van desde mensajes misóginos hasta videos violentos, publicaciones que promueven trastornos alimentarios o incluso el suicidio.

El diagnóstico oficial apunta a que esta problemática se agrava por el diseño de las propias plataformas, las cuales incitan a los menores a pasar más tiempo frente a las pantallas y les ofrecen contenido potencialmente perjudicial para su salud y bienestar.

El punto crítico, sin embargo, parece residir en la ejecución de la norma. El gobierno delegó en las plataformas digitales la responsabilidad de impedir que los menores de 16 años mantengan cuentas activas. Meta, propietaria de Facebook, Instagram y Threads, inició el cierre de perfiles de adolescentes en diciembre, asegurando que los usuarios expulsados por error podrían acreditar su edad mediante un documento oficial o un video selfie.

Aun con estos esfuerzos, el informe de eSafety detectó fallas estructurales en los controles. Entre ellas, se identificaron la facilidad para cambiar la edad declarada, la posibilidad de repetir intentos de verificación o de registrarse con datos falsos. Estos vacíos facilitan a los menores eludir la ley.

Julie Inman Grant, máxima responsable de eSafety, ha advertido que el organismo está recopilando antecedentes con miras a eventuales acciones legales. Recalcó que las plataformas deben demostrar que han adoptado medidas “razonables” para evitar que menores de 16 años tengan cuentas activas.

Mientras Australia intenta consolidar su modelo de protección, Indonesia enfrenta problemas similares. Ese país, que también aprobó una regulación de este tipo, ha acusado a gigantes tecnológicos como Meta y Google de no colaborar suficientemente en la detección y desactivación de cuentas de menores. La ministra Meutya Hafid incluso señaló que las plataformas no informaron qué medidas aplicarían para cumplir con la nueva normativa.

La situación en ambos países plantea un desafío global sobre la efectividad de las regulaciones gubernamentales frente a la complejidad tecnológica y la constante adaptación de los usuarios más jóvenes, dejando abierta la pregunta sobre cómo se logrará proteger realmente a la infancia en el entorno digital.