Rechazo a legislar tensiona proyecto de reconstrucción

Durante los últimos días se ha intensificado el debate político ante la posibilidad de que la oposición rechace la idea de legislar el proyecto de reconstrucción impulsado por el gobierno, iniciativa que ha recibido duras críticas desde distintos sectores.

La interrogante apunta a si los parlamentarios pueden negarse a discutir una propuesta, considerando que su función es precisamente legislar. Sin embargo, la normativa vigente establece que sí pueden hacerlo. Así lo explica la abogada María José Lira, quien señala que el rechazo a la idea de legislar “es una facultad legítima y fundamental del Congreso”.

De acuerdo con la profesional, el artículo 68 de la Constitución establece que, si un proyecto es desechado en general en su cámara de origen, no puede volver a discutirse en el plazo de un año, salvo que el Presidente haga uso de su facultad de insistencia. En esa línea, Lira sostiene que no se trata de un contrasentido, ya que la labor parlamentaria no se limita a aprobar leyes, sino también a deliberar, filtrar y fiscalizar las propuestas.

“Oponerse a la idea de legislar es una señal política de que el proyecto no es oportuno, presenta deficiencias o va en contra de los principios que el parlamentario defiende”, explica, recordando que no son pocos los proyectos que han sido rechazados en esta etapa inicial.

Desde el Congreso, la diputada del PDG, Eileen Urqueta, plantea que el foco del debate no debiera estar en si se legisla o no, sino en cómo se legisla. A su juicio, la responsabilidad del Parlamento es generar normas con sentido de realidad y orientadas a las principales urgencias ciudadanas, como la seguridad, la crisis hídrica y el costo de la vida.

En tanto, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, cuestiona la forma en que fue presentado el proyecto, señalando que antes de avanzar en su tramitación se debe verificar si cumple con las normas reglamentarias. Según indicó, la iniciativa incluiría modificaciones tributarias permanentes bajo el concepto de reconstrucción, lo que — a su juicio — altera su idea matriz.

“El primer cuestionamiento es de forma, pero muy profundo, porque no se puede legislar sobre un proyecto que se presenta de manera engañosa”, sostuvo. Asimismo, agregó que la propuesta implicaría una reducción significativa de impuestos para los sectores de mayores ingresos, con un eventual impacto fiscal cercano a los 2.700 millones de dólares.

Por su parte, el diputado socialista Daniel Manouchehri también manifestó su rechazo a la idea de legislar, argumentando que el proyecto mezcla materias que deberían discutirse por separado. “Esta es la ley de los súper ricos”, afirmó, cuestionando que la iniciativa incluya cambios tributarios sin condiciones asociadas a empleo, inversión o crecimiento.

El parlamentario advirtió, además, que el proyecto contemplaría mecanismos que limitarían la capacidad del Congreso para introducir modificaciones durante un largo periodo, lo que — según indicó — reduce el margen de acción legislativa.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Constitución, un proyecto rechazado en general no puede ser reingresado antes de un año. No obstante, el Presidente de la República puede solicitar que la iniciativa sea revisada por la otra cámara y, en caso de obtener un respaldo de dos tercios, volver a su origen para una nueva votación.

En medio de este escenario, el debate sigue abierto, evidenciando las tensiones políticas y técnicas que rodean la tramitación de una iniciativa clave para el país.