Estudiantes acusados de atacar a ministra Ximena Lincolao quedan en libertad

Tres estudiantes acusados de agredir a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en su visita a la Universidad Austral de Chile en Valdivia, quedaron en libertad con medidas cautelares. Esta decisión del Juzgado de Garantía de Valdivia se dio pese a que tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) habían solicitado medidas más gravosas para los jóvenes formalizados.

Los acusados quedaron con la prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y la obligación de firma quincenal. Estas cautelares fueron dictaminadas en el marco de la formalización por el delito de atentado contra la autoridad, tras un incidente que generó gran revuelo a nivel nacional. Tras la audiencia, el tribunal fijó un plazo de 120 días de investigación para esclarecer los hechos.

La Fiscalía había solicitado para los estudiantes la cautelar de arresto domiciliario nocturno. Por su parte, el CDE, en calidad de parte querellante, pidió la prisión preventiva, argumentando la gravedad del delito. Sin embargo, ambas peticiones fueron desestimadas por el juez a cargo del caso, quien optó por las medidas menos restrictivas.

El hecho en cuestión ocurrió durante la inauguración del año académico de la UACh, evento al que asistía la secretaria de Estado. En aquella ocasión, la ministra Lincolao fue increpada, recibió diversos insultos e incluso se le lanzó agua por parte de un grupo de personas, lo que derivó en la posterior identificación y detención de los estudiantes involucrados.

Tras conocerse la detención de los jóvenes, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió al caso, anunciando que su cartera interpuso una querella y que serían parte activa en la formalización. En sus declaraciones, Steinert enfatizó la posición del Gobierno frente a estos actos:

“Vamos a ser parte de la formalización, y pediremos las cautelares más gravosas porque no hay causa justa que justifique la violencia”.

La autoridad gubernamental también aclaró que esta postura no iba en contra de las manifestaciones pacíficas, sino específicamente contra los actos de violencia. Recordó que, como Gobierno, están “conscientes que las manifestaciones pacíficas son un derecho”. Ahora, con los estudiantes en libertad bajo cautelares, el proceso entra en una fase clave de investigación que se extenderá por cuatro meses para determinar las responsabilidades finales en este atentado.